La cifra fue revelada durante la sesión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), realizada en la Casa de Nariño, donde se presentaron avances clave en la ejecución de este compromiso.

Recursos para indemnizaciones colectivas e individuales

De acuerdo con el informe presentado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre junio de 2021 y diciembre de 2022 se transfirieron estos recursos a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Los fondos han permitido:

• Financiar 21 indemnizaciones colectivas
• Otorgar 2.335 indemnizaciones individuales
• Adquirir 76 bienes de inversión destinados a procesos de reparación

En total, estas acciones han beneficiado a 2.356 sujetos de reparación, en el marco de las medidas contempladas en el Acuerdo de Paz.

Cumplimiento de compromisos con las víctimas

La entrega y monetización de estos bienes hace parte de uno de los pilares del acuerdo firmado con las antiguas FARC: contribuir a la reparación material de las víctimas del conflicto.

Este proceso se desarrolló mediante la articulación institucional entre entidades del Estado y los firmantes, a través del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia encargada de coordinar acciones para la implementación de los compromisos.

Cierre de un proceso de casi una década

Durante cerca de diez años, las partes, con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, adelantaron la entrega material y formal de los activos.

Con este balance, el Gobierno da por culminado el proceso de inventario y disposición de bienes, consolidando un paso clave en la implementación del Acuerdo de Paz y en las medidas de reparación a las víctimas.

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Durante el seguimiento fiscal al proceso, el ente de control evidenció faltantes significativos en el inventario de bienes, así como irregularidades que agravan la falta de recursos para la reparación. Entre los hallazgos más llamativos figura la entrega de dólares falsos, así como bienes que nunca fueron formalmente puestos a disposición del sistema de justicia transicional.

La contralora delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, explicó en entrevista con 6AM W Radio que los incumplimientos afectan directamente la capacidad del Estado para responder a las víctimas. Según datos del tribunal de paz, el costo estimado para cumplir con las medidas restaurativas y reparadoras asciende a 121.858 millones de pesos, pero para 2026 solo se cuenta con 20.000 millones de pesos disponibles, una cifra que resulta insuficiente frente a las obligaciones adquiridas.

El informe señala que el componente restaurativo, considerado uno de los ejes más relevantes del acuerdo, presenta rezagos estructurales. La falta de bienes líquidos y plenamente identificados limita la ejecución de proyectos de reparación material y simbólica, y pone en entredicho el cumplimiento efectivo de las sentencias del sistema transicional.

Desde la Contraloría se advirtió que la ausencia de estos recursos no solo retrasa los procesos, sino que traslada la carga financiera al Estado, pese a que el acuerdo establecía que las antiguas Farc debían aportar su patrimonio para resarcir a las víctimas.

El organismo de control reiteró que continuará el seguimiento fiscal y pidió que se fortalezcan los mecanismos de verificación sobre los bienes reportados, en un contexto en el que las víctimas siguen esperando que las promesas de reparación se traduzcan en resultados concretos.

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Según el documento judicial estadounidense, que forma parte del proceso penal que se adelanta contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras su captura en Caracas el 3 de enero, la reunión se habría celebrado en el año 2020 en la ciudad de Medellín. En ese encuentro, de acuerdo con la acusación, el objetivo habría sido concertar mecanismos logísticos para enviar “grandes cantidades de cocaína y armas” con destino a los Estados Unidos.

El escrito de acusación, presentado ante un tribunal federal de Estados Unidos, aporta ese pasaje como parte de las investigaciones que vinculan a miembros del entorno de Maduro con actividades de narcotráfico internacional. El documento no constituye una condena ni determina responsabilidades penales definitivas, puesto que la fase judicial aún está en curso.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado oficialmente sobre las afirmaciones contenidas en el texto judicial ni sobre posibles implicaciones jurídicas o de seguridad derivadas de la supuesta reunión en Medellín hace varios años.

La mención de Maduro Guerra en el escrito se suma a otros señalamientos de la justicia estadounidense en el marco del proceso que enfrenta su padre, acusado de diversos delitos federales, incluidos conspiración para importar cocaína y narco-terrorismo.

