La petición fue presentada a través de un comunicado público en el que los representantes del sector empresarial advierten que la tasa se suma a una carga tributaria que consideran elevada, junto con recientes medidas económicas del Gobierno nacional y el incremento del salario mínimo, factores que —según señalan— están afectando los presupuestos empresariales.

De acuerdo con los gremios, el impacto de este tributo no se limita a las finanzas de las empresas, sino que también tendría consecuencias sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad regional, e incluso podría llevar al cierre de compañías en escenarios extremos.

Intergremial y Fenalco recordaron que desde la discusión del proyecto de ordenanza manifestaron su oposición a la tasa, tanto en debates ante la Asamblea Departamental como en intervenciones públicas y en medios de comunicación, señalando posibles efectos negativos sobre el tejido empresarial del departamento.

En el comunicado, los gremios instan a la administración departamental a reconsiderar la medida y a evaluar alternativas que no impliquen nuevas cargas económicas para el sector productivo. Asimismo, reiteraron su disposición a participar en espacios de diálogo orientados a buscar mecanismos de financiación para la seguridad que no comprometan el crecimiento económico ni el empleo en Antioquia.

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“La gravedad de esta resolución radica en que se afectará la competitividad del departamento y provocará una parálisis en los sectores productivos, generando graves impactos en el tejido empresarial y social del suroeste antioqueño”, advirtió el gremio empresarial.

Según Intergremial, la medida limitaría el crecimiento de actividades económicas clave en la región, lo que podría traducirse en pérdida de empleos y menor inversión.

Proceso judicial en marcha

Este nuevo proceso judicial se suma a la demanda presentada anteriormente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha sido uno de los principales opositores de la resolución.

Desde la administración departamental han insistido en que la creación de las APPA podría generar inseguridad jurídica para los productores y frenar proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.

Mientras algunos sectores defienden la medida del Ministerio de Agricultura como una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria del país, empresarios y productores en Antioquia advierten que su implementación afectaría la dinámica económica y social de la región, especialmente en el suroeste del departamento.

Con esta nueva demanda, el debate en torno a las APPA continúa y se espera que en los próximos meses haya un pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales sobre el futuro de la resolución.

El trasfondo de la resolución

La preocupación radica en que el inicio de este proyecto se haría en 250.000 hectáreas de cultivos agrícolas del suroeste antioqueño. La resolución 377 del 26 de diciembre de 2024 establece que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”.

El Gobierno defiende la medida

El Suroeste Antioqueño fue el escenario de un importante diálogo social con comunidades y autoridades locales sobre la resolución 377 de 2024. Este espacio buscó despejar dudas sobre la protección de la actividad agropecuaria en armonía con el ambiente y el ordenamiento territorial, desvirtuando desinformaciones al respecto.

La exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fue enfática al señalar que el objetivo de la resolución es proteger la producción de alimentos en Colombia. “Esta determinante que ustedes quieren negar no es otra que permitir que las familias campesinas puedan seguir produciendo con seguridad y garantía”, afirmó.

Por su parte, la hasta hace poco ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó que las APPA son clave para garantizar la conservación de suelos rurales y la seguridad alimentaria. También se refirió al modelo minero energético del país, señalando que “esquemas impuestos sin consulta han generado caos regional”.

La viceministra de Minas, Johana Rocha, mencionó que por primera vez en la historia del país, tres entidades trabajan juntas para una planificación socioambiental de actividades como la minería, buscando resolver contradicciones históricas en el ordenamiento territorial.

Respaldo de las comunidades

Durante el encuentro en Támesis, las comunidades manifestaron su respaldo a la iniciativa del Gobierno con mensajes como: “Planes de vida, sí; minería, no” y “Defendemos los territorios sagrados”.

Además, la exministra Muhamad anunció la próxima publicación de una nueva resolución para la protección del agua en municipios del suroeste antioqueño, destacando la importancia del ordenamiento territorial para garantizar recursos hídricos y alimentarios en el contexto del cambio climático.

El debate sobre la resolución 377 y las APPA sigue abierto, y se espera que las próximas decisiones judiciales definan el rumbo de esta política agraria en la región.

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