El intercambio comenzó tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra los concejales Andrés “Gury” Rodríguez (Medellín) y Andrés Escobar (Cali), ambos del Centro Democrático, por sus declaraciones en contra de la movilización social convocada para los días 28 y 29 de mayo. La senadora Zuleta publicó el anuncio en sus redes, destacando que “la protesta no se criminaliza, la protesta se respeta”.

A ese mensaje respondió Juan José Lafaurie con suspicacia:

“Qué raro que los concejales no hayan sido notificados y usted tenga esos documentos”.

Zuleta, en tono crítico, replicó:

“No sabía, señor Lafaurie, que era tan amigo de los concejales que amenazan la protesta social. ¿Qué opina usted de ese comportamiento?”

La respuesta de Lafaurie desató la indignación:

“Doctora Brócoli, me enorgullece ser amigo del valiente Andrés Escobar y del patriota Andrés Gury Rodríguez, hombres que luchan por Colombia. ¡Qué vergüenza que usted se rodee de criminales despreciables, de esos que han manchado nuestra tierra con la sangre de inocentes y han destrozado infancias reclutando niños para sus atrocidades! ¿Ese es su legado? ¡Repugnante!”

Doctora Brócoli, me enorgullece ser amigo del valiente @escobarandres90 y del patriota @AndresGuryRod, hombres que luchan por Colombia. ¡Qué vergüenza que usted se rodee de criminales despreciables, de esos que han manchado nuestra tierra con la sangre de inocentes y han… https://t.co/t55zcXVPGO

— Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) May 27, 2025

El término “Doctora Brócoli”, usado para ridiculizar a la senadora por su imagen o su discurso, fue duramente criticado por colectivos feministas, usuarios de redes y figuras del mundo político, quienes lo interpretaron como un intento de descalificación basada en género y apariencia, en vez de una crítica política de fondo.

Diversos analistas advirtieron que este tipo de ataques perpetúan la misoginia en el debate público, especialmente cuando provienen de figuras con influencia política y familiar directa con una candidata presidencial. Desde distintos sectores se recordó que Isabel Zuleta ha sido blanco frecuente de campañas de desprestigio, lo cual ha sido denunciado ante organismos de derechos humanos.

El episodio ocurre en un contexto político polarizado y a días de una movilización nacional que ha sido tildada por algunos sectores conservadores como una amenaza, mientras otros la defienden como una expresión legítima de la ciudadanía frente a las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno.

Foto: Colprensa

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La medida se adopta en cumplimiento de los artículos 211 y 212 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), y obliga al concejal Rodríguez a presentarse ante la Procuraduría en Medellín dentro de los próximos cinco días hábiles. En caso de no hacerlo, la notificación se realizará por edicto. La decisión no admite recurso alguno.

Protesta no se criminaliza: Senadora Isabel Zuleta

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta confirmó la apertura del proceso y aseguró que se trata de una respuesta institucional frente al presunto boicot a la protesta, señalamientos injuriosos e irrespeto al derecho a manifestarse, que habrían cometido ambos concejales.

“La protesta no se criminaliza. La protesta se RESPETA”, afirmó Zuleta en su cuenta de X (antes Twitter).

Gury Rodríguez responde: “Persecución política del Gobierno”

Por su parte, el concejal Gury Rodríguez, conocido por su tono confrontacional en redes sociales, reaccionó señalando una supuesta instrumentalización de la Procuraduría a favor del oficialismo:

“La Procuraduría, al servicio de Isabel Zuleta y del Pacto Histórico, con una eficiencia nunca antes vista”, escribió Rodríguez, cuestionando que la senadora se enterara antes que él de la decisión del órgano disciplinario.

Rodríguez denunció una “persecución del Gobierno Nacional a la oposición” y se mostró desafiante ante el proceso en su contra:

“No me van a callar y enfrentaré todos los procesos que me toque enfrentar, así no tengan ningún fondo. Eso es lo que quieren, amilanarme, y no podrán”, afirmó.

El concejal también ironizó sobre la apertura del proceso, señalando que la “primera línea” ahora tendría “el poder de las IAs”, en referencia a la vigilancia y monitoreo digital que denunció estar recibiendo.

Contexto: polémicas declaraciones antes del paro

La controversia se originó tras un video publicado por Rodríguez y Escobar, en el que advierten que “llamarán a las reservas activas” y “enfrentarán” cualquier acto de vandalismo que ocurra durante las movilizaciones convocadas por organizaciones como la CUT.
Diversas voces, incluyendo a colectivos de derechos humanos, han señalado que este tipo de discursos incitan al miedo y estigmatizan la protesta social.

