La acción fue desarrollada por tropas del Batallón de Selva N.° 57 de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol (SIJIN) de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Según las autoridades, la captura fue el resultado de un proceso investigativo que se extendió por más de diez meses y permitió recopilar información clave sobre las actividades que presuntamente desarrollaba dentro de la organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Zarco” haría parte de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y tendría una trayectoria criminal cercana a ocho años dentro de esta organización ilegal.

Las autoridades indican que inicialmente habría desempeñado funciones relacionadas con inteligencia criminal, control de movilidad, coordinación de actividades ilícitas y apoyo logístico para la estructura en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Posteriormente, habría ascendido dentro de la organización hasta convertirse en presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios, siendo señalado de coordinar acciones criminales relacionadas con homicidios selectivos, intimidaciones y otras actividades orientadas al fortalecimiento del control territorial y financiero del grupo armado ilegal.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, el hombre se encontraba en Medellín cuando fue ubicado por las autoridades, que adelantaron el procedimiento judicial para hacer efectiva la orden de captura.

Tras su detención, alias “Zarco” fue trasladado al municipio de El Bagre y puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial en su contra.

Las autoridades señalaron que esta captura representa un golpe a las estructuras criminales que operan en el Bajo Cauca antioqueño y hace parte de las acciones desplegadas para afectar las capacidades de grupos armados ilegales con presencia en diferentes regiones del departamento.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones conjuntas con las autoridades judiciales y de policía para combatir las organizaciones criminales que afectan la seguridad de las comunidades en Antioquia.

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El Ministerio de Educación informó que actualmente se encuentran en ejecución, estructuración o finalización ocho proyectos estratégicos orientados a la construcción de nuevas sedes, ampliación de espacios académicos, dotación de laboratorios y adecuación de infraestructura universitaria.

Las iniciativas buscan aumentar la cobertura educativa y mejorar las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes en universidades e instituciones públicas de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.

Entre los proyectos en marcha se destacan la instalación de ambientes modulares en la sede de la Universidad de Antioquia en Arboletes y en la sede del Instituto Universitario Pascual Bravo en El Bagre, obras que permitirán crear cerca de 920 nuevos cupos para estudiantes de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

Asimismo, avanzan proyectos como la dotación de laboratorios para la Institución Universitaria Digital de Antioquia en Medellín y la ampliación de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Rionegro.

Las inversiones también contemplan la finalización del Bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado, la ampliación del complejo deportivo de la sede Urabá del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y nuevas obras en la Universidad de Caldas.

Proyectos estratégicos para Antioquia

Dentro de la proyección nacional de infraestructura educativa contemplada en el CONPES 4181 de 2026, Antioquia figura entre los territorios priorizados para futuras inversiones.

Entre las iniciativas proyectadas sobresalen la construcción de nuevas instalaciones para la Universidad de Antioquia en Apartadó, San Pedro de Urabá y El Carmen de Viboral; la ampliación de la sede El Bagre del Pascual Bravo; el fortalecimiento de la infraestructura del Tecnológico de Antioquia y la construcción del Bloque 7 del Laboratorio Global de Aprendizaje de la Institución Universitaria Pascual Bravo en Medellín.

También se contempla la dotación de la nueva sede del Tecnológico de Artes Débora Arango en Envigado y la ampliación del Bloque P17 del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, estas inversiones buscan responder al crecimiento de la demanda de educación superior pública y acercar oportunidades de formación a jóvenes de distintas subregiones del departamento.

Las obras forman parte de una estrategia nacional para ampliar la cobertura educativa, fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la infraestructura de las universidades públicas, especialmente en territorios donde históricamente han existido limitaciones para acceder a la educación superior.

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La decisión fue adoptada por Corantioquia en el marco de la estrategia Formalizar para Regenerar, que busca promover prácticas responsables y sostenibles en el sector minero.

De las licencias otorgadas, tres corresponden a procesos de formalización de pequeña minería y una a la regularización de mediana minería, lo que representa un avance en la organización del sector en esta subregión del departamento.

