Cuando se solicitó información a Profamilia sobre cuántos procedimientos de IVE se han realizado en sus centros de salud en el último año, la institución se limitó a responder que dichos datos se encuentran en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), un sistema manejado por el Ministerio de Salud. Además, argumentó que la IVE no constituye una variable específica en los reportes de aborto, lo que impide conocer el número exacto de procedimientos realizados bajo este marco legal. En otras palabras, se trata de un proceso que, aunque regulado, carece de mecanismos claros de rendición de cuentas.

El Ministerio de Salud, por su parte, fue aún más esquivo. Al solicitar cifras oficiales sobre el número de procedimientos y las posibles complicaciones derivadas de ellos, la entidad respondió que no cuenta con información específica sobre la IVE, sino únicamente con registros genéricos sobre abortos en general. Esta respuesta no solo es inaceptable en términos de gestión de políticas públicas, sino que también refleja un alarmante vacío legal que impide la trazabilidad y evaluación del impacto de esta práctica.

Uno de los puntos más preocupantes es la ausencia de información sobre las complicaciones de salud y fallecimientos relacionados con la IVE. Si el Ministerio de Salud y las IPS que prestan este servicio no tienen datos concretos sobre los efectos adversos del procedimiento, ¿cómo se pueden garantizar condiciones seguras para las mujeres que lo solicitan? ¿Cómo se puede evaluar el impacto de la despenalización del aborto en la salud pública si ni siquiera se dispone de cifras oficiales?

Aún más inquietante es la falta de claridad sobre el destino de los residuos biológicos fetales. Profamilia se limitó a mencionar que se manejan conforme a la normativa vigente de residuos hospitalarios, pero sin precisar qué protocolo específico se sigue para su disposición final. La falta de transparencia en este aspecto es inadmisible, especialmente cuando existen normativas estrictas para el manejo de otros tipos de residuos médicos.

Por otro lado, el hecho de que no se pueda conocer cuántas menores de edad han accedido a este procedimiento, ni a qué estratos socioeconómicos pertenecen las mujeres que han abortado, evidencia una grave deficiencia en la supervisión del Estado. Sin estos datos, es imposible diseñar estrategias efectivas de prevención del embarazo no deseado o evaluar si las mujeres en situaciones de vulnerabilidad están accediendo a información y alternativas adecuadas antes de optar por la IVE.

En definitiva, las respuestas evasivas de Profamilia y el Ministerio de Salud demuestran que el aborto en Colombia es un tema rodeado de opacidad e irregularidades legales. No se trata de debatir si debe ser permitido o no, sino de exigir que su práctica esté sometida a los mismos estándares de transparencia, regulación y control que cualquier otro procedimiento médico.

La ausencia de datos concretos no solo impide una fiscalización efectiva, sino que también vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer el impacto real de la despenalización del aborto en el país.

Si el Estado y las organizaciones que prestan estos servicios realmente están comprometidos con la salud y los derechos de las mujeres, deben garantizar información clara, pública y verificable sobre cada aspecto de la IVE. De lo contrario, lo que tenemos no es un derecho bien regulado, sino un vacío legal que puede prestarse para la manipulación, el abuso y la falta de garantías para quienes más lo necesitan.

Foto cortesía: Colprensa

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