El procedimiento fue adelantado mediante tres diligencias de allanamiento, en una operación en la que participaron unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte, la Policía de La Guajira y capacidades de investigación criminal, con apoyo del Ejército Nacional.

Los capturados fueron identificados con los alias de “Yormar”, “Edison”, “Abraham” y “Yorki” y quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

Armas, municiones y dinero incautados

Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de dos fusiles, uno Galil SAR y otro AK-47; una pistola Glock 17 y un revólver Smith & Wesson.

También fueron encontrados dos proveedores para fusil calibre 5.56, dos proveedores calibre 7.62, 78 cartuchos calibre 5.56, 21 cartuchos calibre 7.62, 27 cartuchos calibre 9 milímetros, siete cartuchos para escopeta calibre 12 y 18 cartuchos calibre .38.

En los procedimientos también se incautaron cuatro banderas alusivas al ELN, cuatro chalecos tipo arnés, tres radios de comunicación, dos pierneras, un par de botas y tres teléfonos celulares.

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue la cantidad de dinero en efectivo encontrada durante los operativos: en total, fueron incautados 114 millones de pesos.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, las labores de inteligencia e investigación permitieron establecer que alias “Yormar” llevaría aproximadamente tres años vinculado al ELN y estaría relacionado con actividades logísticas de esta estructura.

Las autoridades señalaron que la operación se apoyó en información suministrada por dos fuentes humanas, además de labores de verificación y reconocimiento que permitieron orientar los procedimientos realizados en la zona rural de Maicao.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó la coordinación entre las diferentes capacidades de la institución y las Fuerzas Militares para combatir a las estructuras armadas ilegales.

Según el oficial, la Dirección de Tránsito y Transporte no solo desarrolla labores relacionadas con la vigilancia y control de los corredores viales, sino que también cuenta con capacidades de inteligencia e investigación criminal que pueden ser articuladas con otras unidades para afectar las estructuras delictivas.

Con este operativo, las autoridades buscan afectar las capacidades armadas y logísticas que, según la investigación, tendría esta estructura del ELN en La Guajira. Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.

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Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a Muhamad en medio de la concentración, en la que también participaron integrantes de colectivos ciudadanos y organizaciones que expresaban diferentes reclamos frente al ICBF.

La sede amaneció posteriormente con pinturas y grafitis en paredes y zonas del piso, entre ellos mensajes relacionados con causas sociales y políticas.

🚨 #URGENTE | en redes, usuarios identificaron a Susana Muhammad (@susanamuhamad), exministra de Medio Ambiente, como una de las asistentes a las manifestaciones en el @ICBFColombia, en las que ocurrieron diferentes actos de vandalismo y se pintaron murales. pic.twitter.com/t5O1GzmMN1

— Nación Paisa (@NacionPaisa) September 7, 2026

Videos ubican a la exministra durante la protesta

De acuerdo con el material audiovisual divulgado en redes sociales, Muhamad estuvo presente durante la manifestación. En una de las escenas se observa a la exfuncionaria interactuando con integrantes de la fuerza pública.

En medio de la situación, la exministra habría advertido sobre la presencia de niños en el lugar y cuestionado una eventual intervención de las autoridades.

La presencia de menores durante este tipo de concentraciones generó cuestionamientos en redes sociales, particularmente por las circunstancias en las que terminó desarrollándose la protesta.

Durante su paso por el Ministerio de Ambiente, Muhamad defendió propuestas relacionadas con la protección de ecosistemas y la construcción de territorios en los que se promovieran alternativas económicas para las comunidades.

¿Qué ocurrió frente al ICBF?

La jornada dejó como resultado afectaciones en la fachada de la sede regional del ICBF en Bogotá, donde fueron encontrados diferentes grafitis y mensajes.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron los daños y determinar, si corresponde, responsabilidades individuales por los actos que puedan constituir infracciones o delitos.

Hasta el momento, la sola presencia de Susana Muhamad en el lugar no demuestra que haya participado directamente en los daños ocasionados a la sede. La responsabilidad por cualquier conducta concreta deberá determinarse con base en las evidencias y actuaciones de las autoridades competentes.

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Tras el ataque registrado durante la noche del 4 de septiembre contra el Cantón Militar El Trapiche, en el marco de hechos atribuidos por las autoridades al ELN, fueron anunciadas nuevas medidas de seguridad para Ocaña y otros sectores de la región del Catatumbo.

