De acuerdo con el Ministerio Público, el entonces oficial incurrió en uso excesivo de la fuerza en medio de manifestaciones sociales, desconociendo los protocolos y directrices que regulan el uso de armas por parte de la fuerza pública en estos contextos.

El fallo señala que, pese a su formación y conocimiento de las normas, Molano Bedoya actuó de manera contraria a los mandatos constitucionales y legales, afectando el derecho fundamental a la vida, el cual exige el máximo nivel de protección.

La conducta fue calificada como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, al determinarse que su actuación fue consciente, voluntaria y deliberada, con pleno conocimiento de su ilegalidad.

La decisión se da en el marco de las investigaciones por hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2021, que dejaron múltiples denuncias por presuntos abusos de autoridad en distintas ciudades del país.

Contra esta sanción procede recurso de apelación en efecto suspensivo ante el despacho del procurador general.

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A través de su cuenta, el mandatario fue enfático en su instrucción: “Le ordeno a la Policía Nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín. La ciudadanía de la ciudad no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”, escribió.

El pronunciamiento se produce tras la circulación de un video en el que se evidencia cómo varios gestores de convivencia golpean a ciudadanos en una plaza, mientras uniformados de la Policía permanecen en el lugar.

En su mensaje, Petro reiteró el papel constitucional de la institución policial. “La policía está antes que nada para la defensa de los derechos y libertades de la gente en Colombia y para la convivencia pacífica”, señaló. Además, insistió en que cualquier actor que asuma funciones de control por fuera de ese marco “son parapoliciales o paramilitares”.

Le ordenó a la policía nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín. La ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece está arremetida de bandas fascistas a sueldo público.

La policía está antes que nada para la defensa de los derechos y libertades de la…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2026

Advertencias previas sobre los gestores

El caso revive cuestionamientos que ya habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo, entidad que desde octubre de 2025 ha señalado que los gestores de convivencia no están facultados para usar la fuerza ni intervenir en protestas.

Según ese organismo, estas funciones corresponden exclusivamente a cuerpos especializados de la Policía y deben ejercerse bajo criterios de proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales.

Las alertas previas incluso derivaron en actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Rodríguez Puerta por presunta incitación a la violencia en medio de manifestaciones.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate el alcance y los límites del programa de Gestores de Convivencia, así como el rol de la Policía frente a posibles excesos en el ejercicio de control en espacios públicos.

🚨 #URGENTE | ¿Autoridad o abuso?

Agentes de Seguridad y Control creados por la administración de @FicoGutierrez y @ManuelVillaMe fueron captados en video agrediendo a ciudadanos en pleno Parque Bolívar.
Lo que debía ser control termina en violencia. ¿Quién responde?… pic.twitter.com/WfZDkfn517

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 6, 2026

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De acuerdo con cifras oficiales y de Naciones Unidas, los incidentes con minas antipersonal pasaron de 316 en 2021 a 998 en 2024, lo que evidencia un incremento significativo. Además, cerca del 17 % del territorio nacional presenta algún nivel de afectación por artefactos explosivos, mientras más de 520.000 personas están en riesgo.

En lo corrido de 2025 se han registrado 136 nuevas víctimas, lo que confirma que la amenaza continúa activa en diferentes regiones y que los avances en prevención siguen siendo frágiles.

Uno de los casos que refleja esta situación es el de Deily Chacón, una niña de 12 años que sufrió un accidente con una mina antipersonal en Caquetá y actualmente adelanta su proceso de rehabilitación en Bogotá, tras la pérdida de una de sus piernas.

Persisten riesgos y organizaciones piden fortalecer la prevención

Desde la Fundación CIREC, organización que trabaja en la atención a víctimas, advierten que la dinámica del conflicto ha incrementado el riesgo en territorios donde antes parecía estar controlado.

“Estamos viendo señales de alerta en zonas donde el riesgo parecía contenido, por lo que es clave fortalecer la educación en prevención como herramienta de protección para las comunidades”, señaló Duyerney Pabón González, jefe de Educación en el Riesgo de Minas de la entidad.

Según la fundación, más de 3.400 sobrevivientes han sido acompañados en procesos de rehabilitación, mientras que las acciones de educación en el riesgo se han desarrollado en más de 200 municipios del país.

En el marco de esta conmemoración, distintas organizaciones se sumaron a la campaña “En territorio sin minas, Colombia camina”, que busca visibilizar el trabajo en las regiones, fortalecer la prevención y reconocer a las víctimas.

Como parte de estas actividades, se realizará la exposición “Reparar para sanar” en la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, entre el 14 y el 30 de abril. La muestra, abierta al público, abordará el impacto de las minas antipersonal y los procesos de rehabilitación que enfrentan las víctimas en el país.

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El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Ágora, reunió a mujeres de 30 países de África, América Latina y el Caribe, quienes suscribieron una declaración conjunta que marca un hito en la articulación internacional de agendas sociales con enfoque étnico y de género.

Una alianza con proyección global

La nueva alianza nace como un espacio de coordinación internacional que busca incidir en la agenda global en temas como justicia racial, desarrollo económico inclusivo, participación política y sostenibilidad.

