La Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el «Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe», hecho en Buenos Aires el 13 de julio de 2019, así como la Ley 2363 de 2024 que lo aprueba en el país.

La decisión, contenida en la sentencia C-382/25 y adoptada de forma unánime por la Sala Plena, representa un paso fundamental para la integración educativa regional y abre la puerta para que los graduados colombianos puedan ejercer sus profesiones o continuar sus estudios en otros países firmantes con menos trabas burocráticas.

El convenio busca garantizar la igualdad de trato y la movilidad académica para los titulares de diplomas obtenidos en los países de la región.

Para llegar a su conclusión, el alto tribunal realizó un análisis en dos etapas. Primero, revisó el trámite que surtió el proyecto de ley en el Congreso de la República, donde verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Constitución. La Corte constató que se realizaron los cuatro debates reglamentarios con el quórum y las mayorías requeridas, se publicaron oportunamente tanto el proyecto como las ponencias para cada debate y se efectuaron los anuncios previos a cada discusión y votación.

Además, el proceso legislativo respetó los plazos establecidos entre las votaciones de comisiones y plenarias de ambas cámaras, no excedió las dos legislaturas y se adhirió a los principios de consecutividad e identidad flexible. La corporación judicial también confirmó que la representación del Estado colombiano en la suscripción del tratado fue la adecuada y determinó que, por la naturaleza del acuerdo, no se requería realizar un análisis de impacto fiscal ni el trámite de consulta previa con comunidades étnicas.

En la segunda etapa de su estudio, la Corte analizó el contenido material del convenio y su ley aprobatoria, y concluyó que ambos son compatibles con la Constitución Política de Colombia. El tribunal señaló que el instrumento de cooperación internacional está alineado con los fines del Estado de promover la prosperidad general y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De manera específica, la Corte explicó que el acuerdo fomenta la integración de Colombia con otras naciones, especialmente con las de América Latina y el Caribe, y desarrolla derechos como la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de escoger profesión y oficio, y la no discriminación.

Así mismo, se destacó que el convenio fue suscrito sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, respetando en todo momento la autonomía y la soberanía nacional. Una vez se perfeccione el vínculo internacional, las disposiciones del tratado serán de obligatorio cumplimiento para la República de Colombia.

¿QUÉ VIENE AHORA?

Con el aval de la Corte Constitucional, el siguiente paso corresponde al Gobierno Nacional, que deberá perfeccionar el vínculo internacional del convenio, es decir, ratificarlo formalmente en el escenario diplomático para que sus disposiciones entren en vigor para Colombia.

Una vez surtido este trámite, la responsabilidad recaerá sobre el Ministerio de Educación para reglamentar y poner en marcha los mecanismos prácticos. Esto implicará la creación de rutas claras y procedimientos ágiles para que estudiantes y profesionales colombianos puedan solicitar el reconocimiento de sus títulos en los demás países firmantes, y para que los ciudadanos de esas naciones puedan hacerlo en Colombia.

Se espera que en los próximos meses se definan los detalles operativos que permitirán a los ciudadanos beneficiarse directamente de esta decisión.

Foto y noticia: Colprensa