Los documentos protegidos se encuentran en el Archivo General del Ministerio de Defensa, el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (CAIMI) y el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM).

Según la JEP, estos archivos contienen información sobre actividades de inteligencia realizadas por unidades militares y organismos de seguridad, que pueden contribuir al esclarecimiento de hechos de violencia.

El Tribunal de Paz explicó que la prórroga de la medida cautelar responde a la necesidad de evitar la pérdida o alteración de estos archivos, considerados fundamentales para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

La JEP determinó que la medida no puede ser levantada hasta que se analice la información recopilada, ya que su contenido podría ser útil para distintas Salas y Secciones de la Jurisdicción.

Asimismo, señaló que la protección de estos archivos no se limita a la toma de copias o al escaneo de los documentos, sino que requiere un estudio detallado que permita esclarecer su relevancia en los procesos judiciales en curso.

Según los magistrados de la JEP, el análisis de estos archivos es clave para garantizar los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas y de la sociedad en general. Además, subrayan que su preservación contribuye a evitar la repetición de prácticas que vulneren los derechos humanos en el país.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó al Archivo General del Ministerio de Defensa garantizar el cumplimiento de la disposición.

Foto y noticia: Colprensa

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