La decisión protege los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y revela una problemática que trasciende a nivel nacional: la declaratoria de reservas ambientales sin participación efectiva, lo cual genera riesgos para la tenencia de la tierra, las economías campesinas y el desarrollo rural.

En el caso de Mocoa, la resolución pretendía declarar como reserva ambiental más del 70 % del territorio, con efectos directos sobre predios campesinos, el uso del suelo y actividades productivas.

Alertas de organizaciones sociales

La Red de Veedurías de Colombia advirtió que Corpoamazonia está modificando instrumentos de ordenamiento ambiental bajo el argumento de una “compilación y actualización”, pero sin consulta previa ni participación ciudadana. Según la organización, estas actuaciones vulneran la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el principio de buena fe. Por ello, solicitó a la Procuraduría General de la Nación activar mecanismos de control y seguimiento.

Casos similares en el país

El fallo de Mocoa se suma a otros conflictos recientes relacionados con declaratorias ambientales:

• Suroeste antioqueño (2025): más de 37.000 hectáreas fueron declaradas reserva temporal sin consulta efectiva, afectando actividades agrícolas, mineras y turísticas.

• Santurbán (2025): comunidades cuestionaron la propuesta de reserva ambiental por falta de claridad y ausencia de diálogo.

• Catatumbo (2025): campesinos asentados en reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959 no han podido formalizar sus predios.

• Decreto 044 (2024): reguló reservas naturales temporales, pero fue rechazado por organizaciones campesinas al imponer restricciones sin concertación.

• Proyectos de Ley 096 y 338 (2023–2024): buscaban regular la adjudicación de tierras en reservas, pero fueron criticados por establecer condiciones que podrían excluir a comunidades históricas.

Debate nacional sobre legitimidad ambiental

Estos casos reflejan un patrón: decisiones ambientales tomadas sin el diálogo social que exige el Acuerdo de Escazú. La consecuencia, según líderes indígenas y campesinos, es que se afecta precisamente a quienes habitan y protegen los territorios.

El fallo judicial en Putumayo pone en el centro del debate la legitimidad de las actuaciones de Corpoamazonia y advierte sobre el riesgo de un nuevo foco de conflictividad social si no se garantiza participación real en las decisiones.

La justicia ya envió un mensaje claro: cualquier decisión sobre la Amazonía debe construirse con la gente, no a espaldas de ella.

Foto: Colprensa

La entrada Justicia ordena suspender resolución de Corpoamazonia en Mocoa por falta de consulta previa al Pueblo Inga se publicó primero en Nación Paisa.

«Para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente, garantizar sus derechos y contar con medidas de respuesta (…) Este es, sin dudas, el principal hito de esta COP”, dijo el subsecretario chileno de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

El acuerdo permite ampliar y materializar las medidas contempladas en el Artículo N°9 del Acuerdo de Escazú, que trata específicamente de la protección de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en la región más mortífera para este tipo de activismo.

Plazo de seis meses

Según explicaron expertos y participantes de la COP3 a EFE, tras el encuentro que tuvo lugar en la sede en Santiago de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se solicitó a la dirección del espacio un plazo de seis meses para elaborar un plan de implementación, estableciendo responsables e instando a cada estado a generar las bajadas del Acuerdo a su realidad territorial específica.

«Este es un paso importante (…) en Argentina existen lamentablemente muchos conflictos ambientales que tienen que ver generalmente con el extractivismo, que sucede tanto con los combustibles fósiles en nuestra Patagonia como con todo lo que tiene que ver los minerales críticos para la transición, el litio, el borato», detalló el abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y docente de la Universidad de Buenos Aires, Cristian Fernández.

Comentó que además se avanza con proyectos de manera sistemática, sin analizar impactos acumulativos y sin convocar a las comunidades a brindar su opinión, por lo que entienden que el Artículo 9 es fundamental que se implemente en estos territorios y la aprobación del Plan de Acción les da un paraguas para ello.

Aspectos aún pendientes

Pese a que las cuentas son en general positivas, quedan aspectos pendientes, como el acceso a la información que para la integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y representante awajún, Elaine Sabían Shawit, es aún un obstáculo en Perú, donde el tratado no ha sido ratificado.

«No es posible seguir contando cuántos muertos, sino implementar el Acuerdo, cómo los pueblos indígenas nos protegemos en nuestro territorio, porque el papel aguanta todo, a nosotros nos asesinan con bala. Pedimos a todos los países que han ratificado también implementar, proteger a los defensores territoriales», acusó.

Reconocido a nivel global como un tratado pionero que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.

Pese a que Latinoamérica contribuye solo con un 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.

Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad. 2020 fue el año más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas. EFE

Esta información sobre temas forestales y uso del suelo cuenta con el apoyo en parte de Climate and Land Use Alliance. EFE mantiene completa independencia editorial y es el único responsable del contenido.

Foto Cortesía: Personas de distintas nacionalidades participan de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, este miércoles en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

La entrada COP3 del Acuerdo de Escazú aprueba en Chile un plan para proteger a defensores ambientales se publicó primero en Nación Paisa.