Las declaraciones han generado nuevas preguntas sobre la historia de Hidroituango y sobre las circunstancias que rodearon la construcción del proyecto hidroeléctrico en el norte de Antioquia.

Las masacres de La Granja y El Aro

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, mientras que la de El Aro se registró entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, ambas en el municipio de Ituango.

En su testimonio ante la JEP, el entonces teniente del Ejército Edwin Leonardo Toro hizo referencia a hechos que vincularían a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares con la violencia ocurrida en la región.

Las declaraciones hacen parte de un proceso de esclarecimiento de la verdad y deben ser analizadas dentro del contexto de las investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con estos hechos.

La discusión también ha vuelto a poner sobre la mesa la relación entre la violencia sufrida por las comunidades de Ituango y el posterior desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

La creación de la sociedad que dio origen a Hidroituango

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia se impulsó la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, estructura que posteriormente sería fundamental para el desarrollo del proyecto Hidroituango.

La relación temporal entre las masacres y el posterior impulso institucional al proyecto ha sido objeto de cuestionamientos y debates durante años.

Sin embargo, cualquier afirmación que establezca que las masacres fueron cometidas específicamente con el propósito de facilitar la construcción de Hidroituango requiere sustento documental y judicial que permita establecer esa relación de manera concluyente.

Isabel Zuleta cuestionó nuevamente la historia de Hidroituango

La senadora Isabel Zuleta, quien durante años ha denunciado afectaciones a las comunidades del área de influencia del proyecto, reaccionó a las declaraciones conocidas ante la JEP.

Zuleta sostuvo que Hidroituango fue construido, según su interpretación, en medio de hechos de violencia y desplazamiento que afectaron a las comunidades de la zona.

«“Construyeron el muro de Hidroituango a sangre y fuego, por encima de la naturaleza y de las comunidades”, afirmó la senadora.»

También cuestionó las condiciones geológicas de la zona y expresó preocupación por los riesgos que, según ella, enfrentarían las comunidades ubicadas aguas abajo de la represa.

“Los paramilitares al servicio del gobierno de turno hicieron ‘limpieza’ para que no hubiera oposición a la obra”, agregó Zuleta, una afirmación que corresponde a su posición y que deberá ser contrastada con las investigaciones y decisiones de las autoridades competentes.

El reclamo por las víctimas y las comunidades

La controversia vuelve a poner en primer plano a las víctimas de la violencia en Ituango y a las comunidades que durante décadas han reclamado verdad, reparación y garantías de no repetición.

El debate también se relaciona con las declaraciones de exintegrantes de grupos armados y miembros de la Fuerza Pública ante la JEP, en procesos que buscan establecer responsabilidades individuales y patrones de violencia ocurridos durante el conflicto armado.

Uno de los puntos que permanece bajo discusión es hasta dónde llegaron las responsabilidades de diferentes actores en los hechos violentos ocurridos en Ituango y si existió alguna relación entre esos hechos y los intereses económicos o proyectos de infraestructura desarrollados posteriormente en la región.

Por ahora, las declaraciones conocidas ante la JEP deberán ser contrastadas con los demás elementos probatorios antes de establecer responsabilidades definitivas.

¿Por qué vuelve a ser relevante el caso?

Las nuevas declaraciones reviven una discusión que lleva décadas: la relación entre la violencia, el desplazamiento de comunidades y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en territorios afectados por el conflicto armado.

En el caso de Ituango, las masacres de La Granja y El Aro se mantienen como algunos de los episodios más graves de violencia ocurridos en Antioquia durante el conflicto, mientras que Hidroituango se convirtió posteriormente en uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes del país.

La pregunta que vuelve al centro del debate es si existieron conexiones entre esos hechos y los intereses alrededor del territorio donde posteriormente se desarrolló el proyecto hidroeléctrico.

La entrada Exmilitar confesó ante la JEP hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro y habló de Hidroituango se publicó primero en Nación Paisa.

En el registro de una tutela radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, aparece como parte demandante la firma Jaime Granados Peña Abogados, defensora del exmandatario, junto a EPM, una empresa pública de carácter municipal.

El proceso judicial en mención busca una acción de tutela contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. El documento, consultado el 4 de agosto de 2025, generó interrogantes ciudadanos y políticos debido a la aparente coincidencia entre el abogado defensor de Uribe y EPM como partes accionantes.

💥 ¿EPM está pagando el abogado de Álvaro Uribe?

Una reciente consulta judicial reveló un detalle que ha encendido las alarmas sobre el uso de recursos públicos: la firma Jaime Granados Peña AP, representante legal de Álvaro Uribe Vélez, aparece como demandante en una tutela… pic.twitter.com/LeoeMmfbzv

— La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) August 5, 2025

Reacciones y cuestionamientos

Desde distintos sectores se han elevado preguntas sobre si EPM está financiando la defensa judicial del expresidente. El senador León Fredy Muñoz y la periodista Ana Cristina Restrepo han pedido explicaciones públicas sobre la participación de la empresa en el proceso.