Según la entidad ambiental, estas autorizaciones permiten que las empresas operen bajo un instrumento regulatorio previo, articulado con la Agencia Nacional de Minería, con el objetivo de fortalecer la adopción de buenas prácticas ambientales y una gestión más controlada del territorio.

La directora de Corantioquia, Liliana María Taborda González, aseguró que esta medida hace parte de los esfuerzos por impulsar una minería con enfoque sostenible. “Seguimos avanzando en la formalización de las pequeñas y medianas empresas, con el propósito de recomponer los tejidos ambientales y sociales en nuestra jurisdicción”, indicó.

La funcionaria también resaltó el proceso adelantado por los mineros, quienes durante varios años gestionaron su regularización, lo que ahora les permitirá operar dentro del marco legal y con mayores condiciones de estabilidad.

Desde el sector empresarial, Santiago Cardona, vicepresidente de Mineros S.A. para Colombia, destacó el impacto social de la medida y la importancia de la articulación entre entidades públicas y privadas para avanzar en modelos de minería regenerativa.

Las autoridades señalaron que este proceso refleja la coordinación entre entidades ambientales, autoridades mineras, administraciones locales y empresas, como parte de una apuesta por consolidar un modelo productivo con impacto en el desarrollo territorial.

Con este avance, Corantioquia reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la recuperación de ecosistemas y el fortalecimiento del tejido social en las zonas bajo su jurisdicción.

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De acuerdo con información de Corantioquia, el animal fue trasladado el pasado 31 de marzo al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Medellín, luego de ser reportado por ciudadanos y funcionarios de una empresa en el corregimiento Puerto Claver.

Durante la valoración médica, especialistas evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo del ejemplar. Exámenes radiográficos permitieron identificar la presencia de 19 perdigones, de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, alojados en su estructura osteomuscular.

Según el equipo veterinario, estas heridas comprometieron gravemente su movilidad y estado general de salud, provocando finalmente su fallecimiento.

Además, los análisis sugieren que el animal habría permanecido previamente en cautiverio, lo que podría estar relacionado con prácticas de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Desde la autoridad ambiental rechazaron este tipo de hechos y reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la caza, tenencia y comercialización de especies silvestres, actividades que continúan representando una amenaza para la biodiversidad en el departamento.

Asimismo, invitaron a reportar cualquier situación que afecte la fauna a través de las líneas de atención habilitadas y recordaron que la protección de los ecosistemas es una responsabilidad compartida.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los animales silvestres en medio de prácticas ilegales y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y control en el territorio.

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En el municipio de El Bagre fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Caparros, en medio de un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía.

De acuerdo con información oficial, la acción fue desarrollada por tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscrito a la Décima Primera Brigada, en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en el marco de operaciones de control territorial en el Bajo Cauca antioqueño.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola, municiones y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron en poder de los investigadores como parte del proceso judicial.

Los capturados son señalados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según las indagaciones preliminares, estarían presuntamente vinculados a actividades de extorsión contra comerciantes de la zona.

Tras su detención, los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación jurídica en las próximas horas.

En esta subregión del departamento de Antioquia, las autoridades mantienen operativos para contrarrestar la presencia de estructuras armadas ilegales y reducir delitos como la extorsión y el tráfico de armas.

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La jornada de protesta, que completó cerca de 12 días desde su inicio el pasado 16 de marzo, generó impactos en corredores estratégicos y episodios de alteración del orden público en municipios como Caucasia y El Bagre.

Acuerdos y articulación institucional

En el proceso de negociación participaron entidades como el Ministerio del Interior de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y la Agencia Nacional de Minería, con acompañamiento de organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

Según lo informado, los acuerdos alcanzados serán anunciados oficialmente por la mesa del paro minero en las próximas horas.

Las autoridades destacaron que, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), se mantuvo un monitoreo permanente durante las jornadas de protesta, permitiendo la toma de decisiones oportunas y la coordinación interinstitucional para preservar el orden público y los derechos de la ciudadanía.

Balance de seguridad durante el paro

Durante los días de movilización, la Policía Nacional de Colombia desplegó más de 500 uniformados en la región para garantizar la seguridad, acompañar las marchas y mitigar los efectos de los bloqueos.

