La organización solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía agilizar las investigaciones pendientes contra el exmandatario del Valle del Cauca y pidió al INPEC reforzar los controles durante el cumplimiento de su condena.

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que impulsen los procesos judiciales que aún permanecen abiertos contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, al considerar que la demora en las investigaciones podría derivar en escenarios de impunidad.

El pronunciamiento fue realizado por Pablo Bustos, presidente de la organización, quien señaló que, aunque recientemente fue ratificada una condena contra el exmandatario por hechos relacionados con corrupción en la contratación pública, todavía existen otros expedientes que continúan en trámite y que, según la veeduría, requieren mayor celeridad por parte de las autoridades.

La organización sostuvo que el avance oportuno de estas investigaciones es fundamental para evitar que algunos procesos puedan prescribir con el paso del tiempo.

Denuncias sobre una presunta influencia política

Durante el pronunciamiento, la Red de Veedurías también informó que ha recibido denuncias anónimas en las que se advierte sobre una presunta influencia política que el exgobernador continuaría ejerciendo pese a encontrarse privado de la libertad.

Según la organización, esas denuncias indican que Abadía Campo presuntamente mantendría injerencia en decisiones relacionadas con la política regional, organismos de control y algunos procesos administrativos en entidades públicas del Valle del Cauca.

No obstante, la Red de Veedurías aclaró que estas afirmaciones corresponden a información recibida por la organización y que deberán ser verificadas por las autoridades competentes dentro de las investigaciones que eventualmente se adelanten.

Señalamientos sobre EMCALI

Uno de los aspectos mencionados por la organización hace referencia a una presunta incidencia en decisiones relacionadas con Empresas Municipales de Cali (EMCALI).

De acuerdo con la veeduría, la supuesta red de influencia habría participado en la designación de personas en cargos considerados estratégicos dentro de la empresa, entre ellos el de Guadalupe Guerrero López como secretaria General y de Asuntos Legales.

Sin embargo, la organización no presentó pruebas públicas que respalden estos señalamientos y precisó que corresponde a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Llamado al INPEC

La Red de Veedurías también solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fortalecer los controles sobre el régimen de visitas y comunicaciones del exgobernador.

Según la organización, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar que, desde un centro de reclusión, puedan presentarse actuaciones que eventualmente interfieran en asuntos relacionados con la administración pública.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no se han pronunciado sobre las solicitudes formuladas por la Red de Veedurías.