Entre las firmantes se encuentra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien resaltó el alcance transformador de esta iniciativa más allá de las fronteras nacionales.

“Este espacio debe inspirar a las nuevas generaciones a comprometerse con la dignidad de nuestros pueblos. Construir implica dejar atrás las cadenas coloniales que aún persisten y reconocer el valor del otro. Solo así podremos avanzar en una alianza global sólida”, señaló.

Ejes estratégicos para la incidencia internacional

La Alianza definió cinco líneas de acción que orientarán su trabajo en distintos escenarios multilaterales:

1. Liderazgo político y participación en la toma de decisiones

2. Justicia racial, memoria histórica y reparaciones

3. Autonomía económica y acceso a financiamiento

4. Cultura, conocimiento y preservación de identidades

5. Construcción de alianzas globales para el desarrollo sostenible

Una agenda común frente a desafíos globales

La declaración conjunta reconoce una historia compartida marcada por la esclavitud, el colonialismo y el racismo estructural, y plantea la necesidad de construir respuestas colectivas frente a problemáticas globales actuales.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran las desigualdades persistentes, las crisis democráticas, los conflictos armados, la degradación ambiental y las múltiples formas de exclusión que afectan de manera desproporcionada a comunidades afrodescendientes, indígenas y africanas.

El documento también resalta el papel de estas mujeres como actoras clave en la construcción de paz, la defensa de los derechos humanos y la transformación de sus territorios.

Llamado a la cooperación internacional

La Alianza se proyecta como una plataforma de acción colectiva con vocación global, que busca articular esfuerzos entre gobiernos, organismos internacionales, academia, sector privado y movimientos sociales.

“Esta alianza nace como una fuerza histórica de pensamiento estratégico y acción colectiva comprometida con un mundo más justo e inclusivo. Convocamos a todos los actores internacionales a sumarse a este esfuerzo”, enfatiza la declaración.

Articulación desde el Sur Global

El espacio contó con el impulso de liderazgos y organizaciones como Epsy Campbell, así como plataformas y redes enfocadas en justicia racial y reparaciones.

La creación de esta alianza consolida un nuevo escenario de articulación desde el Sur Global, en el que las mujeres africanas, afrodescendientes e indígenas se posicionan como protagonistas en la construcción de un nuevo orden internacional más equitativo, inclusivo y sostenible.

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Los magistrados determinaron que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino el resultado de una «organización criminal compleja» que se incrustó en la Brigada XVI. El tribunal concluyó que los implicados aprovecharon su poder y los recursos de la institución militar para ejecutar un «ataque organizado y a gran escala» contra civiles indefensos entre 2005 y 2008.

El principal acusado es el mayor general retirado Torres Escalante, quien comandaba la brigada en esa época. Junto a él serán juzgados mandos medios como el mayor Gustavo Soto Bracamonte, antiguo jefe del Gaula, y el coronel Henry Acosta Pardo.

La lista de acusados incluye también a Orlando Rivas Tovar, quien era director del DAS en Casanare, y a dos civiles que actuaron como «falsos informantes» para engañar a las víctimas y entregarlas a los militares para que las mataran.

El expediente que revisará el Tribunal de Paz contiene detalles de extrema gravedad. La justicia transicional juzgará hechos relacionados con «tortura y tratos crueles» cometidos antes de los asesinatos.

Además, el documento oficial señaló que algunos militares, como el sargento Wilson Burgos Jiménez y el teniente Jhon Suancha Florián, fueron llamados a responder por «tratos inhumanos, degradantes y experimentos biológicos» contra las personas protegidas.

El magistrado Roberto Carlos Vidal advirtió que el expediente llegó incompleto porque no tiene la lista total de las condenas que la justicia ordinaria ya le había impuesto a estos hombres en el pasado. Por eso, ordenó a la Sala de Reconocimiento que entregue en 15 días un «inventario completo» de esos antecedentes para tener claridad sobre qué delitos ya fueron juzgados.

Este juicio terminará con una sentencia que no enviará a los acusados a una prisión común. Como los 22 procesados aceptaron su culpa y aportaron verdad, recibirán una «sanción propia».

Este castigo implica que tendrán restringidos sus derechos y libertades, y deberán cumplir con trabajos obligatorios para reparar a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas por sus crímenes.

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«La posición de la Santa Sede es siempre evitar cualquier tipo de violencia, evidentemente, y por lo tanto no podemos aceptar episodios de este tipo», ha afirmado el cardenal Parolin, este miércoles por la tarde, en declaraciones a los medios, en el marco del encuentro ‘Ética y Economía’, organizado por el Departamento GEPLI de la Universidad LUMSA, en Roma.

Según informa el portal oficial del Vaticano ‘Vatican News’, el secretario de Estado del Vaticano ha añadido que «las dificultades, los problemas y las contradicciones se resuelven de otra manera».

Por otro lado, sobre la carta abierta que le ha enviado la Red de Sacerdotes contra el Genocidio, en la que se invita a la Santa Sede a no formar parte de la Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza, que se está constituyendo bajo la dirección de Trump, Parolin ha dicho que comprende la «preocupación» pero ha pedido tiempo para «pensar».

