Una nueva controversia política sacude el panorama nacional tras la denuncia penal presentada por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle contra la exseñorita Antioquia, Laura Gallego Solís, y el también aspirante presidencial Santiago Botero Jaramillo.
Según el documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación el 28 de octubre de 2025, Quintero acusa a Gallego y Botero de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir, luego de la difusión de un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
#Polémica |🎬 “¿A quién le darían bala, a @petrogustavo o a @QuinteroCalle?”
Una frase, un video y una corona menos 👑
Así estalló la polémica con #DanielaGallego, ex señorita Antioquia.
¿Error o espejo del país que somos? 🇨🇴#DanielaGallego #SeñoritaAntioquia #Petro… pic.twitter.com/HFNPhLH7GK
— Nación Paisa (@NacionPaisa) October 29, 2025
En la grabación, Gallego aparece junto a Botero lanzando una frase que ha sido calificada como una incitación directa a la violencia política:
“En el desierto tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, pregunta la exreina.
Botero responde: “A Daniel Quintero… y un cachazo para Petro, al menos”.
El exmandatario calificó estas expresiones como una “clara incitación al uso de la violencia contra figuras políticas” y un acto que “normaliza la intolerancia y el odio como forma de confrontación ideológica”.
De acuerdo con el escrito de denuncia, Quintero adjuntó el video como material probatorio, solicitando a la Fiscalía investigar las responsabilidades penales de los involucrados. El documento fue radicado bajo el número 20256110230542 y firmado directamente por Quintero, quien interpuso la acción “en calidad de precandidato presidencial”.
La ex señorita Antioquia presentó su renuncia a la corona pocas horas después de la polémica, asegurando que “el sistema solo arrastra a las mujeres colombianas a limitarse a ser lindas y a callarse”. No obstante, sus declaraciones y el video han generado una ola de críticas por lo que diversos sectores han considerado un discurso peligroso en un país históricamente marcado por la violencia política.
La Fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, el caso ya ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de los discursos de odio en la política colombiana.
