Se cayó el intento de preacuerdo entre la Fiscalía y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo de Jesús López Martínez, en medio del proceso por el escándalo de corrupción en esa entidad.

El ente acusador decidió desistir de esa vía y avanzar con la radicación del escrito de acusación, lo que marca un giro en el proceso judicial.

En este nuevo escenario, el exfuncionario manifestó su intención de aceptar los cargos y acogerse a una sentencia anticipada, una decisión que podría tener efectos en su eventual colaboración con la justicia y en el desarrollo del caso.

López Martínez es investigado por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos relacionados con la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

De acuerdo con la Fiscalía, el exdirector habría incurrido en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, en medio de irregularidades en procesos contractuales que comprometieron recursos públicos.

Uno de los hechos clave está relacionado con la orden de proveeduría 192 de 2023, por un valor de 48.600 millones de pesos, en la que, según la investigación, se habría favorecido a un contratista específico. Por esta actuación, el exfuncionario habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos, mientras que terceros se habrían apropiado de más de 13.000 millones.

También es señalado por su presunta intervención en la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, para la adquisición de 40 carrotanques por más de 29.000 millones de pesos. En este caso, la Fiscalía indica que se habría presentado una apropiación de recursos cercana a los 11.114 millones.

Los contratos investigados estaban dirigidos a atender el suministro de agua potable en comunidades indígenas, en medio de la crisis humanitaria que enfrenta esa región del país.

El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los principales escándalos de presunta corrupción recientes, con implicaciones políticas debido a su impacto en la gestión del Gobierno nacional.