La Superintendencia Nacional de Salud designó nuevos agentes interventores para las EPS Famisanar y Coosalud, en una decisión orientada a fortalecer la gestión de ambas entidades y avanzar en soluciones frente a las dificultades financieras y operativas que atraviesan.

En Famisanar asumirá como agente interventor Carlos Ignacio Cuervo, quien reemplazará a Mauricio Molina Álvarez. En Coosalud fue designado Edgar Felipe Molina Correa, en reemplazo de Aarol Lee Medina Ovalle.

Los cambios se producen luego de la recomendación del Comité de Medidas Especiales de la Supersalud y del análisis realizado sobre los indicadores de gestión de los anteriores interventores.

Dos EPS con millones de afiliados

Famisanar permanece bajo intervención desde el 15 de septiembre de 2023 y actualmente cuenta con 2.536.327 afiliados: 1.684.942 en el régimen contributivo y 851.385 en el subsidiado.

La EPS tiene presencia en 17 departamentos, con una participación importante en Bogotá y Cundinamarca. Con la llegada de Cuervo, la Supersalud busca fortalecer la administración de la entidad y avanzar en la solución de las dificultades que llevaron a mantener la medida especial.

El nuevo interventor es médico, abogado y administrador de empresas y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector salud. Entre los cargos que ha ocupado están el de viceministro de Salud y Bienestar y gerente de Metrosalud, además de posiciones directivas en prestadores de servicios de salud.

Por su parte, Coosalud cuenta con 3.354.872 afiliados y tiene presencia en 28 departamentos, entre ellos Antioquia, Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La EPS permanece bajo intervención forzosa administrativa desde el 22 de noviembre de 2024 y ha contado con nueve agentes interventores.

Del total de afiliados de Coosalud, 3.021.701 pertenecen al régimen subsidiado y 333.171 al contributivo.

Edgar Felipe Molina Correa, nuevo agente interventor, es médico cirujano y tiene experiencia en los sectores asegurador y de prestación de servicios de salud. Ha ocupado cargos directivos y trabajado en la gestión de servicios de salud de EPS, con experiencia en administración del riesgo, articulación de redes y optimización de recursos.

Nuevos interventores tendrán un mes para presentar su plan

La Supersalud indicó que los nuevos agentes interventores deberán realizar un diagnóstico riguroso y expedito de las condiciones de cada EPS para definir las acciones que permitan enfrentar sus dificultades y evitar que las intervenciones se prolonguen de manera indefinida.

Durante el acto de posesión, la superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, señaló que los interventores tendrán un mes para presentar el plan de trabajo, que deberá ser aprobado por la Superintendencia.

La entidad también indicó que, durante el proceso de diagnóstico, deberán promover las acciones de responsabilidad correspondientes frente a las irregularidades o inconsistencias que eventualmente sean identificadas y adoptar las decisiones necesarias para fortalecer la operación de las EPS.

En el caso de Coosalud, además, fue designada la firma SAC Consulting SAS como contralora de la medida especial.

La Supersalud señaló que el objetivo de los cambios es avanzar hacia una gestión más sólida, transparente y sostenible de las entidades intervenidas, al tiempo que se busca garantizar la continuidad de los servicios para sus millones de afiliados.

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Según la entidad, ya se concluyeron las tareas de revisión, validación, verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas, radicadas en febrero de 2024, correspondientes a los costos del año 2023. Estas facturas impactaron directamente el cierre financiero de esa vigencia.

Como resultado, los estados financieros del año 2023 fueron certificados el 15 de abril de 2025 por parte del agente interventor y la contadora. La EPS indicó que estos procedimientos han permitido reflejar con precisión la realidad financiera de la entidad durante dicho periodo, ya que se logró recibir y procesar la totalidad de las facturas enviadas por los prestadores de servicios.

El siguiente paso será el dictamen de los estados financieros, a cargo de la contralora delegada por la Superintendencia Nacional de Salud, quien actúa como revisor fiscal. Esta fase consiste en evaluar la razonabilidad de los informes y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contables de la EPS.

Posteriormente, se espera que los estados financieros pasen a revisión, luego a aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de la Nueva EPS, y finalmente a su publicación para conocimiento público.

En cuanto a los estados financieros correspondientes al año 2024, la entidad informó que actualmente se adelanta el procesamiento, validación y cierre de las facturas radicadas durante esa vigencia, al tiempo que se gestionan las facturas de servicios prestados en 2025.

“Ha sido una tarea ardua y compleja en términos de aclaración y revisión de la información financiera, lo cual ha requerido más tiempo del inicialmente previsto. Sin embargo, este proceso ha estado enfocado en reflejar con fidelidad la realidad económica de la compañía, garantizando transparencia y claridad para nuestros afiliados, prestadores y la ciudadanía en general”, afirmó Bernardo Camacho, agente interventor especial de la Nueva EPS, a través de un comunicado oficial.

Este avance hace parte del proceso de intervención que atraviesa la entidad, en el que se busca recuperar su estabilidad financiera y operativa, en medio del complejo panorama del sistema de salud en Colombia.

Colprensa

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Durante el análisis realizado por el equipo de Tecnología, Innovación y Cuentas Médicas, se identificó un acumulado inicial de 12 millones de facturas sin procesar, correspondientes a servicios prestados entre enero y diciembre de 2023 y periodos anteriores. El valor total de estas facturas alcanza los $4,3 billones, cifra que representa una importante carga financiera para la entidad.

¿Por qué no se había presentado este informe antes?

El informe financiero no se había podido consolidar hasta ahora debido a múltiples fallas estructurales identificadas en los procesos administrativos y tecnológicos de la entidad antes de la intervención, entre ellas:

• Pagos por promedios históricos: Se encontró que las anteriores administraciones realizaban pagos a las IPS (prestadores de salud) con base en promedios de facturación mensual, y no sobre los valores efectivamente auditados y registrados contablemente.

• Pérdida de información crítica: Para junio de 2024 se evidenció que los archivos RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) eran eliminados una vez cargados en las bases de datos, lo que impidió realizar cruces de información necesarios para el cierre contable.

• Sistema tecnológico obsoleto: El sistema utilizado para el procesamiento de facturas era manual y sin soporte tecnológico, lo que ralentizaba el proceso y comprometía la integridad de los datos.

Una nueva etapa: tecnología, transparencia y auditoría médica

Frente a este panorama, el Dr. Camacho afirmó que se están tomando medidas correctivas estructurales:

“Está en proceso de contratación una nueva herramienta tecnológica con capacidades en robótica, ciencia de datos e inteligencia artificial, que permitirá transparentar los procesos de radicación de facturas y llevar a cabo una auditoría médica concurrente rigurosa”.

El interventor señaló que este proceso de depuración y modernización tecnológica marcará el inicio de una etapa basada en una gestión más eficiente, transparente y sostenible de los recursos del sistema de salud.

“Este informe no solo evidencia la magnitud del problema heredado, sino también el compromiso de la intervención con una transformación estructural que evite que situaciones similares vuelvan a repetirse”, concluyó Camacho.

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