De acuerdo con el ente investigador, los bienes están ubicados en Bogotá y Pensilvania, Caldas, y tienen un avalúo superior a $3.664 millones. Las medidas consisten en la suspensión del poder dispositivo y el embargo de los inmuebles, con el propósito de evitar que sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

La actuación se origina en las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales. Según la Fiscalía, durante la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’ la multinacional brasileña habría asumido pagos por aproximadamente 1,61 millones de dólares relacionados con servicios de publicidad.

La Fiscalía sostiene que este supuesto aporte no habría sido reportado en los balances de la campaña ni informado a las autoridades electorales. Además, al tratarse presuntamente de recursos provenientes de una persona jurídica extranjera, la entidad considera que podría constituir una fuente de financiación prohibida por la legislación electoral colombiana.

Según la investigación, los recursos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y relacionada con el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para ese momento, los giros representarían más de $3.000 millones.

Las medidas cautelares recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de un inmueble ubicado en Pensilvania, Caldas. La Fiscalía indicó que algunos de estos bienes pertenecían directamente a Zuluaga y posteriormente, en junio de 2023, fueron transferidos mediante donación a integrantes de su entorno familiar.

La decisión hace parte de un trámite de extinción de dominio y no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal o patrimonial. El proceso deberá continuar ante las autoridades competentes para determinar el origen de los bienes y si existe fundamento para una eventual extinción del derecho de dominio.

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La conversación, conocida por la Unidad Investigativa de Nación Paisa, fue sostenida entre Cadavid y su esposa en medio de una relación que terminó en una denuncia por presunta violencia intrafamiliar. Ella ha relatado que durante años sufrió malos tratos y que algunas de las agresiones habrían ocurrido en presencia de sus hijas. En el intercambio, Cadavid le manifiesta que necesita que ella lo ayude a “apoyar mi decisión” y posteriormente escribe: “Generar pesar es, para obtener una ganancia secundaria… aquí sería la libertad y esa no aparece”. Minutos después aparece la frase que ahora genera mayores interrogantes: “Es un plan bien concertado”, seguida de “Entre varios”.

El contenido del chat no permite establecer por sí solo quiénes serían esas personas ni cuál sería exactamente el supuesto plan. Precisamente por eso, el mensaje abre preguntas que deberán ser esclarecidas: ¿quiénes son “varios”? ¿Qué decisión estaba tomando Cadavid? ¿Qué significa “generar pesar”? ¿A qué se refiere con una “ganancia secundaria”? ¿Por qué habla de un plan “bien concertado”? ¿Se trataba exclusivamente de un asunto personal o existía alguna relación con las actuaciones, denuncias o testimonios que posteriormente terminaron vinculándolo con el caso de Bomberos y el AMVA? ¿Hubo reuniones, comunicaciones o instrucciones con terceros? ¿Quién conocía ese supuesto plan?

El contexto político que rodea el caso

Las preguntas adquieren mayor dimensión porque el caso ha tenido una fuerte exposición política y mediática. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha intervenido públicamente en la promoción de las denuncias y ha hecho afirmaciones sobre personas involucradas en el proceso, mientras desde distintos sectores se ha cuestionado si su administración terminó asumiendo un papel que excede el de una autoridad involucrada institucionalmente, al convertirse de facto en fuente permanente de información para medios.

A esto se suma el papel de funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía que posteriormente tuvieron vínculos con la administración de Gutiérrez. La propia Alcaldía de Medellín, según la respuesta entregada a un derecho de petición presentado por este medio, confirmó que la exdirectora seccional de la Fiscalía en Medellín hoy trabaja para la administración distrital. Ese vínculo plantea otra pregunta legítima: ¿qué relaciones existían entre quienes investigaban, quienes denunciaban y quienes posteriormente ocuparon cargos dentro de la administración municipal?