Este nuevo episodio intensifica el debate nacional sobre los límites del discurso político, el derecho a la protesta y el uso de las instituciones de control para sancionar —o silenciar— posiciones ideológicas.

Fotos: Concejo de Medellín – Colprensa

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La respuesta del influencer surgió tras declaraciones de los concejales en las que llamaron a “defender el territorio” e incluso sugirieron la movilización de la reserva activa ante las marchas convocadas por sectores sindicales y sociales. Rodríguez afirmó que si es necesario “enfrentar” a los manifestantes, lo harán. Escobar, por su parte, declaró que “la primera línea no se va a volver a tomar el Valle del Cauca” y advirtió que están “firmes” para impedirlo.

En un video ampliamente compartido en redes sociales, Jartanderiano respondió señalando que ambos concejales usan un discurso “bravero” y carente de argumentos, promoviendo el miedo y estigmatizando el derecho a la protesta.

“Actúan como reaccionarios, tienden a ser analfabetas pero braveros”, dijo. “Siempre es con el acento bravero y ‘píntala pues como quiera’”, ironizó.

El influencer desmintió que las movilizaciones tengan como objetivo promover actos violentos y recordó que, desde la posesión del presidente Gustavo Petro, las marchas se han realizado con garantías para todos los sectores, incluso para los mismos que hoy llaman al miedo.

Además, criticó lo que describió como una estrategia de “persecución digital”, afirmando que tanto Rodríguez como Escobar presuntamente utilizan “batallones en TikTok” para reportar y bajar transmisiones en vivo de creadores de contenido con opiniones divergentes.

También ironizó con el llamado de los concejales a la “reserva activa”, diciendo que parece más un “llamado a los Avengers” que a una solución real ante una protesta social.

“La movilización es por los derechos de todos, incluso los del concejal Gury y hasta los de la mamá de Escobar. Esto no es de izquierda o derecha, es de los derechos de los colombianos”, afirmó.

Jartanderiano cerró su mensaje con un reto directo: “El día que tenga algo en la cabeza, sométase a un debate con alguien, incluso con un pinche influencer como yo”.

📌 Contexto

Las declaraciones de los concejales Gury Rodríguez y Andrés Escobar se dieron en el marco de la convocatoria a huelga nacional impulsada por la CUT y otras organizaciones, que buscan presionar la aprobación de la reforma laboral y otras demandas sociales. La respuesta del influencer ha reactivado el debate sobre el rol de los líderes políticos en escenarios de movilización social y el uso de narrativas que, según críticos, pueden alimentar la polarización.

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Los cabildantes, conscientes de su responsabilidad civil y penal frente a los hechos de violencia que puedan generarse, difundieron un video en redes sociales convocando a la ciudadanía y a la reserva activa a realizar una “formación militar” para, supuestamente, proteger el orden público en las principales ciudades del país.

Ante esta situación, el Presidente Gustavo Petro y la Senadora Isabel Zuleta, se pronunciaron sobre el hecho y pidieron a las autoridades competentes que revisen la legalidad de la convocatorial.

«Le solicito a la Fiscalía iniciar investigación a fondo contra estas actitudes sediciosas. No más amenazas contra el pueblo y sus derechos. Las juventudes y la ciudadanía de las comunas populares deben tener derecho a. la paz y la libertad. Las mujeres de Antioquia tienen derecho a la estabilidad laboral, los microempresarios a créditos en la banca, y la gente que trabaja a una jornada de ocho horas para poder descansar y estudiar. Toda mujer antioqueña a la edad de pensionarse debe tener derecho mínimo a un bono pensional. Todo campesino o campesina tiene derecho, llegada su edad a un bono pensional. No es populismo, es la dignidad del pueblo. No más amenazas», aseguró el Presidente Gustavo Petro. 

Le solicito a @fiscalia iniciar investigación a fondo contra estas actitudes sediciosas.

No más amenazas contra el pueblo y sus derechos. Las juventudes y la ciudadanía de las comunas populares deben tener derecho a. la paz y la libertad. Las mujeres de Antioquia tienen…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 25, 2025

Por su parte, la Senadora Isabel Zuleta, comentó: «No pues, tan machitos amenazando a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Los hemos visto corriendo porque son unos cobardes. Le pido a Fiscalía que investigue estas amenazas y nos proteja de esta gente a quienes vamos a salir a marchar».

