Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno peruano, Eduardo Arana, en una rueda de prensa recogida por la emisora RPP en la que ha indicado que, con esta visita, «estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y ante los retos y desafíos que tenemos en la comunidad».

La zona se ha convertido en el foco de una nueva disputa entre Lima y Bogotá, apenas varios meses después de que hayan restablecido relaciones diplomáticas tras dos años de desavenencias –a cuenta de unas declaraciones de Petro en las que comparó la represión de las protestas desatadas contra Boluarte a principios de 2023 con los nazis–.

Arana, quien ya viajó a Santa Rosa la semana pasada, ha reafirmado «la soberanía peruana sobre la isla de Chinería», que para Lima incluye la disputada Santa Rosa, aludiendo al proceso de demarcación «derivado del Tratado de 1922».

Días antes, el mandatario colombiano acusó a Perú de «copar un territorio que es de Colombia», unas declaraciones tras las que el Ministerio de Exteriores del país vecino expresó «su más firme y enérgica protesta», defendiendo la creación, a mediados de junio, «de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución».

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«Soberanía nacional que no está en conflicto, con un tema pendiente de tratar de ninguna manera. Así lo dice el tratado de 1922 y el protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital, Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro soberanía nacional por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos», afirmó.

Perú afirma que desde hace años hay población peruana en la isla de Santa Rosa de Loreto, lo que muestra que ese país ha ejercido soberanía sobre ese territorio.

Ayer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en Leticia y afirmó que la isla Santa Rosa no hace parte del acuerdo firmado entre los dos países en 1934 porque se formó posteriormente.

Petro leyó una declaración en la que aseguró que esa isla no fue asignada a ninguno de los dos países y cualquier decisión sobre ellas debería ser fruto de un nuevo acuerdo.

«La ley por medio de la cual se crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona», dijo Petro en la declaración.

El presidente señaló que ya fue convocada la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana, que deberá sesionar los próximos 11 y 12 de septiembre, para discutir el tema.

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El fiscal Ángel Astocondor ha emitido una disposición que amplía los hechos materia de investigación aún en fase preliminar y se ha incluido como investigado al empresario Eduvigis Beltrán Salinas y a la propia Boluarte, quien en la fecha de los acontecimientos no tenía la condición de aforada, según recoge el diario peruano ‘El Comercio’.

La disposición prevé además la declaración de los implicados, incluida la de Dina Boluarte, que deberá comparecer el 14 de octubre de 2025.

Según la disposición, el 19 de mayo del 2021 Boluarte participó en una reunión en la que el empresario prometió entregar el dinero para gastos de la batucada de acompañamiento musical en las actividades de campaña de Boluarte durante el final de la campaña de la segunda vuelta.

«Se tendría que el dinero en mención se habría logrado entregar a Dina Boluarte Zegarra de manera directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga Ortiz, en una fecha que oscila entre el 19 y 26 de mayo de 2021, sin descartarse que el intermediario de la recepción de dicho dinero pueda haber sido otra persona», explica el documento.

El empresario Beltrán ha negado haber entregado el dinero para la campaña electoral de Boluarte e incluso ha negado conocerla en persona. El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

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Acusaciones y contexto del caso

Nicanor Boluarte enfrenta cargos por tráfico de influencias, cohecho activo genérico y organización criminal. Según la Fiscalía, habría aprovechado su relación con la mandataria para designar a funcionarios públicos afines en puestos clave, con el objetivo de fortalecer al partido político Ciudadanos por el Perú. Además, se le acusa de exigir aportes económicos a los designados y utilizar estos recursos para promover la inscripción del partido en futuras elecciones.

Las sospechas de su posible fuga aumentaron tras su ausencia en la audiencia judicial, donde se conectó virtualmente por última vez desde un vehículo. Desde entonces, su paradero es desconocido. Su abogado, Luis Vivanco, confirmó que no ha logrado contactarlo en los últimos días.

Antecedentes y otras implicaciones

Esta no es la primera vez que Nicanor Boluarte enfrenta problemas legales. En mayo pasado fue detenido preliminarmente por este mismo caso, pero fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, las recientes investigaciones han revelado nuevos elementos, incluyendo testimonios que lo vinculan con contrataciones irregulares en programas sociales durante la gestión de su hermana como ministra.

El caso también implica a otras figuras, como Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta, acusado de ser el brazo legal de la organización; Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de Gobierno Interior, señalado como responsable de aprobar los nombramientos; y Zenovia Herrera Vásquez, quien habría propuesto candidatos para los cargos estratégicos.

Impacto en la imagen presidencial

La presidenta Dina Boluarte, que ya enfrenta una popularidad históricamente baja con un 3% de aprobación, ha negado cualquier vínculo con los actos de su hermano. Sin embargo, su silencio reciente frente a este caso ha generado críticas y dudas sobre su posición en el gobierno.

Además, la mandataria está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito y por su supuesta complicidad en la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022.

Futuro incierto

Mientras continúan las investigaciones, el paradero de Nicanor Boluarte sigue siendo un misterio. Las autoridades intensifican la búsqueda, conscientes de que su parentesco con la presidenta podría facilitar una posible huida del país.

El caso «Los Waykis en la sombra» no solo pone en jaque la credibilidad de la familia Boluarte, sino que también representa un desafío para la estabilidad política del Perú en un contexto de constantes tensiones sociales y desconfianza hacia las instituciones.

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