En su intervención, registrada en video, Cadavid calificó la actuación de las inspectoras como una “clara retaliación” por la convocatoria de una empresa a una marcha contra el Gobierno. Aunque aseguró que no interrumpiría el procedimiento, lanzó un mensaje que ha sido interpretado como una advertencia directa:

“Si se exceden en lo que vinieron a hacer, van a tener que responder porque yo me voy a encargar de denunciar”, afirmó.

Las palabras del congresista —quien se encontraba acompañado por empresarios— han sido señaladas como un acto de presión hacia funcionarias que cumplen con una labor de control estatal, amparada por la ley. Su discurso incluyó frases como “esto no lo vamos a permitir” y “los empresarios no están solos”, dejando claro su alineación con el sector privado frente a la inspección laboral.

Petro: “Patrones de la esclavitud”

El presidente Gustavo Petro criticó de forma contundente las declaraciones de Cadavid, acusándolo de amenazar a las inspectoras y de oponerse a la protección de los derechos laborales:

“Dice un representante a la Cámara, amenazando a las inspectoras del trabajo, que no debemos proteger a las y los trabajadores. Les gusta que pase esto. ‘Patrones’ de la esclavitud”, escribió en X.

Debate sobre intimidación y captura política

El episodio ha desatado un debate sobre la independencia de los funcionarios públicos, la intimidación a servidores que ejercen control, y el papel de congresistas que intervienen en beneficio de empresas investigadas.
Para críticos del hecho, las declaraciones de Cadavid podrían interpretarse como un intento de deslegitimar y frenar la fiscalización laboral, favoreciendo intereses privados sobre la protección de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado oficialmente, pero organizaciones sindicales y ciudadanos han exigido garantías para que las inspecciones se desarrollen sin presiones políticas.

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La decisión se originó tras una denuncia presentada por el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien advirtió sobre posibles aportes provenientes de contratistas estatales y funcionarios públicos, lo cual estaría prohibido por la legislación electoral vigente.

De acuerdo con la indagación preliminar del CNE, al menos cuatro personas con contratos públicos habrían realizado donaciones que superan los límites legales permitidos. Según la normativa colombiana, los contratistas del Estado no pueden aportar más del 50 % de sus ingresos anuales a campañas políticas.

Los nombres mencionados en el proceso son Ana María Cruz Ruiz, Andrea Velásquez Mesa, Ángela María Manrique (cada una con aportes de cinco millones de pesos) y Fabián David Ortiz Pinzón, quien contribuyó con diez millones. Aunque la denuncia inicial señalaba a 14 contratistas, el tribunal determinó que solo estos cuatro habrían incumplido las reglas.

Presidente, gracias por el apoyo. Usted más que nadie ha vivido esa persecución inclemente que busca eliminar la diferencia y golpear la democracia. Antes usaron el genocidio y hoy se refugian en el lawfare. Violan el derecho fundamental a la participación política a través de… https://t.co/8u8TuDb7S3

— Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) November 26, 2024

La defensa de Upegui aseguró que los aportes fueron devueltos antes de ser utilizados por la campaña. No obstante, en su resolución, el CNE aclaró que el simple ingreso de estos dineros al sistema financiero de la campaña podría constituir una infracción, independientemente de su posterior devolución. “No se trata de un rechazo, sino de una devolución, lo cual indica que los recursos ingresaron efectivamente”, explicó el tribunal.

Además de Upegui, también fue vinculado al proceso Juan Pablo Ramírez, quien ejerció como gerente de campaña y fue secretario de despacho durante la administración de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y principal aliado político del excandidato.

Este nuevo episodio se suma a las dificultades legales que enfrenta Upegui, cuya elección como concejal fue anulada por el Consejo de Estado a comienzos de este año. La decisión ratificó que el político incurrió en inhabilidad al postularse, dado que un familiar cercano ocupaba un cargo directivo en una institución pública del municipio.

Foto: Colprensa

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Miguel Uribe Turbay fue uno de los primeros en salir a pedir la salida del funcionario del Gobierno Nacional:

“El Ministro Bonilla debe renunciar de inmediato”.

El Senador David Luna también fue enfático en que las pruebas son tan contundentes que es necesario que Bonilla dé un paso al costado por respeto a los colombianos:

“Lo dije hace cuatro meses y lo repito: el Ministro Ricardo Bonilla debe renunciar. Cada día hay más pruebas que demuestran que la corrupción ha alcanzado las más altas esferas del gobierno”.

Por su parte, Hernán Cadavid, Representante a la Cámara, rechazó la versión del Presidente de que se trató de una trampa contra su gobierno:

“Según Gustavo Petro, los votos que al parecer compró Bonilla en el Congreso, de los cuales hay registro de reuniones y movimientos dentro del ministerio, fue porque le hicieron una trampa. Que renuncie Bonilla y se defienda por fuera del Gobierno”.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, también se pronunció:

“Presidente, aquí no hay ‘entrampamientos’. Bonilla debe renunciar y defenderse como cualquier ciudadano. Su Gobierno es un concierto para delinquir sin capacidad de ejecución. Solo palabrería. El marco fiscal no es una ‘trampa neoliberal’, es una herramienta para evitar crisis mayores, algo que tampoco parece entender. El problema real es la corrupción y el clientelismo, banderas de su administración”.