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Según lo relata su familia, la mujer habría salido el pasado 27 de agosto desde Guachal, Nariño, donde estuvo durante varios días de vacaciones con su familia antes de iniciar el periodo de su último semestre académico y las prácticas profesionales del pregrado que desarrollaba en la Universidad de Nacional de Colombia, sede Medellín.

La denuncia de su desaparición señala que Angie Paola, viajó a la capital de Antioquia, en su retorno, en un vehículo de carga con un amigo de la familia y el ayudante del conductor, pero luego de pasar por la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, Cauca, estas personas fueron interceptadas por un retén ilegal, al parecer, por parte de las disidencias de las FARC del bloque Dagoberto Ramos, obligando a quienes iban en el vehículo de carga de descender del mismo y desviarse por otra ruta.

Ante esta lamentable situación, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se pronunció a través de un comunicado en la opinión pública, en donde le piden a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer la muerte de Angie Paola y poder garantizarle a su familia seguridad y acceso a la verdad.

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La diligencia judicial se desarrolló en Medellín durante cinco días, entre el 11 y el 15 de agosto, en el marco del Caso 10, que investiga los crímenes no amnistiables atribuidos a las extintas Farc durante el conflicto armado. Estos crímenes, por su gravedad, no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Entre los comparecientes que asistieron a las jornadas se encontraba Luis Óscar Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’, quien fue el último comandante del Bloque Noroccidental. Junto a él estuvieron Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos Urbano’), Jhover Man Sánchez Arroyave (‘Manteco’), Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’), Ovidio Antonio Mesa (‘Anderson’), Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’), Pedro Baracutao García Ospina y Hernán Gutiérrez Villada (‘Gaddafi’). Adicionalmente, cuatro firmantes de paz que no estaban convocados llegaron de forma voluntaria para contribuir a la construcción de verdad.

Las víctimas participaron de forma virtual en la audiencia y algunas de ellas pudieron formular preguntas en tiempo real a los comparecientes a través de sus abogados. La Procuraduría General de la Nación también participó como garante de los derechos de las víctimas. «Esta audiencia ha sido un reflejo de lo que es la justicia restaurativa. Estos espacios no buscan reabrir heridas, sino hacerlas visibles, conocer su alcance», señaló la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien presidió la diligencia.

Durante la audiencia, los comparecientes respondieron preguntas sobre 58 hechos victimizantes y la magistratura profundizó en la forma de operar de los frentes 9°, 18, 36, 47, Aurelio Rodríguez y el Frente Urbano Jacobo Arenas. Los exguerrilleros reconocieron que muchas de sus acciones buscaban enfrentar a la fuerza pública y a los grupos paramilitares.

«En esa época quedaron varios municipios sin puestos de Policía por el accionar nuestro», dijo Jesús Mario Arenas , quien agregó que en algunos hechos «se planeaba la acción, pero no mirábamos los efectos en la población».

Uno de los hechos más graves detallados fue el asalto a la estación de Policía de Granada, Antioquia, el 6 de diciembre de 2000. La incursión comenzó con la detonación de un carro bomba que dejó al menos 23 personas muertas, entre ellas civiles, niños y policías. Los comparecientes explicaron que en ese momento tenían la orden de atacar las estaciones como una estrategia para afectar al Estado y fortalecer su presencia territorial.

También hablaron de la toma de Nariño, Antioquia, el 30 de julio de 1999, que dejó un saldo de 10 policías y siete civiles muertos, incluyendo menores de edad. En este ataque resultaron heridas cerca de 20 personas y se produjeron graves afectaciones a edificaciones como el hospital municipal y el Banco Agrario.

Además, aportaron verdad sobre otras tomas guerrilleras como las de Ituango (1995), Campamento (1999) en Antioquia ; y las de Pensilvania (2000) y Montebonito, en Marulanda (2006), en el departamento de Caldas.

Los excombatientes admitieron haber cometido atentados para presionar el pago de extorsiones. Entre ellos, mencionaron el ataque del 25 de octubre de 2003 contra la planta de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) en Yarumal, donde instalaron un explosivo en una cantina de leche, cuyo estallido dejó varios muertos y heridos.