«Siempre hay que responder después de un minuto, déjennos pensar un momento», ha indicado Parolin, añadiendo que, ante esta propuesta hay «algunos puntos críticos que debían tenerse en cuenta y que luego se habrían considerado con vistas a dar una respuesta». «La respuesta aún no se ha dado, pero creo que no se pueden olvidar los aspectos críticos de este plan», ha insistido.

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La confesión se conoció a través de testimonios revelados por Caracol Radio, en los que el oficial en retiro rompió el silencio que mantuvo durante 27 años frente a la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Daza Camargo explicó que su actuación respondió a una instrucción directa de sus superiores para no interferir con el operativo ilegal.

“No saque retén, no haga, no se mueva. Básicamente fue lo que hice”, declaró Daza Camargo con la voz entrecortada, refiriéndose a la orden que recibió la noche de los hechos. El oficial explicó que, en ese momento, actuó bajo la premisa de la obediencia debida: “Estaba en una institución donde me daban una orden y uno cumplía la orden que le daba su comandante”.

El exmilitar calificó su silencio prolongado como una carga moral insostenible. “Esa es, digo yo, la cara de la vergüenza tan berraca que tengo yo. Tener que tapar uno tantas cosas durante tanto tiempo, una simple orden que me dieron y tenerla…”, manifestó en la grabación.

Durante su intervención, Daza Camargo ofreció excusas a los familiares de los muertos y desaparecidos. “Yo me disculpo con todos ustedes, con los señores de las víctimas, pero haber callado eso para mí no era, porque pues no fui formado así. Yo tuve otro tipo de educación en mi casa y para mí no era eso. O sea, yo no lo vi normal”, señaló.

Según la investigación, la omisión de la Fuerza Pública permitió que un grupo de aproximadamente 40 paramilitares recorriera sin oposición los barrios del nororiente de Barrancabermeja. Daza Camargo, quien para la época comandaba la base militar de Pozo Siete, confirmó que la instrucción de inmovilizar a sus tropas facilitó la incursión y posterior huida de los criminales.

Los testimonios ante la JEP también vincularon a otros altos mandos de la época, como el coronel Óscar Diego Sánchez Vélez, entonces comandante del Batallón Nueva Granada, y el mayor Oswaldo Prada Escobar, quienes habrían coordinado la logística para el ingreso de las Autodefensas. La masacre resultó en el homicidio de siete pobladores y la desaparición forzada de 25 personas, cuyos cuerpos fueron sustraídos en camiones.

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«Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada», ha dicho González de Tudares en un mensaje publicado en redes sociales.

«Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, a su libertad plena, a la que tiene derecho», ha dicho, antes de expresar su agradecimiento a «todas y cada una de las personas» que le han dado apoyo «en la lucha por la libertad» desde el 7 de enero de 2025.

Así, ha mostrado su agradecimiento al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que «siempre hizo seguimiento e incidente de este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias», así como a su familia y a los «verdaderos amigos» que dieron apoyo «humanamente, sin miedo y con muchos sacrificios, en toda la lucha».

«Finalmente, un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones», ha dicho González de Tudares.

«Dios, nuestro señor, gracias por nunca abandonarnos. Santo Padre, Juan Pablo II, gracias por ser mi guía en estos últimos días», ha remachado la esposa del opositor en su mensaje, sin que por ahora González o las autoridades venezolanas se hayan pronunciado respecto a esta excarcelación.

Tudares fue detenido pocos días antes de la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para un tercer mandato. Junto a él fueron detenidos el activista Carlos Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, quienes ya han sido liberados.

Caracas ha acometido durante las últimas semanas un proceso de excarcelaciones al hilo del ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense y presentados ante un tribunal por cargos de narcoterrorismo.

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De acuerdo con la decisión judicial, estructuras armadas bajo su mando, en particular el denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejecutaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, actos de violencia basada en género y otras conductas criminales que afectaron de manera sistemática a la población civil indígena.

Entre los hechos acreditados se encuentra la incursión armada en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, el 10 de octubre de 2003, donde varios integrantes de la comunidad Wayúu fueron retenidos, golpeados y sometidos a maltratos durante varias horas. En ese mismo episodio, los armados destruyeron y hurtaron elementos culturales como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes esenciales para la subsistencia económica y cultural de la comunidad.

La sentencia también responsabiliza a estas estructuras por el homicidio de dos indígenas Wayúu, ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, igualmente en Uribia. Según el fallo, estos crímenes hicieron parte de una estrategia de expansión territorial del grupo armado ilegal en distintas zonas de La Guajira, incluyendo áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El Tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en el municipio de Riohacha.

Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, la sentencia contempla la aplicación del régimen alternativo de la Ley de Justicia y Paz, que establece una pena máxima de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones judiciales y de reparación a las víctimas.

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Rodríguez, que no ha confirmado por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha señalado que se trata de «un gesto unilateral para afianzar» su «decisión inequebrantable de consolidar la paz» en el país y «la connivencia pacífica», sin distinción de ideología o religión.

«Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.

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