“¿Estamos pagando con nuestros impuestos la defensa de Uribe?”, cuestionó el senador Muñoz a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Por su parte, la senadora Isabel Cristina Zuleta ofreció una posible explicación: la firma de Jaime Granados habría sido contratada en el pasado por EPM para representar a la empresa en casos penales, como el proceso por presuntos delitos ambientales relacionados con Hidroituango. De acuerdo con Zuleta, esa representación —que tuvo un costo superior a los mil millones de pesos— dejó registros que podrían estar generando errores administrativos en los sistemas judiciales.

“Por eso aparece así. Es un error frecuente”, afirmó la senadora en su publicación.

EPM responde

Frente a la controversia, EPM aclaró en redes sociales que no ha presentado ninguna tutela en el caso mencionado, ni está legitimada para hacerlo. También confirmó que el abogado Jaime Granados ha sido contratista de la empresa en otros procesos legales, lo que podría explicar su aparición en el documento judicial.

“Nosotros no hemos presentado tutela en este caso”, señaló la empresa en su cuenta oficial.

Buenas noches senador. Nosotros no hemos presentado tutela en este caso, porque no estamos legitimados. El Dr. Granados ha sido abogado externo de EPM en otros casos penales de la Empresa, quizás por ello aparece esa referencia en la rama judicial.

— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) August 5, 2025

Llamado a la transparencia

Pese a la aclaración, desde sectores ciudadanos y políticos se insiste en pronunciamientos formales de la administración municipal de Medellín y de organismos de control como la Contraloría General y la Procuraduría.

Foto: Colprensa

La entrada ¿Por qué EPM apareció como demandante junto al abogado de Álvaro Uribe en una tutela? se publicó primero en Nación Paisa.

“Pasan los días y no hay respuestas del Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga frente a estas gravísimas acusaciones. El silencio del Concejo de la ciudad, los entes de control locales, los grandes medios y las agremiaciones empresariales es escalofriante”, escribió Corredor desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Pasan los días y no hay respuestas del Alcalde de Medellín @FicoGutierrez frente a estas gravísimas acusaciones. El silencio del Concejo de la ciudad, los entes de control locales, los grandes medios y las agremiaciones empresariales es escalofriante. pic.twitter.com/nKbzNNgaV5

— Albert Corredor (@AlbertCorredor) July 7, 2025

El mensaje fue publicado en acompañamiento de la denuncia hecha por la Mesa de Paz Urbana, la cual negó rotundamente haber amenazado al alcalde y lo acusó de usar el proceso de paz urbana con fines políticos. La polémica se desató tras la afirmación de Gutiérrez, quien denunció que el evento liderado por el presidente Gustavo Petro en Medellín:

“Petro nos puso la lápida. Sacó de la cárcel a los peores criminales para subirlos en una tarima. Él está del lado de los victimarios, no de las víctimas. Esto es una amenaza directa, así lo recibo”, declaró el alcalde.

No obstante, varios de los voceros de los grupos criminales presentes en el proceso de paz urbana, como alias Pesebre y alias Douglas, desmintieron cualquier amenaza contra Gutiérrez. Además, alias Douglas, cabecilla de La Terraza y La Oficina, aseguró que en el pasado trabajó en coordinación con el entonces alcalde para mantener control del crimen en la ciudad y favorecer su administración:

“Nos reunimos con él para ayudarle a conseguir votos y mantener la seguridad. En ese entonces no se sentía amenazado, pero ahora dice que sí lo está”, dijo Douglas, quien además señaló que la ruptura se dio tras la captura de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad del primer gobierno de Gutiérrez.

En ese contexto, Albert Corredor —quien renunció al Centro Democrático— insistió en la necesidad de que el alcalde aclare públicamente los señalamientos sobre presuntos vínculos con estructuras criminales.

La entrada Albert Corredor exige respuestas a Federico Gutiérrez por graves señalamientos y acusa silencio institucional se publicó primero en Nación Paisa.

El intercambio comenzó tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra los concejales Andrés “Gury” Rodríguez (Medellín) y Andrés Escobar (Cali), ambos del Centro Democrático, por sus declaraciones en contra de la movilización social convocada para los días 28 y 29 de mayo. La senadora Zuleta publicó el anuncio en sus redes, destacando que “la protesta no se criminaliza, la protesta se respeta”.

A ese mensaje respondió Juan José Lafaurie con suspicacia:

“Qué raro que los concejales no hayan sido notificados y usted tenga esos documentos”.

Zuleta, en tono crítico, replicó:

“No sabía, señor Lafaurie, que era tan amigo de los concejales que amenazan la protesta social. ¿Qué opina usted de ese comportamiento?”

La respuesta de Lafaurie desató la indignación:

“Doctora Brócoli, me enorgullece ser amigo del valiente Andrés Escobar y del patriota Andrés Gury Rodríguez, hombres que luchan por Colombia. ¡Qué vergüenza que usted se rodee de criminales despreciables, de esos que han manchado nuestra tierra con la sangre de inocentes y han destrozado infancias reclutando niños para sus atrocidades! ¿Ese es su legado? ¡Repugnante!”