El evento, programado para el miércoles 28 de mayo en la avenida San Juan de Medellín a las 4:00 de la tarde, ha sido interpretado por analistas y defensores de derechos humanos —quienes pidieron no publicar sus nombres por temor a represalias violentas— como un llamado irresponsable que bordea los límites de la legalidad e incita a la violencia y a la justicia por mano propia.

Según los propios concejales, el objetivo es “responder” a la huelga convocada por sindicatos y sectores sociales que apoyan al Gobierno Nacional.

«Vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio, y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer», afirmó Rodríguez en el video.

Por su parte, Escobar manifestó: “Aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea. La primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar”.

No pues, tan machitos amenazando a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Los hemos visto corriendo porque son unos cobardes. Le pido a la @FiscaliaCol investigue estas amenazas y nos proteja de esta gente a quienes vamos a salir a marchar. pic.twitter.com/iQdwJa0os0

— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) May 25, 2025

Además, preocupa que uno de los promotores, Andrés Escobar, se encuentre aún bajo la lupa pública tras los hechos del estallido social de 2021, cuando fue grabado accionando un arma contra manifestantes, hecho por el que enfrentó procesos judiciales.

Este tipo de discursos ha generado alarma, pues recuerda los dolorosos antecedentes del paramilitarismo en Colombia, cuando civiles armados asumieron funciones de seguridad con nefastas consecuencias: violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y miles de víctimas que aún reclaman justicia.

Diversas voces de la sociedad civil, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, han rechazado este tipo de iniciativas, toda vez que la violencia política y el lenguaje agresivo que se utiliza solo alimentan el odio y la supuesta justicia por mano propia.

Cabe señalar que la seguridad y el mantenimiento del orden son funciones exclusivas del Estado, a través de instituciones como la Policía Nacional y el Ejército, bajo los principios del monopolio legítimo de la fuerza y el respeto al orden constitucional.

El llamado a una supuesta «formación militar ciudadana» puede interpretarse como un intento de deslegitimar la protesta social y tensionar aún más el ya complejo clima político y social que vive el país. Las diferencias deben tramitarse por vías democráticas, no mediante amenazas o convocatorias que puedan derivar en confrontaciones violentas.

Ante este panorama, se hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen la legalidad de estas convocatorias y se garantice que tanto la protesta como la seguridad ciudadana se desarrollen en un marco democrático y de respeto por los derechos fundamentales.

Editorial – Nación Paisa

Foto: Colprensa

La entrada Petro pide a Fiscalía investigar concejales que citaron formación militar en Medellín y Cali se publicó primero en Nación Paisa.

Los cabildantes, conscientes de su responsabilidad civil y penal frente a los hechos de violencia que puedan generarse por cuenta de la violencia política que promueven, difundieron un video en redes sociales convocando a la ciudadanía y a la reserva activa a realizar una “formación militar” para, supuestamente, proteger el orden público en las principales ciudades del país.

El evento, programado para el miércoles 28 de mayo en la avenida San Juan de Medellín a las 4:00 de la tarde, ha sido interpretado por analistas y defensores de derechos humanos —quienes pidieron no publicar sus nombres por temor a represalias violentas— como un llamado irresponsable que bordea los límites de la legalidad e incita a la violencia y a la justicia por mano propia.

Entonces, ¿van a volver a salir a la quemar el país? Desde las regiones les decimos PÓNGANLA COMO QUIERAN, no vamos a permitir que vandalicen nuestras ciudades. Estamos firmes en la defensa de nuestro país y nuestro patrimonio.@escobarandres90 pic.twitter.com/4BlR1rntxD

— Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) May 23, 2025

Según los propios concejales, el objetivo es “responder” a la huelga convocada por sindicatos y sectores sociales que apoyan al Gobierno Nacional.

«Vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio, y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer», afirmó Rodríguez en el video.

Por su parte, Escobar manifestó: “Aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea. La primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar”.

Además, preocupa que uno de los promotores, Andrés Escobar, se encuentre aún bajo la lupa pública tras los hechos del estallido social de 2021, cuando fue grabado accionando un arma contra manifestantes, hecho por el que enfrentó procesos judiciales.

Este tipo de discursos ha generado alarma, pues recuerda los dolorosos antecedentes del paramilitarismo en Colombia, cuando civiles armados asumieron funciones de seguridad con nefastas consecuencias: violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y miles de víctimas que aún reclaman justicia.

Diversas voces de la sociedad civil, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, han rechazado este tipo de iniciativas, toda vez que la violencia política y el lenguaje agresivo que se utiliza solo alimentan el odio y la supuesta justicia por mano propia.

