La presentación del informe tuvo lugar en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y contó con la participación de actores clave en el proceso de paz urbana. Según la Delegación de Paz Urbana, el documento representa un paso fundamental en el análisis de avances y desafíos, con miras a fortalecer estrategias de protección de derechos humanos y construcción de paz en la región.

Compromisos y resultados iniciales

Las estructuras criminales participantes acordaron los siguientes compromisos:

1. Cese de confrontaciones y eliminación de fronteras invisibles, permitiendo una mayor movilidad y seguridad en las comunidades.
2. Reducción de homicidios y protección de la vida en los territorios intervenidos.
3. Erradicación total de la extorsión entre el 19 de diciembre de 2024 y el 19 de enero de 2025, focalizando el piloto en 25 barrios de Medellín y Bello.
4. Eliminación de la explotación sexual comercial de menores de edad.
5. Control sobre sustancias como fentanilo y heroína en puntos estratégicos del territorio.
6. Estos acuerdos fueron implementados en sectores de la Comuna 4 – Aranjuez y otros barrios de Medellín, así como en comunas de Bello, con la participación de líderes comunitarios y observadores del proceso.

En @UdeA asistimos a la presentación del informe sobre el Piloto de Paz Urbana en #Medellín y #ValleDeAburrá, como parte de las acciones de la mesa de diálogos socio jurídicos que reporta avances en la reducción de violencia en los barrios. pic.twitter.com/imudBrygjt

— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) February 13, 2025

Conclusiones del informe

El equipo de observación identificó cinco conclusiones principales tras la evaluación del piloto:

• Disminución de la extorsión, aunque persistieron excepciones y modalidades alternas de control criminal.
• Compromiso de las estructuras criminales de cesar las desapariciones forzadas en beneficio de la ciudadanía.
• Necesidad de generar oportunidades laborales para los integrantes de bandas criminales como alternativa a la economía ilegal.
• Persistencia del miedo a la denuncia, lo que puede derivar en subregistros de delitos.
• Impacto positivo en la reducción de homicidios, reflejando una disminución de la violencia entre grupos armados y la población civil.
• Sin embargo, los investigadores señalaron limitaciones para obtener un panorama claro de la extorsión debido a la falta de recursos, el corto tiempo de implementación y la baja denuncia ciudadana. Por ello, se anunció la extensión del piloto por tres meses adicionales y su aplicación en un mayor número de barrios.

Hallazgos relevantes y análisis

Durante la investigación, que incluyó 30 entrevistas a la comunidad, se identificaron tres aspectos críticos:

1. Control de precios en el mercado informal: Algunas estructuras criminales regularon el costo de productos de la canasta básica.
2. Normalización de la extorsión como «pago por seguridad»: En varias zonas, los habitantes ven estos pagos como una forma de garantizar estabilidad.
3. Cobro de «cuotas navideñas»: Aunque se redujo en algunas áreas, se documentaron casos donde el cobro se mantuvo, ya sea voluntario o bajo presión.

Extensión del Piloto y Perspectivas Futuras

El proceso de diálogo ha sido clave para proteger la vida en los territorios intervenidos, según la senadora Isabel Zuleta. Con el anuncio de la extensión del piloto, se busca consolidar estrategias de transformación social en el Valle de Aburrá y avanzar en la construcción de una paz urbana duradera.

A pesar de los avances, el informe también destaca la necesidad de un marco jurídico claro para formalizar los acuerdos con estructuras criminales, así como el fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Con este nuevo período de implementación, se espera una evaluación más precisa del impacto de estas medidas en la seguridad y convivencia de Medellín y Bello.

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Compartimos declaración del doctor Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas EPS, con relación a la rueda de prensa del @Minsaludcol este lunes en la mañana. pic.twitter.com/C5Ne5J0GJb

— Gestarsalud (@Gestarsalud) November 20, 2023

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, ha rechazado las recientes afirmaciones del Ministro de Salud y ha pedido una revisión más completa de la situación. Rueda afirmó que algunas conclusiones pueden deberse a la falta de información completa para el análisis o a una perspectiva diferente de la situación que enfrenta la EPS.

Por otro lado, el director de la Adres, Félix León, ha aclarado que, según sus registros, solo se le adeuda a Sanitas un total de $6 millones de pesos, refutando la cifra de 780 mil millones que ha argumentado la EPS. León explicó que las deudas mencionadas por Sanitas corresponden a glosas en el Fosyga del Gobierno anterior, las cuales han sido rechazadas.

Compartimos declaración del doctor Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas EPS, con relación a la rueda de prensa del @Minsaludcol este lunes en la mañana. pic.twitter.com/C5Ne5J0GJb

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¿Qué dice el Ministro?

En declaraciones anteriores, el ministro Jaramillo señaló que el gobierno ha cumplido con los pagos correspondientes a Sanitas y está al día con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPS) y los presupuestos máximos. Cuestionó públicamente las afirmaciones de la EPS de que se les debe dinero por parte de la Adres.

Por su parte y en un desesperado intento por resolver la creciente crisis financiera, el presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, expresó su preocupación al afirmar: «Hemos buscado esa reunión a través de varios canales. Directamente con él y su equipo de trabajo. Y desde el 27 de agosto no hemos logrado continuar esa conversación».

Lea también: Cruz Verde no entregará más medicamentos no PBS a EPS Sanitas

Esta situación se ha agravado con la decisión desde que la cadena de droguerías Cruz Verde decidió dejar de entregar medicamentos No PBS a los 5,8 millones de usuarios de Sanitas, generando preocupación en medio de esta controversia financiera. La crisis requiere una atención urgente por parte de las autoridades para garantizar la continuidad de los servicios de salud a los usuarios de la EPS Sanitas.

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