Durante una rueda de prensa, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo presentó un análisis sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado gira a las EPS por cada usuario para cubrir su atención.

Según el funcionario, en los últimos cuatro años la UPC ha crecido cerca de $21 billones en términos reales, mientras que el presupuesto del sector salud aumentó alrededor de $25 billones, con incrementos por encima de la inflación, especialmente en el régimen subsidiado.

“El problema no es la falta de recursos, sino cómo se están utilizando”, afirmó.

Cuestionamientos al manejo de recursos

El ministro también señaló que parte de la crisis del sistema está relacionada con decisiones adoptadas en años anteriores y cuestionó el uso de los recursos por parte de algunas EPS.

Entre los hallazgos expuestos, mencionó la existencia de registros de facturación de servicios a personas fallecidas. “Se detectaron 308 mil registros de este tipo”, indicó, al advertir sobre fallas en la calidad de la información utilizada en el sistema.

Asimismo, citó datos de la Contraloría General de la República que evidencian diferencias entre los giros realizados por la ADRES y los montos reportados en estados financieros.

De acuerdo con esas cifras, en 2024 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud giró $87,89 billones, mientras que en reportes financieros se registraron cerca de $85,18 billones, lo que representa una diferencia de aproximadamente $2,7 billones.

El ministro también advirtió sobre el uso de recursos en gastos que no corresponderían a la atención en salud, como combustible o actividades recreativas.

Cambios en el sistema de información

Frente a este panorama, el Gobierno anunció ajustes en los sistemas de control y reporte de información, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los recursos.

El nuevo modelo integrará herramientas como la facturación electrónica, los registros individuales de prestación de servicios (RIPS) y cruces de información con la DIAN, mediante el Código Único de Facturación Electrónica (CUFE).

Según el Ministerio, este esquema permitirá pasar de un modelo basado en autorreporte a uno con validación cruzada, lo que busca reducir inconsistencias y mejorar el control sobre los recursos del sistema.

Finalmente, el jefe de la cartera insistió en la necesidad de garantizar mayor transparencia en el manejo de la información y de los recursos públicos destinados a la salud.

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Además, ha emitido 111 imputaciones fiscales por $498.539 millones y ha proferido 41 fallos ejecutorios por $542.995 millones.

El organismo de control indicó que ha identificado múltiples irregularidades en el manejo de los recursos públicos de salud, a través de auditorías, actuaciones especiales y seguimientos permanentes.

En total, se han consolidado 871 hallazgos administrativos en 2024, de los cuales 182 tendrían incidencia fiscal por $181.049 millones.

Entre los principales problemas detectados están:

• El incumplimiento de indicadores financieros por parte de las EPS.
• El uso indebido de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
• El rastreo de deudas entre distintos actores del sistema de salud.

La Contraloría también lanzó 14 alertas sobre la construcción de instituciones hospitalarias financiadas por el Ministerio de Salud, señalando fallas en la planeación y ejecución de estos proyectos en distintas regiones del país.

Uno de los informes del ente de control determinó que más de 14 EPS no cumplían los requisitos financieros exigidos por ley, incluyendo la constitución de reservas técnicas y niveles adecuados de liquidez.

Adicionalmente, una Actuación Especial de Fiscalización a las EPS reveló que estas entidades utilizaron más de $6 billones de la UPC para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años de antigüedad, en lugar de destinarlos a la prestación del servicio de salud.

El informe también halló pagos por $5 billones de pesos de las EPS a IPS sin facturas ni soportes, lo que llevó a la apertura de indagaciones preliminares para esclarecer el destino de estos recursos.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría implementó un sistema de rastreo para seguir el movimiento de los pagos dentro del sistema de salud, desde la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta las EPS, IPS y prestadores de servicios.

Según la Contraloría, este sistema busca verificar si los recursos se están utilizando correctamente y evitar desvíos en la cadena de pagos.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha sostenido reuniones con actores del sector salud para presentar estos hallazgos y enfatizar que las actuaciones del organismo son de carácter técnico y no responden a valoraciones subjetivas.