Además, Ruiz Orejuela expuso otros nombres que han sido señalados por manejos irregulares o escandalosos:

“Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Ricardo Roa, Sneyder Pinilla, Olmedo López, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y los que aún no conocemos”.

Por último, el Senador Jota Pe Hernández recordó que en su momento pidió que Bonilla no continuara al frente del Ministerio de Hacienda, pero no contó con el respaldo del Senado:

“Le hice moción de censura a Bonilla por estar salpicado en este escándalo de corrupción. Me tocó frentearla solo y el día de la votación, más del 80% de los Senadores decidieron mantenerlo en su cargo”.

Hasta el momento, se desconoce si el Ministro de Hacienda decidirá renunciar en las próximas horas, o si mantendrá su cargo pese a toda la presión en su contra.

El Ministro Bonilla debe renunciar de inmediato.

— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) November 30, 2024

Según @petrogustavo, los votos que al parecer compró Bonilla en el Congreso, de los cuales hay registro de reuniones y movimientos dentro del ministerio, fue porque le hicieron una “trampa”
Ajá, si.

Que renuncie Bonilla y se defienda por fuera del Gobierno https://t.co/gw0WaKe1Zv

— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) November 30, 2024

Presidente, aquí no hay “entrampamientos”. Bonilla debe renunciar y defenderse como cualquier ciudadano. Su Gobierno es un concierto para delinquir sin capacidad de ejecución. Solo palabrería. El marco fiscal no es una «trampa neoliberal», es una herramienta para evitar crisis… https://t.co/gROT6fbACD

— Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) December 1, 2024

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“A partir de esta constancia y de los más recientes hechos y de las últimas declaraciones, procedemos con todas las denuncias que correspondan, nacionales e internacionales, porque las épocas en que el Presidente de la República como Samper, su actual aliado, sometió a la Comisión de Acusaciones, vamos a hacer todo el esfuerzo para que en este caso no sea igual”, aseguró el Representante Hernán Cadavid.

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Ante sus compañeros de la Comisión de Acusaciones, pidió al Presidente Petro no interferir ni presionar sus decisiones a través de sus redes sociales.

“Respete la independencia de quienes estamos allá, respete a las personas que estamos allá, respete si acaso tiene información sobre las mafias que dicen lo quieren tumbar, pero a nosotros sobre la base de sus trinos amenazantes de huracanes de torbellinos de masas en la calle no nos va a intimidar. Ha equivocado está”, puntualizó.

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#EnVideo El representante Hernán Cadavid, integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pidió al presidente Gustavo Petro respeto por la independencia de esa comisión que investiga las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022. «Respete si acaso… pic.twitter.com/vHE3N1ghZ6

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 9, 2024

Vale la pena contar que Hernán Darí Cadavid Márquez es abogado de la Universidad de Medellín y especializado en Derecho Público Administrativo. Cursó Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Estudio de los Conflictos Armados en la Escuela Superior de Guerra. Ha sido Asesor Legislativo en el senado de la República; director Jurídico de la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz de la Presidencia de la República.

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“Medellín tiene una de las empresas más estables y productivas de Colombia y merece tener independencia para que la discusión que hoy es política, se torne en técnica, financiera y económica de cara al cumplimiento de las metas energéticas que el país requiere para las próximas generaciones” dijo Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías, quien además indicó que “con amañadas denuncias pretenden instrumentalizar la opinión y generar un desgaste judicial, hoy se busca poner en entredicho nuevamente a EPM”.

La Red de Veedurías de Colombia, le pidió al excandidato a la Cámara de representantes, Hernán Cadavid, no instrumentalizar la justicia con sus intereses personales o partidistas, o proselitistas de cara a las próximas elecciones,  toda vez que el excandidato y activista político pretendería a través de una acción de nulidad, – como parte de su campaña al Congreso de la República-  desestabilizar una vez mas el buen funcionamiento de EPM,  una de las empresas mas importantes del país, y por lo mismo menoscabar este patrimonio público, no solo de los antioqueños, sino de todos los colombianos.

Por lo anterior, la Red de Veedurías de Colombia se permite informar a la opinión pública, y al país en general que se hará parte del proceso veedurial, administrativo, fiscal, y de ser necesario penal lo que se da en EPM para garantizar que el patrimonio de los colombianos sea bien administrado por fuera del marco nefasto de las rencillas proselitistas. 

Finalmente cabe aclarar que los entes de supervisión, control, y vigilancia ya han venido tomando decisiones administrativas, jurídicas, y preventivas para evitar el aparente desfalco, posibles malas administraciones, y al parecer desvíos de recursos entorno a decisiones que se adoptaron en las administraciones anteriores de EPM.

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