La medida administrativa delimitó los espacios geográficos específicos en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, así como en Tierralta, Córdoba, donde se concentrarán los esfuerzos de paz.

Patiño detalló ante la opinión pública el alcance de esta figura jurídica y operativa, la cual calificó como un avance sustancial en la estrategia de pacificación rural que adelanta el Ejecutivo.

«Esto de las zonas de ubicación temporal es un paso muy importante que se está dando en varios de estos procesos, fundamentalmente en áreas rurales», indicó en W Radio el funcionario, quien precisó que la lógica detrás de estos espacios difiere de experiencias pasadas al exigir condiciones previas de sometimiento a la legalidad dentro de los perímetros establecidos.

«En estos procesos, la idea es que se vayan ubicando desarmados los actores que allí tienen influencia», puntualizó.

El consejero de paz enfatizó que el propósito central de estas zonas no es el reacomodamiento militar del grupo ilegal, sino la transición hacia la vida civil. Según explicó, la resolución busca «crear una situación de irreversibilidad» frente a la violencia.

Patiño fue contundente al describir el estado en el que los combatientes deben presentarse en dichas áreas: «Allí la gente que llega, llega sin armas, llega sin uniformes, llegan a discutir y a hablar y a plantear y a negociar su desmovilización». Esta exigencia marca una línea roja en la negociación, estableciendo que el diálogo político y jurídico está supeditado al abandono de los instrumentos de guerra dentro de las ZUT.

El proceso se enmarca en lo que el Gobierno y los representantes del grupo armado —quienes en el pasado utilizaron las siglas AGC— definieron como un camino hacia la disolución total de la organización. Patiño recordó que «el primer acuerdo que se hizo con el candidato que se denominaba AGC, es para mirar cómo va a ser la desmovilización total de estos grupos».

Sin embargo, el funcionario reconoció la complejidad operativa de desarticular una organización de tal magnitud y advirtió que los resultados no serán inmediatos.

«Entendemos que eso no puede ser de un solo golpe, sino que es un proceso gradual», admitió, aunque recalcó que la aceptación de estas zonas por parte del Clan del Golfo constituye una señal política relevante.

«El título de la primera declaración es que va a haber un proceso de desmonte total de sus estructuras», reiteró Patiño.

Aseguró que la disposición de los integrantes a concentrarse bajo las reglas del Estado demuestra «que hay voluntad por parte de estos grupos de empezar a disminuir su capacidad de hacer daño y su disposición a desarmarse».

(Colprensa)

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Según la investigación realizada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, alias Carlos fue el principal artífice de ataques contra las fuerzas militares y la infraestructura eléctrica en las regiones de Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Huila. Además, se le atribuyó la presión e intimidación para exigir el pago de extorsiones a pobladores, comerciantes y transportadores del sur de Tolima.

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La captura de alias Carlos se llevó a cabo el 27 de febrero de 2021, en la vereda Las Cavernas de la Primavera, en Rioblanco (Tolima), en una operación conjunta con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Durante la operación, se logró rescatar a una adolescente que había sido reclutada por la organización criminal.

La investigación reveló que alias Carlos ejercía un papel crucial en el reclutamiento de menores de edad, siguiendo los lineamientos de la estructura Ismael Ruiz. Dos menores, rescatadas en diferentes operativos, fueron trasladadas a Ibagué (Tolima) para el restablecimiento de sus derechos.

En virtud del preacuerdo, un juez penal especializado de Ibagué condenó a Orlando Parra Ramírez a ocho años y un dos meses de prisión. La sentencia refleja la gravedad de sus acciones, que involucraron no solo la participación en actividades criminales, sino también el reclutamiento de jóvenes, afectando la seguridad y la integridad de la población civil.

Ante la contundencia de las pruebas recopiladas por la #Fiscalía, Orlando Parra Ramírez, alias Carlos, máximo cabecilla de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito y tráfico de armas. pic.twitter.com/wUNz5bL1v8

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 23, 2023

La condena resalta la firme postura de la justicia contra aquellos que perpetúan la violencia y la explotación de menores en el país, subrayando la importancia de continuar trabajando en la desarticulación de organizaciones criminales y en la protección de la población vulnerable.

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