Foto y noticia: Colprensa

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Sobre las tres de la tarde, se logró la aprobación de la totalidad del articulado, el cual se destrabó desde el miércoles, cuando el Gobierno envió mensaje de urgencia y de insistencia para que ese día se votaran 24 artículos, entre ellos los referentes al funcionamiento de la Adres, uno de los asuntos clave en la discusión por el multimillonario presupuesto que manejará.

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien fue blanco de críticas por parte de la oposición, al considerar que no dio garantías en la discusión, sostuvo que de los 62 artículos, 11 se aprobaron tal como estaban en la ponencia y 51 tuvieron modificaciones, incorporadas por cambios presentados no solo por partidos cercanos al Gobierno, sino también por la oposición.

Uno de los temas que más discusión generó este miércoles fue la eliminación del artículo 42, que planteaba un concurso de méritos para ocupar la gerencia de los hospitales públicos. Una de las voces que más cuestionó esta decisión fue la representante Marta Alfonso, reconocida petrista.

Por su parte, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, afirmó que, “a pesar de las jugaditas de la oposición, como cambios en el orden del día, aplazamientos y la presentación de impedimentos que retrasaron el debate, hemos aprobado la reforma a la salud”. La bancada del partido de Gobierno incluso comenzó a celebrar la aprobación en segundo debate antes de terminar la discusión de los artículos nuevos.

Quien se unió a la celebración del petrismo por la aprobación de la reforma fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien posó junto a varios congresistas que exhibieron un aviso con el mensaje: “Sí a una salud sin barreras”.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó como muy positiva la aprobación de todo el articulado y destacó que la discusión permitió un análisis profundo del proyecto. Uno de los temas más debatidos fue la concesión de facultades especiales al presidente de la República por seis meses, con el fin de definir, entre otras cosas, una escala salarial para el personal de salud de las entidades públicas.

Ahora, el proyecto pasará al Senado en dos semanas, es decir, a finales de marzo. Allí deberá ser discutido primero en la Comisión VII, donde el mismo proyecto se hundió hace un año. Si en esta oportunidad logra ser aprobado, deberá pasar a debate en la plenaria del Senado, donde, por ahora, no tendría los votos suficientes para avanzar.

Foto y noticia: Colprensa

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Bogotá D.C., Colombia. Viernes 13 de septiembre de 2024 – @NacionPaisa – Con el propósito de salvaguardar y proteger los recursos de la salud en Colombia, la ADRES adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70 mil millones de pesos.

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Las EPS vinculadas a esta actuación de fiscalización fueron las siguientes:

1. Aliansalud E.P.S
2. Alianza Medellín Antioquia EPS SAS Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S
5. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira Dusakawi EPSI
6. Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
7. Emssanar Sociedad por Acciones Simplificadas Emssanar SAS
8. Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de Salud Mutual SER EPS
9. Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S Capital Salud EPS S SAS.
10. Capresoca E.P.S
11. Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS S. A.
12. Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS – Ecoopsos EPS SAS
13. Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS S Convida
14. Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS – EPS FAMISANAR SAS
15. Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
16. Entidad Promotora de Salud PIJAOS SALUD EPSI
17. Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS EPS SANITAS SAS
18. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S. A. SOS EPS
19. EPS Suramericana S. A. EPS SURA
20. Fundación Salud MIA EPS
21. Nueva Empresa Promotora de Salud S. A. – Nueva EPS S. A.
22. Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23. Salud Total
24. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

La CGR identificó hallazgos fiscales por $6 billones en 24 #EPS, por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5.3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en indagación preliminar.

Lea el comunicado: https://t.co/zTMJxbLLB4#ControlALaSalud pic.twitter.com/gC5sNkG6zo

— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 5, 2024

La Contraloría aclaró en su comunicado que, para evaluar la gestión fiscal, se utilizó información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las EPS y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021.

