La decisión se conoció luego de que el propio influencer la hiciera pública a través de sus redes sociales, donde afirmó que la medida se deriva de un incidente de desacato dentro de un litigio que mantiene con el médico Mario Angulo, profesional vinculado a la clínica de género de la Fundación Valle del Lili.

La controversia por audios divulgados

Según explicó Samuel Adrián, el origen del proceso está relacionado con la publicación de una serie de grabaciones en las que, presuntamente, el especialista detallaba procedimientos médicos aplicados a menores diagnosticados con disforia de género.

El caso tomó relevancia internacional tras la difusión de un documental elaborado por el ciudadano mexicano sobre tratamientos de transición de género en niños y adolescentes.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Adrián cuestionó la decisión judicial y aseguró que la medida busca sancionarlo por divulgar información de interés público.

“El juzgado de Cali ordena mi arresto por hacer públicas las grabaciones donde el doctor Mario Angulo me explicó los procedimientos a los que eran sometidos menores de edad. Es una orden de aprehensión por contarle al mundo lo que este doctor le hizo a Laura y a muchos otros niños”, manifestó.

Debate sobre libertad de expresión

La situación ha generado una fuerte discusión en redes sociales y sectores políticos. Mientras algunos usuarios consideran que la decisión podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, otros sostienen que el caso debe analizarse desde posibles vulneraciones a derechos relacionados con la privacidad, la reserva de las comunicaciones y el debido proceso.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos adicionales por parte de las autoridades judiciales de Cali sobre los alcances de la sanción ni sobre los recursos que podrían presentarse frente a la decisión.

Solicita respaldo del Gobierno de México

Samuel Adrián informó que su defensa jurídica ya adelanta acciones para controvertir la orden judicial. Según explicó, en México cuenta con el acompañamiento de la firma Hogares y Asociados, mientras que en Colombia recibe apoyo de la organización Nueva Democracia.

Además, anunció que solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para que haga seguimiento a su situación jurídica.

“Espero que el Gobierno de México me proteja, así como ha protegido a otros ciudadanos cuando consideran que han sido tratados injustamente en el extranjero. Esto es un ataque contra mi libertad porque no he cometido ningún delito”, afirmó.

Por ahora, la orden de arresto continúa vigente mientras avanzan las actuaciones judiciales y los recursos que pueda presentar la defensa del creador de contenido.

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A través de un auto con fecha del 16 de enero de 2026, el magistrado ponente Alberto Montaña Plata ordenó correr traslado de una solicitud de incidente de desacato dirigida contra la CRC. La decisión se tomó tras recibir el expediente para resolver si existe un incumplimiento de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025, la cual amparó el derecho fundamental a la información de un grupo de ciudadanos.

El despacho judicial determinó que es necesario verificar la actuación de la autoridad reguladora antes de decidir si abre formalmente el incidente. En consecuencia, resolvió:

“Requerir a la CRC, para que, en el término de traslado, informe si cumplió con las órdenes de tutela contenidas en la Sentencia de 16 de septiembre de 2025 (…) y, en caso afirmativo, allegue los respectivos soportes».

El organismo tiene un plazo de tres días para entregar dicha información. Una vez vencido este término, el expediente ingresará de manera inmediata al despacho para definir la apertura del desacato.

La providencia recordó las estrictas condiciones que el Consejo de Estado impuso al Ejecutivo para garantizar el pluralismo informativo. El fallo original ordenó al Presidente y a la Presidencia de la República que cada intervención en canales públicos (RTVC), privados, regionales y comunitarios atienda criterios específicos.

El tribunal estableció que «la alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes». Asimismo, prohibió la saturación de la parrilla televisiva al señalar que «la alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal».

Sobre el contenido y la duración, la orden judicial fue tajante: «La alocución debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al asunto a tratar».

Además, se precisó que la duración no podrá corresponder a un «período irrazonable o notoriamente excesivo».

El tribunal puso la lupa sobre la CRC porque esta entidad recibió la orden directa de actuar como filtro. Según la sentencia base, la Comisión debía adoptar, a más tardar el 31 de diciembre de 2025, un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo que incluyera controles «previo, concomitante y posterior».

La orden judicial facultó a la CRC para que, cada vez que el Presidente decida intervenir en televisión, «verifique el cumplimiento de los criterios mencionados» y, lo que es más contundente, que «en caso de que los incumpla, impida su realización».

Adicionalmente, la entidad debe rendir un informe público dentro de los dos días siguientes a cada alocución, evaluando si esta se adecuó a los criterios de urgencia y excepcionalidad.

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Esto se da por el presunto incumplimiento del Fallo de Tutela No. 070 del 19 de julio de 2024, en el que aduce la entidad accionada ha incurrido en desacato.

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«El juzgado ordena al Ministerio del Trabajo, en cabeza de la señora ministra, la Doctora Gloria Inés Ramírez; que en el término de cuarenta y ocho (48) horas de la notificación del presente fallo de tutela, ordene a quien corresponda la cancelación de los salarios, primas, prestaciones, que a la fecha se le adeudan al agenciado y los demás emolumentos hasta la fecha del levantamiento del cese de actividades, a que tenga lugar el conflicto laboral».

El documento añade que «se insta a la cartera ministerial, a que no se sigan vulnerando los derechos fundamentales al actor, los cuales ya fueron enunciados en acápite precedente», añade el fallo del juzgado.

Así las cosas, el juzgado sentenció el plazo al Ministerio del Trabajo de cumplir con los pagos «en el improrrogable término de tres (3) días siguientes a la notificación de tal proveído, si aún no lo hubiere hecho, diera cumplimiento a la Sentencia de Tutela antes citada, corriendo traslado al Representante Principal para acciones de tutela del Ministerio del Trabajo, so pena de incurrir en desacato».

El fallo fue contundente contra los incumplimientos del Ministerio del Trabajo: «se ordena el cumplimiento inmediato de la orden emitida en Sentencia, sin dilaciones que continúen violentando los derechos fundamentales del actor».

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