Cabe señalar que la seguridad y el mantenimiento del orden son funciones exclusivas del Estado, a través de instituciones como la Policía Nacional y el Ejército, bajo los principios del monopolio legítimo de la fuerza y el respeto al orden constitucional.

El llamado a una supuesta «formación militar ciudadana» puede interpretarse como un intento de deslegitimar la protesta social y tensionar aún más el ya complejo clima político y social que vive el país. Las diferencias deben tramitarse por vías democráticas, no mediante amenazas o convocatorias que puedan derivar en confrontaciones violentas.

Foto: Colprensa

Ante este panorama, se hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen la legalidad de estas convocatorias y se garantice que tanto la protesta como la seguridad ciudadana se desarrollen en un marco democrático y de respeto por los derechos fundamentales.

Contactamos en Medellín al concejal Andrés Rodríguez y le formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Con qué fundamento legal convoca usted a una formación militar ciudadana, siendo esta una función exclusiva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional?

2. ¿Cómo garantiza que esta convocatoria no derive en la conformación de grupos armados ilegales o en actos de justicia por mano propia?

3. ¿No considera que esta iniciativa puede avivar recuerdos del paramilitarismo y poner en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos?

4. ¿Qué responsabilidad está dispuesto a asumir en caso de que, como resultado de esta formación, se presenten enfrentamientos o hechos violentos?

5. ¿Cree usted que incitar a “defender a toda costa” las ciudades va en contra de los principios democráticos y del respeto a la protesta social como derecho constitucional?

Las respuestas del cabildante resultaron flojas, evasivas e, incluso, podrían calificarse como infantiles. Argumentó que se trataba de “preguntas petristas”, rotulando el periodismo crítico como parte de un sector político, y cuestionó el hecho de que se le formularan interrogantes.

El concejal, conocido como “Gury” en Medellín, nos preguntó: «¿Qué clase de periodismo hacen?» La respuesta es clara: #PeriodismoContraPoder.

«Parta de la base de que yo convoqué ciudadanos y a la fuerza pública en buen retiro. No sé si eso, para usted, sean paramilitares. Periodismo bodeguero», sentenció el concejal.

Editorial Nación Paisa – Sistema Informativo Nación Colombia.

La entrada Que miedo: polémicos concejales convocan formación militar ciudadana se publicó primero en Nación Paisa.

Testigos del hecho aseguraron que la discusión entre ambos escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de golpes, lo que obligó a la suspensión inmediata del encuentro. El objetivo de la sesión era escuchar de primera mano las necesidades de los ciudadanos en temas como infraestructura, salud, vivienda, educación y movilidad.

La tensión aumentó cuando López, en su intervención, cuestionó la presencia del concejal Escobar, quien es una figura controversial desde el estallido social de 2021, donde fue grabado disparando hacia manifestantes. Según el líder comunitario, fue agredido físicamente por el cabildante tras un cruce verbal.

La situación requirió la intervención de la Policía, mientras escoltas evacuaban a los concejales del lugar para evitar mayores altercados. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el incidente generó gran rechazo entre los asistentes y empañó el propósito participativo del evento.

Se espera que tanto el Concejo de Cali como las autoridades locales emitan pronunciamientos oficiales sobre lo ocurrido en las próximas horas.

Foto: Colprensa

La entrada Pelea entre concejal Andrés Escobar y líder comunitario de Siloé en plena sesión del Concejo se publicó primero en Nación Paisa.

De acuerdo con el ente investigador, en uno de los hechos conocidos, particulares habrían disparado armas traumáticas contra varios ciudadanos, con la aparente connivencia de algunos uniformados que estaban en el lugar.

En ese sentido, imputó los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos a Escobar González, Diego León Quiroz Arroyave, Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García.

Adicionalmente, a Escobar González se le formuló el cargo de amenazas agravado por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudadanía con el empleo de este tipo de armas; según el cual argumentó fue en defensa propia.

Asimismo, por las presuntas irregularidades han sido imputados los uniformados, por el delito de prevaricato por omisión, pues según se pudo constatar, al parecer omitieron sus funciones, tras permitir que los civiles atacaran a los manifestantes.

Son ellos: José Fernando León Agudelo, mayor Mauricio Gómez Velandia, teniente Aurelio Guevara Machuca, Christian Eulises Chilito Muñoz, Jhony Andrés Cuspian, patrullero Eder Javier Sinuco Osorio, patrulleros José Ricardo Guzmán y Ariel Augusto Nossa Barrera.

De otra parte, por los delitos de tortura agravada y privación injusta de la libertad, fueron imputados los integrantes de la Policía Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plaza y Alexis Mosquera Mena.