“Lo que permitió analizar el uso y destino de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación –UPC– y Presupuestos Máximos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social –ADRES– en la vigencia 2020 y analizó el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, gastos administrativos, costo de la prestación, utilidades y variaciones patrimoniales”, destacó.

Los procedimientos técnicos de control aplicados por la CGR arrojaron que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC, por $5.4 billones de pesos, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.

De igual forma la EPS S.O.S. habría pagado con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86 mil millones de pesos, del período comprendido entre las vigencias 2003 a 2015; cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.

No obstante, encontraron que la NUEVA EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a las vigencias 2008 a 2015, por valor de $62 mil millones de pesos; al igual que CONVIDA EPS que pagó la suma de $4 mil millones de pesos, en este mismo lapso. Por otra parte, la EPS ECOOPSOS pagó la suma de $1.621 millones, de vigencias anteriores.

También advirtió que hay dineros que no tienen evidencia de su uso. Por ejemplo, en el 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones de pesos, por concepto de Presupuestos Máximos, con lo que se financia enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud, como es el caso de Capital Salud con excedentes que ascienden a $18 mil millones de pesos y Convida con $7 mil millones de pesos.

En total, la Contraloría encontró 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones de pesos, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal; 37 hallazgos con presunta incidencia penal, 37 con presunta incidencia disciplinaria. 24 hallazgos para la apertura de Indagaciones Preliminares, por cuantía de $5.3 billones de pesos, 37 hallazgos con Otras Incidencias para traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación, y demás autoridades competentes a que haya lugar.

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Aumento sostenido en el reconocimiento de recursos

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La ADRES destinó $3,78 billones al régimen contributivo y $3,35 billones al régimen subsidiado. Este financiamiento es esencial para el mantenimiento de los servicios de salud y tecnologías médicas disponibles para los afiliados.

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De los fondos asignados al régimen contributivo, $3,60 billones se utilizaron directamente en servicios de salud, mientras que $136.258 millones se destinaron para cubrir incapacidades por enfermedad general y $45.706 millones para promover la salud y prevenir enfermedades.

Apoyo directo a las IPS y ​​proveedores

Además de los pagos a las EPS, la ADRES ha hecho giros directos significativos a las IPS y otros proveedores. En el régimen contributivo, se transfirieron $250.763 millones a 993 IPS y proveedores de salud en nombre de EPS reconocidas, como Famisanar y Sanitas.

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En el régimen subsidiado, $1,60 billones fueron entregados directamente a 2.748 IPS y proveedores, facilitando un acceso más ágil y directo a los recursos necesarios para la atención de salud.

Compromiso con las famili​​​as

Por otra parte, ADRES ordenó $110.559 millones para cubrir 16.278 licencias de maternidad y 7.689 de paternidad. Asimismo, se han gestionado recursos para cumplir 591 fallos de tutela, garantizando así los derechos de los ciudadanos a recibir una atención de salud oportuna y adecuada.

Crecimiento en la inve​rsión de salud

En comparación con febrero de 2023, la ADRES incrementó su giro a los regímenes contributivo y subsidiado en 13 % y 14,48 % respectivamente, reflejando un aumento sustancial en el compromiso del Gobierno del Cambio para mejorar la salud de los colombianos.

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El monto de este giro se enmarca en la Resolución 2364 de 2023 del 29 de diciembre de 2023, el cual fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación – UPC para financiar los servicios y tecnologías de salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad en Salud para la vigencia 2024.

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció el valor anual de la UPC que financiará los servicios y tecnologías de salud y determinó el incremento del 12,01% que entró en vigencia este enero de 2024.

Según informó la ADRES, del valor girado a las EPS, $3,39 billones corresponden al régimen contributivo, $3,31 billones al régimen subsidiado y $91.345 millones por licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela.

El valor girado aumentó 12,97 % para el régimen contributivo, 14,96 % para el régimen subsidiado y 27,55 % para las licencias de maternidad y paternidad con respecto a enero del 2023, indicó la ADRES.