También está el antecedente de Claudia Carrasquilla, quien fue fiscal de Medellín y trabajó durante la primera administración de Gutiérrez. El propio alcalde destacó públicamente en su momento la relación de trabajo entre ambos. Durante esa administración, además, uno de los funcionarios de mayor nivel de la Alcaldía terminó capturado por presuntos vínculos con estructuras delincuenciales y por hechos relacionados con la coordinación de operativos y “positivos” con grupos ilegales.

Y existe otro antecedente que vuelve inevitable la pregunta sobre el uso de los testigos: una de las figuras cercanas al denominado fiquismo, conocida como la “dama de hierro” y actualmente viceministra de Defensa, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso en el que el ente acusador sostiene que habría utilizado falsos testigos.

Nada de esto demuestra que exista una relación entre esos hechos y el chat de Cadavid. Pero sí configura un contexto que hace necesario investigar a fondo quiénes son los “varios” de los que habla el testigo y qué significa realmente su afirmación de que se trataba de un “plan bien concertado”. Ahí se abren más preguntas ¿Puede Cadavid estar involucrado en el cartel de falsos testigos?

La pregunta ahora no es solamente qué dijo Cadavid como testigo. O si presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. O en medio de una crisis psiquiatrica, cómo le solían ocurrir. Es también qué estaba planeando cuando escribió que había un plan concertado entre varios.

Unidad Investigativa de Nación Paisa

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron cuando la representante electa se desplazaba entre los municipios de Urrao y Betulia, momento en el que el vehículo en el que viajaba recibió al menos un disparo.

La congresista y su esquema de seguridad están a salvo

A través de un mensaje, la propia Verónica Estrada confirmó el atentado y señaló que tanto ella como su equipo de seguridad se encuentran en buen estado de salud.

“Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia. Durante el recorrido, el vehículo recibió un disparo. Las autoridades ya fueron informadas y se adelantan las investigaciones correspondientes. Por fortuna, mi equipo y yo estamos bien”, expresó la congresista electa.

Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia.

Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo.

Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido…

— Veronica Estrada Holguin (@Veronicaho88) June 19, 2026

Tras conocerse el hecho, el representante a la Cámara Alejandro Toro se pronunció públicamente y rechazó el atentado, además de exigir mayores garantías para el ejercicio político.

“Acaban de dispararle al carro en que se desplazaba Vero Estrada, representante electa por Antioquia. Toda mi solidaridad con ella y sus allegados. Exigimos garantías para nuestras vidas y nuestra actividad política”, manifestó Toro.

Autoridades investigan los hechos

Las autoridades competentes ya fueron notificadas y adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se conocen mayores detalles sobre los móviles del ataque.

El hecho genera preocupación por la seguridad de los líderes políticos en el departamento de Antioquia, especialmente en zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado y la violencia.

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Autoridades de movilidad lograron identificar un vehículo que estaría involucrado en la muerte de una motociclista ocurrida a comienzos de este mes en la carrera 63, entre calles 52 y 53, en Medellín.

El caso fue esclarecido gracias al seguimiento realizado mediante sistemas de cámaras de seguridad y movilidad, así como a la colaboración ciudadana.

Seguimiento con cámaras de seguridad

Para la investigación se activó un protocolo que permite identificar vehículos implicados en siniestros viales que abandonan el lugar de los hechos. Este proceso cuenta con 280 cámaras del Centro de Control de Tránsito y del sistema semafórico, además del apoyo de 3.226 cámaras del sistema de emergencias 123.

Desde el centro de monitoreo se realizó el rastreo del vehículo, mientras agentes de tránsito se desplegaron en diferentes sectores de la ciudad para apoyar la búsqueda.

Vehículo fue ubicado en una bodega

Como resultado del trabajo coordinado entre los equipos operativos y de monitoreo, las autoridades lograron ubicar un camión de carga en una bodega, el cual, por sus características y las evidencias físicas encontradas, podría estar relacionado con el siniestro vial.

Posteriormente se adelantó la plena identificación del conductor y se realizó la inspección técnica del automotor.