Esto, con relación a la aprehensión de varios jóvenes, y el traslado y graves agresiones que, supuestamente, le propinaron a un estudiante de música en la estación de policía de La María.

La entrada Por disparos a manifestantes durante el Paro Nacional en Cali, imputan cargos a Andrés Escobar y cinco policías se publicó primero en Nación Paisa.

Sin embargo, en una maniobra que fue tildada como ‘leguleyada’, Escobar alegó diferencias con su abogado, lo que produjo la renuncia de este, sin que el juzgado lograra avalar los cargos que le fueron leídos. Este hecho obligó a que la audiencia tuviera que ser suspendida hasta el próximo 16 de mayo.

«El juez de control de garantías suspendió la diligencia ante la manifestación del señor Andrés Escobar de tener dificultades con su abogado de confianza. En ese sentido, el trámite de imputación no culminó ni ha recibido aval», indicó la Fiscalía.

Escobar apareció en un video disparando contra manifestantes el 28 de mayo de 2021, a lo que él mismo sostuvo que fue con un arma traumática, y que supuestamente había sido para defender el CAI del barrio Ciudad Jardín de Cali, sector en donde reside.

Cali 🆘 @PoliciaColombia vestidos de civil se encuentran disparando a manifestantes pacíficos entre Ciudad Jardín y estación Universidades 🆘🆘 #ParoNacional28M 🇨🇴 @intiasprilla @PizarroMariaJo @GustavoBolivar @Betocoralg @AlexLopezMaya @CIDH @petrogustavo @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/roznBhsrz0

— Karen Otero (@KarenOtero_21) May 28, 2021

Durante la audiencia se supo que el abogado Élmer Montaña, quien presentó la demanda contra Escobar, pedirá detención en centro carcelario contra Escobar, al considerarlo un peligro para la sociedad.

Además de Escobar, fueron imputados cuatro civiles y 12 policías más, a quienes también el ente acusador les comprobaría su participación en estos sucesos.

La entrada Suspenden imputación de cargos contra Andrés Escobar: el civil que disparó durante las protestas del paro nacional en Cali se publicó primero en Nación Paisa.

El jugador de 30 años, quien jugaba en el Leiknir Reikiavik del país nórdico, habría sido condenado a dos años y medio de prisión por el Tribunal de Reikiavik, al parecer por violar a una mujer en aparente estado de embriaguez. Así lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra, quien agregó que el abogado apeló el fallo contra el vallecaucano, a la espera de interponer recursos para evitar la decisión.

«Reportan desde Islandia que Andrés Manga Escobar fue condenado a 2 años y medio de prisión por el Tribunal de Reikiavik por violar a una mujer en aparente estado de embriaguez. El abogado del colombiano de 30 años apeló el fallo y espera respuesta en las próximas semana», comentó Sierra en su perfil de Twitter, lo que generó una ‘tormenta’ mediática en esta red.

🚨 Reportan desde Islandia que Andrés Manga Escobar fue condenado a 2 años y medio de prisión por el Tribunal de Reikiavik por violar a una mujer en aparente estado de embriaguez

👀 El abogado del colombiano de 30 años apeló el fallo y espera respuesta en las próximas semanas pic.twitter.com/0Qu9iWdDZm

— Pipe Sierra (@PSierraR) March 11, 2022

A su vez, un medio de comunicación digital, mbl.is, entregó más detalles de este caso, que se convirtió rápidamente en noticia a nivel nacional. Según el portal islandés, «Escobar fue condenado por violar a una mujer en su casa el 19 de septiembre y actualmente está recluido en Islandia hasta el 1 de septiembre de este año mientras se resuelve el caso», señaló este fuente de información.

«El 22 de diciembre, el fiscal de distrito presentó una causa penal contra un condenado por violación al tener relaciones sexuales y otras relaciones sexuales con A (la víctima) en la víspera del domingo 19 de septiembre, sin su consentimiento, al lamerle los genitales y tener relaciones sexuales con ella, donde yacía desacertadamente en el sofá de la acusada, y se aprovechó de que no pudo resistir el hecho por estar en estado de embriaguez», agregó el mencionado medio.

Hasta el momento, ni el jugador, ni su representante, ni ninguna fuente oficial del país europeo se ha manifestado al respecto. En la temporada el futbolista no ha disputado ni un minuto con su escuadra, y de acuerdo con los registros estadísticos su última aparición data de septiembre del año anterior. En el 2021 solo acumuló 1.277 minutos en 17 apariciones, con apenas dos anotaciones en su haber.

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