La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este viernes la recuperación de nuevas estructuras óseas que corresponderían a una séptima víctima de desaparición forzada en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, un hallazgo que se produjo en la tarde del 25 de septiembre en el marco de la búsqueda judicial que se adelanta en uno de los escenarios forenses más complejos del país.

El cuerpo fue localizado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en la zona que fue incluida en la ampliación de la medida cautelar ordenada por la magistratura en abril de este año. Dicha área se encuentra a pocos metros del lugar donde fueron encontradas las primeras seis víctimas entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

La exhumación se realizó con el acompañamiento de las familias buscadoras y de representantes de las organizaciones peticionarias, como Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

Con este descubrimiento, la JEP señaló que se confirma la condición de La Escombrera como una fosa común, tal como lo denunciaron las víctimas y sus familiares durante más de dos décadas. Este resultado no solo valida sus reclamos históricos, sino que también aporta evidencia clave para la investigación judicial y constituye un paso esencial en el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido en la Comuna 13.

Del total de siete cuerpos recuperados hasta la fecha, cuatro de ellos ya fueron plenamente identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y entregados dignamente a sus familias. Entre ellos se encontraban una líder juvenil de 20 años, desaparecida en julio de 2002, y un vendedor ambulante de 28 años en condición de discapacidad, desaparecido en octubre del mismo año.

La investigación judicial determinó que ambos fueron asesinados en el mismo lugar con signos de violencia y tiros de gracia. Otros dos cuerpos se encuentran actualmente en proceso de análisis de laboratorio para su identificación genética. El pasado 6 de abril se realizó una ceremonia de entrega digna a una de las familias.

El trabajo forense avanza en un nivel de suelo que corresponde al año 2002, periodo considerado de alta relevancia para la investigación. Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, los equipos técnicos han removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra en La Escombrera.

Estas labores se vieron reforzadas tras un acuerdo en mayo de 2025 entre la JEP y la Alcaldía de Medellín para acelerar la intervención. En dicho pacto, la JEP se comprometió a destinar 10 expertos forenses y 20 operarios de apoyo, con la asesoría de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), mientras que la administración municipal aportó maquinaria pesada para las excavaciones.

El pasado 8 de mayo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP amplió el área protegida en 3.772 metros cuadrados adicionales, que se suman a los 6.800 ya intervenidos.

Además del respaldo local, que incluye una asignación de $2.000 millones por parte de la Alcaldía, la búsqueda ha recibido el apoyo del gobierno de Noruega, cuyo viceministro visitó la zona en abril de 2025 para reiterar el compromiso de su país con la justicia transicional en Colombia.

La Escombrera está ubicada en la Comuna 13 de Medellín, un territorio que fue escenario de una intensa disputa por el control territorial entre guerrillas y grupos paramilitares. La JEP estableció que, en medio de esa confrontación, entre los años 2001 y 2004 se llevaron a cabo al menos 34 operaciones militares en este sector de la ciudad.

La verdad judicial indica que La Escombrera no solo fue un lugar de inhumación clandestina, sino también de ejecución y que las víctimas eran en su mayoría jóvenes sin vínculos con los actores armados.

Estos crímenes se investigan en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 08 de la JEP, que aborda los delitos de desaparición forzada cometidos en una presunta colaboración entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares.

Como parte de las medidas de reparación, la JEP también ordenó al Ministerio de las Culturas, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia iniciar el diseño de un proyecto para la memorialización de La Escombrera como un lugar de memoria, en articulación con las organizaciones de víctimas.

Foto y nota: Colprensa