El ataque y los combates posteriores dejaron tres integrantes de la Fuerza Pública muertos: el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez.

Tras la situación, se realizó un consejo de seguridad con participación de autoridades departamentales y altos mandos militares y policiales, en el que se definieron acciones para reforzar el control territorial y la capacidad de respuesta frente a los grupos armados ilegales.

Reorganizan la campaña militar y policial ‘Esparta’

Una de las principales decisiones fue la reestructuración, reorganización y activación de la campaña militar y policial ‘Esparta’, que tendrá su sede en Ocaña.

Según el Ministerio de Defensa, esta estrategia permitirá coordinar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para enfrentar a las estructuras armadas y organizaciones criminales que operan en la zona.

También se ordenó fortalecer el control sobre los corredores utilizados por grupos armados ilegales para movilizar integrantes, armas, explosivos y recursos derivados de actividades ilícitas entre el sur del Cesar y Ocaña.

Activarán centro de inteligencia en Ocaña

Otra de las medidas anunciadas es la puesta en funcionamiento del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT) en Ocaña.

Este organismo tendrá como objetivo articular información y capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía y otras entidades estatales para identificar amenazas y orientar las operaciones contra las estructuras armadas que operan en la región.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el centro buscará contribuir a la identificación de responsables de hechos violentos y anticipar posibles acciones que puedan afectar a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.

Fortalecerán coordinación con la Fiscalía

En Ocaña también entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT), creado para fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.

La medida busca facilitar el intercambio de información y apoyar los procesos de investigación y judicialización relacionados con ataques y otros delitos atribuidos a organizaciones armadas y criminales.

Las autoridades señalaron que esta articulación también estará orientada a identificar y judicializar a integrantes de las denominadas redes de apoyo de estos grupos.

Las medidas se extenderán al Catatumbo

El Ministerio de Defensa indicó que las acciones hacen parte de una estrategia de seguridad para el Catatumbo y que su ejecución deberá realizarse dentro del marco de la Constitución, la legislación colombiana y el Derecho Internacional Humanitario.

Las autoridades anunciaron que mantendrán el despliegue de capacidades militares y policiales en la región, con énfasis en la protección de la población y en las operaciones contra las estructuras armadas, sus principales integrantes y sus fuentes de financiación.

La ciudadanía también fue invitada a suministrar información que pueda contribuir a la prevención de hechos terroristas y a la identificación de responsables, a través de las líneas habilitadas por las autoridades.

La investigación sobre el ataque y las circunstancias en las que murieron los tres militares continúa en manos de las autoridades competentes.

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Los hechos se registraron en la vereda La Madera, donde tropas del Grupo Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada adelantaban acciones para contrarrestar actividades relacionadas con el delito de extorsión.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, durante el operativo se produjo un combate con presuntos integrantes de esta estructura delincuencial. Como resultado, uno de los hombres fue capturado luego de resultar herido y posteriormente fue trasladado a un hospital de La Unión, donde recibió atención médica.

En el mismo procedimiento, otro hombre murió durante el desarrollo de las operaciones militares.

Incautan armas, munición y una motocicleta

Durante la operación, las tropas incautaron dos armas de fuego de corto alcance, dos proveedores, 22 cartuchos y una motocicleta.

Tras el enfrentamiento, se realizaron los actos urgentes con participación de personal del CTI del Gaula Militar Oriente y de la Sijín del municipio de El Carmen de Viboral, con el propósito de adelantar las diligencias judiciales correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la responsabilidad y participación de las personas involucradas en las actividades que son materia de investigación.

Ejército reporta acciones contra la extorsión

Según el Ejército, la operación estaba dirigida a afectar las actividades de extorsión que presuntamente venían realizando integrantes de esta estructura en la zona.

Después del enfrentamiento, las autoridades también brindaron seguridad a una familia que, de acuerdo con la información oficial, estaría siendo víctima de presuntas acciones extorsivas.

El Ejército Nacional señaló que estas operaciones hacen parte de la ofensiva contra estructuras delincuenciales que tendrían presencia en diferentes sectores de Antioquia.

La institución también indicó que, según información recopilada durante sus operaciones, el grupo ‘El Mesa’ estaría relacionado con acciones de intimidación a la población civil mediante la instalación de banderas y grafitis alusivos al ELN. Esta información hace parte de las hipótesis y elementos que deberán ser verificados por las autoridades competentes.

