Pese a los múltiples intentos de los concejales fajardistas y uribistas de negar la existencia del conocido ‘Pacto de Chuscalito’, que pretendía influir en la elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín, este jueves se habría conocido la verdad por parte de los mismos protagonistas.

El concejal Daniel Duque señaló bajo juramento que tal acuerdo, el mismo que generó polémica no solo a nivel local sino nacional sí existió, pero finalmente sus mismas inconsistencias no lo dejaron prosperar.

Durante la audiencia pública de impugnación de decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), acerca de la suspensión de tres concejales por parte de su partido, el Centro Democrático, se conocieron detalles acerca de este suceso.

Luego de no apoyar lo que habrían acordado tras bambalinas los concejales como Daniel Duque, Daniel Carvalho, Luis Bernardo Vélez, Sebastián López y Simón Molina, los involucrados expusieron los detalles del pacto que reveló el pacto bajo la mesa del uribismo y el fajardismo.

Simón Molina.

Según se supo, en el encuentro contó con la participación del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, de forma remota.

‘El Pacto de Chuscalito’, revelado por medios de comunicación y ciudadanos, fue un acuerdo al que intentaron llegar algunos miembros del Centro Democrático y concejales fajardistas para imponer miembros del mismo partido en la cúpula decisoria del Concejo Municipal.

Allí, según se ha conocido por los mismos miembros del pacto, acordaron por una supuesta votación que el concejal Simón Molina sería el próximo presidente de la corporación en 2022.

Y luego sería sustituido por Daniel Duque en 2023, aún cuando otros miembros del mismo partido uribista no estaban en el sitio y no hubo mayorías. Lo cual finalmente fue desempatado por personas que no hacen parte de ese colectivo.

A la audiencia del CNE ambién fueron citados el concejal Luis Bernardo Vélez, quien también admitió la conformación de una coalición fajardo-uribista para tal fin.

Luis Bernardo Vélez.

Vélez tuvo que afrontar las preguntas de las autoridades acerca de lo que se fraguó en el pacto y los efectos que posteriormente tuvo en la suspensión de los concejales Albert Corredor, Nataly Vélez y Paulina Aguinaga, que actualmente reclaman la protección de sus derechos.