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«Esto significa un incremento de 820 mil millones de pesos si lo comparamos con enero del 2023. De esta forma, la ADRES cumple con su misión institucional de garantizar el flujo de los recursos al sistema de salud para que las EPS aseguren la prestación del servicio de todas las personas en el territorio nacional», aseguró César Jiménez Valencia, director de Liquidaciones y Garantías de ADRES.

Para la ADRES esto significa que el Gobierno está aportando más recursos a las EPS este año para que estas aseguren la prestación del servicio de salud a las personas.

Este aumento significa que las EPS del régimen contributivo pasan de recibir $1.289.246 por cada afiliado a recibir $1.444.086 y las EPS del régimen subsidiado pasan de recibir $1.121.396 a $1.256.076 pesos.

La Unidad de pago por Capitaciónn-UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud-POS, en los regímenes contributivo y subsidiado.

El Ministerio de Salud y Protección Social por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (9,73%), un 3,02% adicional al incremento base de la UPC de 6,71%.

Para asegurar el acceso de la población a los servicios, ADRES actualizó el Plan de Beneficios en Salud, con inclusiones de tecnologías que representan un 2,28%.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social fijó el incremento de la UPC en 12,01% con base en el aumento del IPC proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de (9,73) y el valor de las inclusiones (2,28).

Para la consulta de los monto​s y beneficiarios de todos los giros que realiza la entidad, correspondientes a los recursos para garantizar la prestación de servicios de salud de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se puede consultar en la sección Lupa al Giro de la página web www.adres.gov.co

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Es por eso que ante una audiencia de un alrededor de más dos mil personas reunidas en el auditorio Luis A. Calvo, de la Universidad Industrial de Santander, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, añadió que se ha ido constituyendo en los últimos treinta años un mecanismo para apoderarse de los recursos públicos de la salud que “han sido manejados de manera privada”.

Por otro lado, durante el evento, al que también se presenció fue a la Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, quien indicó que “a partir del momento en que el fondo ADRES gira los dineros a las EPS se pierde el control de esos recursos, y viene una maraña hecha de telarañas donde habrá una cantidad de contratos entre una suma de actores en el que la vigilancia hecha por la Superintendencia de Salud es a través del auto-reporte de quienes manejan billones de pesos.

Mientras esto sucede, lo único que se hay podido concretar es el vaivén que tiene el sistema de salud en el país, donde ha sido un sin numero de rechazos que lo único que se ha podido concretar es la asistencia sin respuesta ante el congreso.

Asimismo, concentraron esos servicios solo en las grandes ciudades; abandonaron a la mayoría de nuestro pueblo”, aseguró. La cumbre del oriente, en la que también estuvo Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud de Santander, espacio que aprovecho la ministra Corcho para que precisara el alcance que tiene el proyecto de ley: “es un acto de justicia social para redistribuir esos recursos -precisó-, para que lleguen a las zonas campesinas y rurales, a los barrios populares de Bucaramanga, de Medellín, de Bogotá, porque no es cierto que el sistema funciona perfectamente en las grandes ciudades” y que el problema es solo en el campo.

Mientras tanto, se dice que “El año pasado más de 450 mil personas suplicaron por su vida con quejas y tutelas que interpusieron en las grandes ciudades, pero en el campo la gente muere en el silencio porque no tiene cómo hacer valer el derecho a un servicio digno de salud, y a veces solo cuenta con el apoyo de los médicos ancestrales, resignada a la suerte de un Estado que los abandonó.

Esto sin duda logra en marcar, que, para el gobierno colombiano, la salud es lo menos importante, y para la muestra el botón tan grande de peticiones y quejas que hay por partes de los usuarios que exigen una salud digna y de respeto para con ellos.