Autoridades piden denunciar casos de extorsión

El Gaula Militar reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos relacionados con extorsión o amenazas y evitar entregar dinero a quienes realicen este tipo de exigencias.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 147 del Gaula Militar, mecanismo dispuesto para recibir información y activar las acciones correspondientes.

Las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operaciones en Antioquia para combatir las estructuras delincuenciales y proteger a la población civil.

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Una operación militar desarrollada en zona rural de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, dejó como resultado la neutralización de dos presuntos integrantes de una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó el Ministerio de Defensa Nacional.

La acción fue ejecutada durante la noche del lunes 10 de agosto, como parte de las operaciones de las Fuerzas Militares contra estructuras armadas que operan en esta zona del departamento.

Incautaron explosivos y material de guerra

De acuerdo con el reporte oficial, durante la operación fueron incautadas aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos, además de diverso material de guerra, comunicaciones e intendencia.

Entre los elementos encontrados se destacan 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, un tipo de armamento que puede representar un riesgo para la población civil y las unidades militares en zonas donde operan estructuras armadas.

Las Fuerzas Militares también ubicaron y destruyeron dos búnkeres y cinco áreas campamentarias que, según el Ministerio de Defensa, eran utilizadas por la estructura criminal.

Ministerio de Defensa aclara ubicación de la operación

El Ministerio de Defensa precisó que la operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto.

La entidad aclaró además que la acción militar no ocurrió específicamente en la vereda El Sinaí, como ha sido señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales.

La precisión fue entregada ante la circulación de información sobre el lugar exacto donde se habría desarrollado la operación.

Operación bajo normas del Derecho Internacional Humanitario

Según el Ministerio de Defensa, la operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario (DIH), teniendo en cuenta las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad.

La entidad señaló que durante la acción se priorizó la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como la integridad de los uniformados que participaron en el operativo.

Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la operación y avanzar en las investigaciones relacionadas con el material incautado y la estructura señalada por las Fuerzas Militares.

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En desarrollo de operaciones militares, tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Departamento de Policía de Antioquia, capturaron a un hombre señalado de pertenecer al Frente José Antonio Galán, estructura del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, como parte de las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares y la Policía para afectar las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

El capturado fue identificado por las autoridades con el alias de «Rafa» o «Rafita», a quien señalan como presunto cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) de esa estructura del ELN. De acuerdo con la información oficial, tendría una trayectoria cercana a cinco años dentro de la organización.

Según las investigaciones, el hombre sería el presunto responsable de administrar los recursos obtenidos mediante extorsiones a los sectores minero, comercial y ganadero, además de coordinar actividades logísticas y ejercer funciones de apoyo para el control territorial bajo las órdenes de los cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Las autoridades indicaron que este resultado representa un golpe contra las redes de apoyo y las fuentes de financiación ilegal de esa estructura armada, al afectar uno de los presuntos responsables del manejo económico de la organización en la zona.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

Desde la Cuarta Brigada del Ejército señalaron que las operaciones conjuntas con la Policía Nacional continuarán en diferentes municipios de Antioquia con el propósito de debilitar las capacidades operacionales y financieras de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento.

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Dos soldados del Ejército Nacional murieron y cinco más resultaron heridos durante un operativo para rescatar a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, que fueron retenidas por presuntos integrantes del ELN en la vía que comunica a Quibdó con el municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el Ejército, la retención ilegal ocurrió en la mañana de este 14 de julio, cuando los ocupantes de dos vehículos de servicio público fueron obligados a detenerse, situación que también provocó el bloqueo de este importante corredor vial.

Tras conocer lo sucedido, tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, con apoyo del Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea, el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26 y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, iniciaron una operación para rescatar a los civiles y recuperar el control de la carretera.

Durante el despliegue militar, las tropas fueron atacadas con la activación de un artefacto explosivo, seguida de un enfrentamiento armado con presuntos integrantes del ELN.

Como consecuencia del ataque, dos soldados perdieron la vida y cinco uniformados resultaron heridos, quienes fueron evacuados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Al cierre del reporte oficial, las operaciones militares continuaban con el objetivo de lograr la liberación de las personas retenidas, restablecer la movilidad en la vía y garantizar la seguridad de los viajeros.

El Ejército Nacional rechazó el ataque y señaló que este tipo de acciones representan una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al afectar tanto a la población civil como a los integrantes de la Fuerza Pública que adelantaban labores de protección.