Asimismo, se refirieron a su participación en el atentado del 22 de julio de 2000 contra sedes de «Apuestas Echeverri» en Medellín, que también dejó varias personas heridas. Otro hecho reconocido fue la voladura del puente Danticas en San Rafael, Antioquia, en 2003, que provocó la caída de una ambulancia al abismo y la muerte de una enfermera y dos mujeres más.

Los comparecientes reconocieron el profundo impacto de la guerra sobre la población civil y reiteraron su compromiso con la justicia y la reparación. «Vinimos con el compromiso de decir la verdad, aunque sea duro. Sé que es doloroso, difícil, pero esa fue la guerra que vivimos. Pedimos que nos dejen hacer acciones de reparación en los territorios donde hicimos la guerra», expresó Jesús Mario Arenas.

En este sentido, informaron sobre iniciativas de reparación en las que trabajan, como su participación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros. También mencionaron el libro ‘Cart(a)grafías de memoria: tejidos de reconciliación’, un proyecto de reparación simbólica que contiene cartas de jóvenes de Nariño dirigidas a excombatientes y las respuestas que estos les dieron tras la dejación de armas.

Sobre este proceso de reflexión, el compareciente Ovidio Antonio Mesa afirmó: «La paz humaniza y la guerra deshumaniza. Esa parte humana la estamos viviendo ahora en el proceso de paz, pero en la guerra no la veía». Por su parte, Hernán Gutiérrez Villada, señaló que «lo peor que le puede pasar a un pueblo es una guerra porque nos matamos entre hermanos».

En los próximos meses, las víctimas tendrán la oportunidad de presentar sus observaciones sobre lo dicho por los comparecientes. Posteriormente, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP contrastará estas versiones con los informes de la sociedad civil, los procesos de la justicia ordinaria y otras pruebas.

Este proceso permitirá avanzar en la investigación para determinar quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. La JEP aclaró que estas versiones tienen carácter reservado para garantizar la seguridad de las víctimas, los comparecientes y las demás personas que participan en el proceso judicial.

Foto y noticia: Colprensa

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El encuentro se realizó este viernes con la presencia de la Fundación Revipaz, creada en 2022 por iniciativa de un sector de víctimas de secuestro y conformada conjuntamente con comparecientes del último Secretariado de las Farc.

Como parte del diálogo y los acuerdos alcanzados, en la próxima sesión Revipaz presentará la lista de los primeros proyectos restaurativos y un cronograma de ejecución, que será revisado por la Sección de Reconocimiento de Verdad para determinar cómo lo cumplirán los sancionados. Este paso no solo permitirá definir las entidades del Estado responsables y garantizar el apoyo necesario para su implementación, sino que también marcará el inicio de acciones concretas en los territorios más afectados.

La jornada permitió dar a conocer las actividades adelantadas por Revipaz, así como los objetivos y proyectos concertados de manera conjunta entre víctimas y comparecientes del Caso 01. Entre los asistentes estuvieron los comparecientes Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto con las víctimas Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz, entre otros. Las iniciativas incluirán proyectos de memoria histórica, actividades comunitarias, restauración ambiental y acciones de reparación que contribuyan a la reconciliación.

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En días pasados, los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc fueron condenados a ocho años de trabajos y obras con contenido reparador, por la política de secuestros que dejó al menos 21.396 víctimas en todo el país.

Los condenados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Esta es la primera vez que rinden cuentas ante la justicia por estos crímenes, cuya impunidad en la justicia ordinaria alcanzaba el 92%.

La JEP explicó que, al haber aportado a la verdad y reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, los ex comandantes recibieron sanciones propias, como lo establece el Acuerdo Final de Paz. Estas sanciones implican restricciones efectivas a sus derechos y libertades, como la movilidad y la residencia. Los sancionados deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados y estarán bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico.

Durante los ocho años de la sanción, los comparecientes participarán en varios proyectos enfocados en la reparación de las víctimas. Entre ellos se encuentran:

Búsqueda de personas desaparecidas: Deberán elaborar un balance de información, realizar reuniones y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El primer proyecto priorizado será la búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca.