Eso no puede seguir pasando en Colombia”, detalló Corcho a los asistentes. Al concluir el encuentro, la senadora Gloria Flores invitó al país y a todos los santandereanos a unirse en torno a un gran respaldo por las mujeres, por los pobres, por los médicos “que han dado su vida por la salud de los colombianos” y que “se trasnochan todos los días para atender a personas en discapacidad, a madres gestantes, a sus familiares”.

Finalmente, lo único que se espera con todo esto, es que o la salud siga igual o que en realidad mejore, para que pueda mejorar para cada uno de los usuarios.

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Ayer, durante un foro académico organizado por la Universidad Nacional, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, destacó que la Reforma, que se encuentra hoy en trámite en el Congreso, “tiene que ver con un derecho fundamental, con el bien superior de la vida de los ciudadanos colombianos”, y con la manera en que el Estado lo garantiza y hace realidad, puesto que “el sistema de salud se volvió un instrumento de la inequidad” y esto debe resolverse.

No obstante, destacó que existe en Colombia un ambiente enrarecido para este debate público, pues muchos asuntos pueden ser confusos para la ciudadanía y por esto es necesario que se hable de la Reforma de manera integral, sin desinformaciones, basándose en la situación real del sistema de salud y en lo que hay que mejorar para cumplirles a los colombianos y colombianas. La ministra destacó que los colombianos “pagamos a las EPS, anualmente, por administrar el sistema, 6,6 billones de pesos” y que “este es un sistema que pone mucha plata en recursos públicos, con muy malos resultados en salud pública”. Según la funcionaria, es necesario mejorar un sistema que “se especializó en el cuidado de la enfermedad, no en la prevención, pero aún allí tiene problemas y barreras de acceso ampliamente reconocidas” que derivan en que los dineros no se aprovechen de forma eficiente y, además, que los pacientes sean atendidos de manera tardía cuando, en muchos casos, ya no queda nada qué hacer y los tratamientos son más costosos. 

Enseguida, la jefa de la cartera añadió que “el año pasado hubo más de un millón de reclamos a la Superintendencia de Salud por inatención y que, entre estos, había 350.000 colombianos suplicaban por su vida”. Por cifras como la que se menciona, la ministra lideró la presentación de una reforma que ofreciera soluciones claras a los problemas del modelo de atención y aseguramiento reorganizando la manera en que se emplea el dinero que ya se tiene: “Hay una Colombia que no está en el siglo XXI y este sistema tenía los recursos suficientes para que esto no pasara”, indicó Carolina Corcho. 

Por otra parte, los dineros representan más de un 6% del PIB de Colombia, el seguimiento a los dineros Respecto a la discusión sobre la transparencia en el manejo de los recursos, la titular de salud desmintió que fueran a pasar a manos de alcaldes y gobernadores o de la clase política regional, y recordó que durante tres décadas de administración de los mismos por particulares no han sido pocas las ocasiones en que el actual sistema permitió que los dineros de la salud terminaran en manos criminales. A su vez, lamentó que hoy no existan mecanismos de fiscalización para que la ciudadanía controle lo que pasa con esos presupuestos que pertenecen a la salud. 

Por último, Corcho aseguró que “estamos proponiendo corregir un diseño institucional proclive a la corrupción” y reemplazarlo por un sistema de administración pública de los recursos concentrado en la ADRES. Dijo que este fondo debe pagar directamente a hospitales y clínicas, y tener un claro sistema de pesos y contrapesos en la toma de decisiones para evitar abusos: “Estamos proponiendo la transparencia y no la corrupción”, añadió. Durante su intervención, Corcho Mejía aclaró también las razones del Gobierno para presentar el proyecto ante el Legislativo para su trámite como ley ordinaria. Teniendo en cuenta lo anterior, aseguró que esta propuesta no busca cambiar la Constitución sino que, “en sentido estricto, es una reforma a la Ley 100, a la 1122, a la 1438, que son leyes ordinarias, con la cual se desarrolla los contenidos de la ley estatutaria [1751 de 2015]”, que consagra el derecho a la salud como un derecho fundamental.

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