La institución también informó que activó los protocolos de atención para brindar acompañamiento a las familias de los soldados fallecidos y aseguró que mantendrá las operaciones en la zona para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y recuperar la normalidad en este corredor del Chocó.

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Soldados del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos que fueron hallados abandonados en un camino de la vereda La Soledad, zona rural del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por la Décima Cuarta Brigada, los explosivos fueron ubicados durante operaciones militares en un sendero utilizado habitualmente por los habitantes de la comunidad, lo que representaba un riesgo para campesinos, transeúntes y menores de edad que circulan por el sector.

Las autoridades señalaron que los artefactos serían atribuidos al Frente Capitán Mauricio, estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tiene presencia en esa región del departamento.

Tras el hallazgo, un equipo especializado en Explosivos y Demoliciones (EXDE) realizó la destrucción controlada de los elementos, con el fin de eliminar cualquier amenaza para la población y evitar que fueran activados de manera accidental o utilizados para cometer acciones armadas.

El Ejército indicó que la rápida intervención permitió neutralizar el riesgo sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones a la comunidad.

Las autoridades mantienen operaciones en el Nordeste antioqueño para ubicar este tipo de artefactos y reducir los riesgos derivados de la presencia de grupos armados ilegales en la zona.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite manipular objetos sospechosos y reporte de inmediato cualquier hallazgo a las autoridades competentes.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la investigación se adelanta con carácter prioritario y advirtió que no se permitirá ningún tipo de connivencia, omisión o conducta irregular dentro del sector defensa.

Según indicó, cualquier vínculo entre integrantes de la Fuerza Pública y estas actividades será sancionado con todo el peso de la ley. “Aquí no hay espacio para la complacencia”, reiteró el funcionario al referirse a la gravedad de los hechos denunciados.

El pronunciamiento se produce en medio de un contexto de presión sobre las autoridades por el avance de la minería ilegal en Antioquia, especialmente en zonas como el Bajo Cauca, donde esta actividad se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales.

En ese escenario, el ministro también destacó los resultados operativos alcanzados en lo corrido de 2026. De acuerdo con cifras oficiales, han sido intervenidas cerca de 2.500 minas ilegales y destruidas alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilícita, lo que representa un incremento superior al 40 % frente al año anterior.

Las autoridades han vinculado estas economías con el financiamiento de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, que mantienen presencia en varias regiones del país.

El caso de Caucasia se suma a una serie de alertas sobre la persistencia de actividades ilegales en territorios estratégicos, lo que ha reactivado el debate sobre la efectividad de las operaciones de control y la vigilancia institucional en zonas de alta complejidad.

El ministro reiteró el respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública que cumplen con su labor, pero insistió en que cualquier irregularidad será investigada sin excepciones, en un intento por enviar un mensaje de control interno y transparencia.

Foto cortesía: New York Times

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Los detenidos fueron identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón, quienes deberán responder por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

Operación conjunta con autoridades internacionales

Las capturas se realizaron en operativos articulados entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, en diferentes zonas del país.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba veleros y contenedores de carga para ocultar cocaína con destino a Estados Unidos, una modalidad que evidencia la sofisticación logística de estas redes transnacionales.

Rutas y alianzas criminales

Las autoridades señalan que esta estructura mantenía alianzas con grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’ y el ELN, lo que les permitía movilizar los cargamentos por corredores estratégicos hasta puertos en la costa Caribe.

Entre los puntos identificados para el envío de la droga se encuentran Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, desde donde salían los estupefacientes hacia mercados internacionales.

Capturas y hallazgos

Según la Fiscalía, Zapata Zuluaga sería el principal articulador de la red y fue ubicado en una finca de alto valor en Guatapé, Antioquia.

Por su parte, Sebastián Bedoya Pineda fue capturado en una vivienda del barrio El Poblado, en Medellín. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentación contable que evidenciaría transacciones superiores a los $2.000 millones.

También fueron hallados billetes marcados con códigos, que presuntamente eran utilizados como mecanismo de verificación en la entrega de los cargamentos y en el retorno de los pagos desde el exterior.

Finalmente, Sebastián Garzón fue capturado en el municipio de Cartago, Valle del Cauca.

Red transnacional en la mira

Este caso pone nuevamente en evidencia las conexiones entre estructuras criminales locales y organizaciones internacionales, así como el uso de rutas marítimas para el tráfico de drogas.

Las autoridades avanzan en el proceso de extradición de los capturados, mientras continúan las investigaciones para identificar otros posibles integrantes de la red.

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