Acción Integral contra Minas Antipersonal: Trabajarán en la recolección y sistematización de información sobre zonas de riesgo por minas antipersonal, artefactos que instalaron para ejercer control territorial.

Recuperación del medio ambiente: Deberán participar en la preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas para reparar el daño causado a los territorios por el conflicto.

Memoria y reparación simbólica: Realizarán acciones como la transcripción de testimonios, la construcción de artefactos de memoria y la organización de eventos de petición de perdón a las víctimas. Se priorizó un proyecto de memoria con relatos dignificantes que iniciará en Cali y Neiva.

Nota y foto: Colprensa

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La acción fue presentada por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, quienes denunciaron la vulneración de sus derechos de petición y debido proceso por parte de la Presidencia de la JEP.

Contexto de la tutela

Los comparecientes, el 8 de octubre de 2024, solicitaron a la JEP medidas para clarificar y unificar los procesos judiciales en los que están involucrados. Entre sus peticiones destacaban:

• Una resolución única de conclusiones por persona que consolidara todos los hechos y conductas imputadas.

• El traslado de procesos de la justicia ordinaria y extranjera a la JEP.

• La definición jurídica de comparecientes no seleccionados como máximos responsables.

• El cese de investigaciones por crímenes no amnistiables.

• La acumulación de todas las conductas no amnistiables en un único macrocaso.

Según los accionantes, la Presidencia de la JEP respondió el 7 de abril de 2025 mediante un comunicado institucional sin motivación suficiente, lo que vulneraba sus derechos fundamentales.

Decisión de la Subsección Sexta

Tras el análisis, el tribunal determinó lo siguiente:

• Improcedencia parcial: La solicitud de emitir resoluciones únicas de conclusiones fue declarada improcedente, dado que la Sección de Reconocimiento de Verdad ya había abordado este tema en el Auto TP-SeRVR-RC-AI-No.004 de abril de 2025. Además, existe otra tutela en curso sobre el mismo asunto, lo que incumple el principio de subsidiariedad.

• Tutela del derecho de petición: Se reconoció la vulneración del derecho de petición respecto a la solicitud de acumulación de conductas en un macrocaso, al no haber sido respondida de forma clara, precisa ni congruente.

• Orden a la Presidencia de la JEP: Se ordenó dar respuesta de fondo, en un plazo de 10 días hábiles, a la solicitud pendiente, con la posibilidad de articularse con otras dependencias.

• Exhortación por demora: Se llamó la atención a la Presidencia de la JEP por la tardanza en responder, dado que la contestación tomó casi siete meses, un lapso considerado excesivo.

Implicaciones

La sentencia resalta la importancia de garantizar el derecho de petición dentro de la JEP, en un contexto en el que los comparecientes buscan seguridad jurídica tras la firma del Acuerdo de Paz.

Aunque la mayoría de solicitudes fueron tramitadas, la falta de respuesta sobre la acumulación de conductas llevó a la intervención judicial, lo que podría impactar la forma en que se estructuran los futuros macrocasos de la jurisdicción.

Próximos pasos

La decisión puede ser impugnada en un plazo de tres días. Si no hay apelación, el expediente será enviado a la Corte Constitucional para eventual revisión.

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De acuerdo con Allan David Rodríguez Aristizábal, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, el referendo es jurídicamente viable gracias a la Ley 134 de 1994, que faculta al constituyente primario —es decir, al pueblo— a modificar la Constitución mediante este tipo de consultas.

“El proceso de paz se implementó a través del Acto Legislativo 2 de 2017, que lo incorporó en la Carta Política. Si bien fue el Congreso quien lo aprobó como constituyente secundario, un referendo derogatorio podría modificar esa decisión. En ese sentido, la vía legal existe”, explicó el académico.

Altas exigencias electorales

Para que prospere, el referendo debe cumplir varios pasos:

• Recolección de firmas ciudadanas.

• Convocatoria a votación en una fecha distinta a elecciones ordinarias.