Vehículo quedó a disposición de la Fiscalía

El camión fue inmovilizado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con la investigación para determinar las posibles responsabilidades penales en este caso.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que, en caso de verse involucrados en un siniestro vial, permanezcan en el lugar, auxilien a las víctimas y reporten la situación a la línea de emergencias 123, con el fin de facilitar la atención y las investigaciones correspondientes.

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El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada en la citada red social responde «con profundo pesar» a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en su casa: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».

El cantante asegura que esas acusaciones son «absolutamente falsas» y que le causan «una gran tristeza». «Nunca había sentido tanta maldad», exclama, pero advierte de que aún le quedan «fuerzas» para que la gente conozca «toda la verdad» y también para defender su «dignidad ante un agravio tan grave».

De hecho, en la noche de ayer se conoció que el cantante había contratado al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera esta semana una investigación sobre las acusaciones realizadas por las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

El cantante concluye su comunicado, firmado a mano, asegurando que no puede olvidarse de «tantas y tantas personas queridísimas» que le han mandado mensajes de «cariño y lealtad»: «He sentido mucho consuelo en ellas».

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La Fiscalía también había intentado imputarlo por el delito de falso testimonio, pero no presentó pruebas suficientes para sustentarlo, por lo que prefirió retirar el delito de la investigación.

La nueva imputación en contra del primogénito del mandatario tiene que ver con que se habría apropiado de recursos públicos destinados a los niños y adultos mayores en esa región del país.

En concreto, se conoció que habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.

En ese entramado, según la Fiscalía, Petro habría determinado a su expareja, Daysuris Vásquez, para que entablara puentes entre el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, y otras personas como Pedro Name y Gustavo de la Ossa.

Nicolás Petro enfrenta otra investigación en su contra por presunto lavados de activos. Inició en marzo de 2023 luego de las denuncias de Day Vásquez, su exesposa, quien afirmó que el entonces diputado del Atlántico recibió grandes sumas de dinero de personas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca, con antecedentes judiciales.

Según la Fiscalía, estos recursos estaban destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero habrían sido usados para fines personales, como la compra de bienes de lujo. Una de las pruebas centrales es la declaración ante la DIAN de un aporte por $400 millones hecho por Hilsaca.

(Colprensa)

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La investigación determinó que los dos procesados habrían cumplido roles cruciales en la planeación y ejecución del crimen.

Según el escrito, Arteaga Hernández fue señalado de coordinar el plan ilegal y definir los roles de los demás implicados, en compañía de González Cruz, en reuniones previas realizadas el 4 de junio y en fechas posteriores en Bosa y otros puntos de la capital.

Los elementos probatorios recabados por el ente investigador indicaron que Arteaga Hernández presuntamente estuvo involucrado en acciones de seguimiento al congresista del Centro Democrático y en labores de reconocimiento previo del lugar del ataque.

Además, Arteaga Hernández supuestamente entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe, y posterior al ataque huyó de la zona junto con Katherine Andrea Martínez Martínez, otra de las procesadas, hacia el sector del Tintal para abordar un vehículo conducido por González Cruz, quien al parecer se encargó de vender el celular utilizado para coordinar el atentado.

La Fiscalía acusó a los dos hombres por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay conmocionó al país por tratarse de un asesinato con connotaciones políticas y de alto perfil. La rápida acción de las autoridades permitió hasta ahora la captura e identificación de nueve de los presuntos responsables del magnicidio.

(Colprensa)

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Entre los capturados e investigados figuran personas que estarían presuntamente relacionadas con la política local y regional, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible utilización de estructuras digitales para influir en la opinión pública.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Nación Paisa que entre el material incautado se habrían encontrado presuntas pruebas de manipulación digital orientadas a direccionar conversaciones en redes sociales a favor de determinados sectores políticos de la ciudad.

Las autoridades también intentan establecer si recursos públicos fueron utilizados para financiar dichas operaciones, lo que podría derivar en delitos asociados a la corrupción y el abuso de poder.

