El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, inició este lunes su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en esa entidad y que involucra a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.

La diligencia, que se desarrolla de manera presencial en el Palacio de Justicia de Bogotá, fue ordenada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castelanos, según informó el alto tribunal a través de un oficio con fecha del 21 de agosto de 2025. Pinilla, considerado una pieza clave en el entramado, llegó a la sede judicial para rendir su testimonio.

La declaración de Sneyder Pinilla ante la Corte Suprema se considera fundamental para esclarecer los alcances del esquema de corrupción en la UNGRD. El exfuncionario ya fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión, pena que cumple actualmente en una guarnición militar.

Según los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación, Pinilla autorizó pagos por más de $16.000 millones en la compra de 40 carrotanques con sobrecostos que superaban el 54 % de su valor real. Además, certificó la entrega a satisfacción de los vehículos, aunque estos no fueron utilizados para el fin previsto.

Por estos hechos, Pinilla recibió una sanción de 20 años para ejercer cargos públicos, mientras que el exdirector de la entidad, Olmedo López, también fue destituido e inhabilitado por 18 años. Ambos aceptaron cargos en la investigación penal y sus testimonios han sido claves para vincular a otros funcionarios y congresistas.

LA «ORGANIZACIÓN CRIMINAL» Y OTROS PROCESOS

La Fiscalía General de la Nación sostiene que en la UNGRD se conformó una “organización criminal” que aprovechó emergencias nacionales para direccionar contratos a cambio de coimas. Entre los contratistas señalados figura Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien lidera una red de empresas presuntamente involucradas en los hechos.

A mediados de julio, la Fiscalía imputó nuevos cargos a Pinilla por direccionar contratos en Córdoba entre agosto y diciembre de 2023. Los convenios, por más de $8.671 millones, no llegaron a desembolsarse.

Adicionalmente, el abogado de Pinilla, Gustavo Moreno, solicitó medidas de protección para su defendido luego de que se conociera un video en el que el exsubdirector Gustavo Barreto y el abogado Édgar Riveros intentan sobornar a Pinilla con $13.000 millones para que se retractara de sus declaraciones. La grabación, divulgada por Noticias Caracol, fue presentada como parte de una operación coordinada con la Fiscalía.

LOS NEXOS CON EL CONGRESO

Las declaraciones de Pinilla y López han sido fundamentales para el avance de las investigaciones contra varios legisladores. El exrepresentante liberal Andrés Calle y el expresidente del Senado, Iván Name, ya enfrentan medida de aseguramiento por su presunta participación en el mismo caso. Según la Corte Suprema, ambos habrían recibido millonarias sumas de dinero a cambio de apoyar reformas del Gobierno en el Congreso.

La investigación actual se centra en seis congresistas que son miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). La Sala de Instrucción busca esclarecer si los parlamentarios Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz utilizaron sus posiciones para obtener ventajas indebidas.

Existen indicios de que los congresistas habrían aprobado conceptos de crédito público para el Ministerio de Hacienda con el compromiso de que proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) se beneficiarían con la asignación de recursos de la UNGRD. El proceso judicial se basa en un cuerpo de evidencias que incluye documentos y testimonios que sugieren un patrón de votaciones a favor de las solicitudes del Gobierno.

COLPRENSA