Bajo la coordinación del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, los operativos se concentraron en puntos críticos como Caucasia, El Bagre y el sector de Jardín de Tamaná, conocido como “El Humo”, donde se registraron bloqueos viales y hechos de violencia como la incineración de vehículos.

En medio de estos hechos, fue capturado un joven de 21 años, señalado de participar en la obstrucción de vías y en agresiones contra uniformados en el municipio de El Bagre. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, las autoridades informaron que avanzan en la identificación de otros presuntos responsables de actos vandálicos, por quienes se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Llamado a la legalidad y advertencias

Tras el levantamiento del paro, el Gobierno reiteró su respeto por la protesta social como un derecho legítimo, pero rechazó cualquier manifestación de violencia.

Asimismo, hizo un llamado a que los procesos de formalización minera avancen dentro del marco legal y con responsabilidad ambiental.

Finalmente, se advirtió que continuará la ofensiva contra la minería ilegal con acciones coordinadas entre la Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, en medio de los retos de seguridad que persisten en esta subregión del país.

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El caso se conoció después de que la víctima, recluida y sometida a maltratos físicos y psicológicos, huyera en un descuido del grupo armado que lo mantenía retenido. De acuerdo con la información recopilada, el hombre habría sido engañado con una supuesta oferta laboral y, una vez en la zona, fue obligado a permanecer en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte.

Según fuentes consultadas, su retención tendría como objetivo forzar su incorporación al componente armado de la subestructura Uldar Cardona Rueda, una de las células del Clan del Golfo que opera en la región.

Tras su huida, el hombre fue ubicado por uniformados del Ejército y la Policía en medio de una operación articulada. Posteriormente, fue puesto bajo protección de la Personería de El Bagre, donde se activó la ruta de atención para personas en riesgo por presencia de actores armados ilegales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la persistencia del reclutamiento forzado y el uso de engaños laborales como método para captar personas en regiones donde los grupos armados mantienen control territorial. Las autoridades investigan si existen más víctimas bajo este mismo modus operandi.

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Según información oficial, el detenido haría parte de la subestructura Uldar Cardona Rueda, donde habría cumplido funciones como sicario y presunto encargado de labores de inteligencia delictiva. De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias “Chicharrón” llevaría alrededor de seis años dentro de la organización criminal, con injerencia directa en la zona rural de El Bagre.

Las autoridades señalaron que el capturado se encargaba de reportar los movimientos de la fuerza pública para obstaculizar las operaciones de seguridad y mantener informados a alias “Sombra” y alias “Torres”, señalados como cabecillas de esa estructura armada en la región.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola, 25 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor y un celular, que quedaron bajo custodia judicial como elementos materiales probatorios.

Alias “Chicharrón” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El operativo hace parte de las acciones que adelantan las fuerzas militares y de policía en el Bajo Cauca, una de las zonas más afectadas por la disputa territorial de estructuras armadas ilegales y el fortalecimiento de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.

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La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que el crimen se cometió la madrugada del 19 de febrero de 2023 en una vivienda de la vereda Medios de Maniceri. Allí, Ramos Payares disparó contra la víctima delante de su madre y padrastro. Debido a la gravedad de las heridas, la joven falleció tres semanas después en Montería (Córdoba).

Antecedentes de violencia

Las pruebas recolectadas evidenciaron un ciclo de violencia física, verbal y psicológica ejercido por el hoy condenado. En diciembre de 2022, cuando la mujer iniciaba un embarazo con el procesado, este la golpeó y la arrojó al suelo.

Un mes después, el 9 de enero de 2023, el agresor asesinó con un arma de fuego a Lulú, la mascota de la víctima, frente a varios testigos. Según la Fiscalía, esa acción fue utilizada como amenaza de lo que posteriormente sucedería.

Condena

Además del delito de feminicidio agravado, Ramos Payares fue hallado responsable de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con esta decisión, la justicia reafirma la responsabilidad penal en casos de violencia extrema contra las mujeres en Colombia.

Foto: Colprensa

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