El caso sigue en investigación y podría destapar una red más amplia de influencia digital y ciberataques con fines políticos en el país.

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Durante el evento de rendición de cuentas 2024-2025, Camargo explicó que el caso de Nicolás Petro ya cuenta con un escrito de acusación y se encuentra en fase de audiencia preparatoria. A pesar del avance del proceso, la posibilidad de un preacuerdo sigue sobre la mesa hasta el inicio del juicio oral. “Cuando la Fiscalía puede negociar, siempre está dispuesta a escuchar, pero en este caso en particular hemos tenido diferencias frente a lo pretendido por la defensa y lo que nosotros consideramos podría ser un acuerdo razonable”, señaló la fiscal general.

Avances y obstáculos en la negociación

El equipo legal de Petro ha mantenido conversaciones con la Fiscalía con la intención de colaborar con la justicia y obtener beneficios en el proceso. Sin embargo, las partes no han logrado concretar los términos de un preacuerdo. De acuerdo con información revelada recientemente, la Fiscalía ha desplazado a la fiscal Lucy Laborde a Barranquilla para continuar con la investigación, la cual ha requerido varias diligencias presenciales.

Inicialmente, Nicolás Petro no aceptó los cargos imputados, lo que encaminó el caso a juicio. No obstante, la Fiscalía confirma que aún tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo, lo que podría modificar el rumbo del proceso.

Restricciones y defensa de Nicolás Petro

Recientemente, una jueza en Barranquilla modificó la medida de aseguramiento contra Petro Burgos, permitiéndole movilizarse libremente dentro del territorio nacional, aunque sigue teniendo prohibida la salida del país. Su defensa ha argumentado que no representa un riesgo para la investigación y ha criticado la exposición mediática del caso, asegurando que afecta los derechos del acusado.

Además, su abogado ha solicitado que se archive la investigación disciplinaria en su contra, alegando que no existen pruebas contundentes que justifiquen las restricciones impuestas. A pesar de esto, la Fiscalía mantiene su postura de continuar con el proceso y evaluar la viabilidad de un eventual acuerdo.

Pruebas en la investigación

La Fiscalía cuenta con diversas pruebas en el caso, entre ellas interceptaciones telefónicas y conversaciones de WhatsApp que presuntamente evidenciarían el enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro. Estas pruebas incluyen comunicaciones con otras personas implicadas en el caso, así como registros de presuntos movimientos irregulares de dinero.

A medida que avanza la investigación, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de un preacuerdo, aunque sin ceder a las exigencias de la defensa. Por ahora, se espera que el caso continúe su curso hasta que se defina la fecha del juicio oral o se llegue a una resolución negociada.

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El caso se centra en una orden de proveeduría emitida el 25 de octubre de 2023 por un valor de 2.170 millones de pesos. Dichos recursos se habrían destinado a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores de recuperación en Riohacha, La Guajira.

Según el ente investigador, el nombre de Peralta apareció en medio de las pesquisas que vinculan a exdirectivos de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, en una presunta red de corrupción. La Fiscalía señaló que el 19 de septiembre de 2023 la senadora sostuvo una reunión en la sede de la UNGRD junto a estos exfuncionarios y los empresarios Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, propietarios de la firma Inversiones IRL SAS, quien posteriormente resultó beneficiada con el contrato.

Ante estas acusaciones, la congresista ha rechazado cualquier implicación en actos de corrupción. En un comunicado, Peralta afirmó que nunca ha sostenido reuniones con los exdirectivos de la UNGRD ni ha intervenido en la asignación de contratos dentro de la entidad.

Con la compulsa de copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la magistrada Cristina Lombana será la encargada de determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra la senadora.

Este caso también ha salpicado a otros actores políticos, incluyendo al senador Julio Elías Chagüi y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes han sido mencionados dentro del expediente por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la UNGRD.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para esclarecer el rol de los implicados y determinar si hubo algún delito en la asignación de estos recursos públicos.

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