Días después de que siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc fueran sentenciados de manera restaurativa por la política de secuestro, ya se realizó la primera reunión entre un grupo de víctimas y los sancionados. El propósito fue empezar a definir los proyectos restaurativos en los que deberán trabajar como parte de la sentencia.
El encuentro se realizó este viernes con la presencia de la Fundación Revipaz, creada en 2022 por iniciativa de un sector de víctimas de secuestro y conformada conjuntamente con comparecientes del último Secretariado de las Farc.
Como parte del diálogo y los acuerdos alcanzados, en la próxima sesión Revipaz presentará la lista de los primeros proyectos restaurativos y un cronograma de ejecución, que será revisado por la Sección de Reconocimiento de Verdad para determinar cómo lo cumplirán los sancionados. Este paso no solo permitirá definir las entidades del Estado responsables y garantizar el apoyo necesario para su implementación, sino que también marcará el inicio de acciones concretas en los territorios más afectados.
La jornada permitió dar a conocer las actividades adelantadas por Revipaz, así como los objetivos y proyectos concertados de manera conjunta entre víctimas y comparecientes del Caso 01. Entre los asistentes estuvieron los comparecientes Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto con las víctimas Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz, entre otros. Las iniciativas incluirán proyectos de memoria histórica, actividades comunitarias, restauración ambiental y acciones de reparación que contribuyan a la reconciliación.
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En días pasados, los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc fueron condenados a ocho años de trabajos y obras con contenido reparador, por la política de secuestros que dejó al menos 21.396 víctimas en todo el país.
Los condenados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Esta es la primera vez que rinden cuentas ante la justicia por estos crímenes, cuya impunidad en la justicia ordinaria alcanzaba el 92%.
La JEP explicó que, al haber aportado a la verdad y reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, los ex comandantes recibieron sanciones propias, como lo establece el Acuerdo Final de Paz. Estas sanciones implican restricciones efectivas a sus derechos y libertades, como la movilidad y la residencia. Los sancionados deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados y estarán bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico.
Durante los ocho años de la sanción, los comparecientes participarán en varios proyectos enfocados en la reparación de las víctimas. Entre ellos se encuentran:
Búsqueda de personas desaparecidas: Deberán elaborar un balance de información, realizar reuniones y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El primer proyecto priorizado será la búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca.
Acción Integral contra Minas Antipersonal: Trabajarán en la recolección y sistematización de información sobre zonas de riesgo por minas antipersonal, artefactos que instalaron para ejercer control territorial.
Recuperación del medio ambiente: Deberán participar en la preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas para reparar el daño causado a los territorios por el conflicto.
Memoria y reparación simbólica: Realizarán acciones como la transcripción de testimonios, la construcción de artefactos de memoria y la organización de eventos de petición de perdón a las víctimas. Se priorizó un proyecto de memoria con relatos dignificantes que iniciará en Cali y Neiva.
Nota y foto: Colprensa