• Alcanzar la participación mínima del 50% más uno del censo electoral nacional, lo que equivale a más de 19 millones de votos válidos.

En comparación, en el plebiscito por la paz de 2016 participaron 13 millones de ciudadanos, cifra inferior a la exigida hoy. Incluso en las elecciones presidenciales de 2022, la participación apenas superó los 22 millones de votantes, lo que refleja la dificultad de alcanzar dicho umbral.

Complejidad jurídica

Rodríguez aclaró que, aunque se lograra derogar el acto legislativo, no toda la arquitectura normativa del Acuerdo de Paz desaparecería de inmediato.
“La JEP, por ejemplo, fue creada por una ley independiente, al igual que otras normas que desarrollan compromisos del Acuerdo. Sería necesario revisar, una por una, qué disposiciones seguirían vigentes. Es un proceso largo y complejo”, señaló.

Implicaciones políticas

Más allá del aspecto legal, los efectos políticos serían significativos. Según el docente, derogar el Acuerdo enviaría un mensaje desalentador a otros grupos armados:
“¿Para qué desmovilizarse si luego las reglas cambian? Eso minaría la confianza en futuros procesos de negociación”.

El trámite, que podría tardar entre uno y dos años, no coincidiría con las elecciones de 2026, pero abriría un panorama incierto sobre el futuro de la implementación de los acuerdos, considerados un hito en la historia reciente de Colombia.

Foto: Colprensa

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En ese sentido, la embajada de los Estados Unidos recomendó en las últimas horas a los estadounidenses que tengan pensado viajar hacia esa ciudad y hacia el Valle “reconsiderar su viaje a esta zona”.

En esta alerta, que el gobierno estadounidense suele publicar sobre los lugares del mundo que representan algún peligro para la integridad de sus ciudadanos, se señala la delicada situación de orden público en el Valle del Cauca, donde hay grupos terroristas activos.

“Reconsidere viajar a esta zona. Los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes. Grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”, señalan en el reporte.

Entregan también información a sus ciudadanos para “mantenerse seguro en Colombia”, como número de teléfono y correo de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia y de la Agencia Consular de Estados Unidos en Barranquilla.

El atentado ocurrido el pasado jueves 21 de agosto del 2025, sucedido en cercanía de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ha dejado por el momento siete personas fallecidas y más de 70 heridos.

Las labores de inteligencia señalan que el atentado terrorista es responsabilidad del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Hoy, la Defensoría del pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca.

La entidad advirtió que en estos territorios se configura un escenario “de riesgo crítico” debido a la posible confrontación entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación

Foto y noticia: Colprensa

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La representante republicana por Florida, reconocida por su oposición frontal a los regímenes de izquierda en América Latina, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para rechazar el fallo de la Jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quien encontró responsable a Uribe del delito de soborno en actuación penal, uno de los tres cargos que enfrenta el exmandatario.

“Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía”, escribió Salazar.

🇨🇴 Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía.

Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda…

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) July 28, 2025

Para la congresista, esta decisión judicial no es aislada, sino parte de un patrón que ya ha tenido eco en otros países de la región. “Es el mismo libreto del castrochavismo: persecución política contra todo el que se oponga a sus agendas radicales”, añadió.

Salazar aseguró que la condena a Uribe se debe a su negativa a pactar con grupos criminales y a su papel como figura incómoda para sectores políticos de izquierda.

“Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela”, sentenció.

Finalmente, envió un mensaje de respaldo desde Estados Unidos:

“¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!”

⚖️ Una reacción que aviva el debate internacional

Las declaraciones de Salazar han generado reacciones encontradas en redes sociales y círculos diplomáticos. Mientras sectores afines al uribismo celebran el respaldo, otras voces advierten que este tipo de intervenciones extranjeras podrían tensar las relaciones bilaterales o alimentar la polarización política en Colombia.

Hasta el momento, la Cancillería colombiana no se ha pronunciado oficialmente sobre el pronunciamiento de la congresista.

La entrada Congresista de EE. UU. arremete contra la justicia colombiana por condena a Álvaro Uribe y desata polémica internacional se publicó primero en Nación Paisa.