Doctora Brócoli, me enorgullece ser amigo del valiente @escobarandres90 y del patriota @AndresGuryRod, hombres que luchan por Colombia. ¡Qué vergüenza que usted se rodee de criminales despreciables, de esos que han manchado nuestra tierra con la sangre de inocentes y han… https://t.co/t55zcXVPGO

— Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) May 27, 2025

El término “Doctora Brócoli”, usado para ridiculizar a la senadora por su imagen o su discurso, fue duramente criticado por colectivos feministas, usuarios de redes y figuras del mundo político, quienes lo interpretaron como un intento de descalificación basada en género y apariencia, en vez de una crítica política de fondo.

Diversos analistas advirtieron que este tipo de ataques perpetúan la misoginia en el debate público, especialmente cuando provienen de figuras con influencia política y familiar directa con una candidata presidencial. Desde distintos sectores se recordó que Isabel Zuleta ha sido blanco frecuente de campañas de desprestigio, lo cual ha sido denunciado ante organismos de derechos humanos.

El episodio ocurre en un contexto político polarizado y a días de una movilización nacional que ha sido tildada por algunos sectores conservadores como una amenaza, mientras otros la defienden como una expresión legítima de la ciudadanía frente a las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno.

Foto: Colprensa

La entrada Lluvia de críticas a hijo de candidata presidencial por comentarios misóginos contra senadora Isabel Zuleta se publicó primero en Nación Paisa.

La medida se adopta en cumplimiento de los artículos 211 y 212 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), y obliga al concejal Rodríguez a presentarse ante la Procuraduría en Medellín dentro de los próximos cinco días hábiles. En caso de no hacerlo, la notificación se realizará por edicto. La decisión no admite recurso alguno.

Protesta no se criminaliza: Senadora Isabel Zuleta

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta confirmó la apertura del proceso y aseguró que se trata de una respuesta institucional frente al presunto boicot a la protesta, señalamientos injuriosos e irrespeto al derecho a manifestarse, que habrían cometido ambos concejales.

“La protesta no se criminaliza. La protesta se RESPETA”, afirmó Zuleta en su cuenta de X (antes Twitter).

Gury Rodríguez responde: “Persecución política del Gobierno”

Por su parte, el concejal Gury Rodríguez, conocido por su tono confrontacional en redes sociales, reaccionó señalando una supuesta instrumentalización de la Procuraduría a favor del oficialismo:

“La Procuraduría, al servicio de Isabel Zuleta y del Pacto Histórico, con una eficiencia nunca antes vista”, escribió Rodríguez, cuestionando que la senadora se enterara antes que él de la decisión del órgano disciplinario.

Rodríguez denunció una “persecución del Gobierno Nacional a la oposición” y se mostró desafiante ante el proceso en su contra:

“No me van a callar y enfrentaré todos los procesos que me toque enfrentar, así no tengan ningún fondo. Eso es lo que quieren, amilanarme, y no podrán”, afirmó.

El concejal también ironizó sobre la apertura del proceso, señalando que la “primera línea” ahora tendría “el poder de las IAs”, en referencia a la vigilancia y monitoreo digital que denunció estar recibiendo.

Contexto: polémicas declaraciones antes del paro

La controversia se originó tras un video publicado por Rodríguez y Escobar, en el que advierten que “llamarán a las reservas activas” y “enfrentarán” cualquier acto de vandalismo que ocurra durante las movilizaciones convocadas por organizaciones como la CUT.
Diversas voces, incluyendo a colectivos de derechos humanos, han señalado que este tipo de discursos incitan al miedo y estigmatizan la protesta social.

Este nuevo episodio intensifica el debate nacional sobre los límites del discurso político, el derecho a la protesta y el uso de las instituciones de control para sancionar —o silenciar— posiciones ideológicas.

Fotos: Concejo de Medellín – Colprensa

La entrada Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Andrés “Gury” Rodríguez y Andrés Escobar se publicó primero en Nación Paisa.

La medida fue revelada por la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien denunció que ambos funcionarios habrían desacatado una tutela presentada por una docente, en la que exigía el reconocimiento de sus prestaciones sociales. Según Zuleta, la administración local no respondió oportunamente a los requerimientos judiciales, lo que llevó al juez a imponer las sanciones.

“Una maestra luchó por sus derechos y encontró evasivas y silencio en la administración. El alcalde no solo desatiende a la justicia, sino que le falta al respeto a la ciudadanía”, escribió Zuleta en su cuenta de X.

Reincidencia en desacato

No es la primera vez que Federico Gutiérrez se ve involucrado en este tipo de decisiones judiciales. En abril de 2024, también fue sancionado con detención domiciliaria por otro desacato a una tutela que ordenaba garantizar la seguridad social a una exfuncionaria retirada durante su embarazo.

Tensión política con el Gobierno nacional

Este nuevo capítulo se suma a las recientes tensiones entre el mandatario local y el presidente Gustavo Petro. En días pasados, el jefe de Estado criticó públicamente a Gutiérrez por una fotografía del año 2024 en la que aparece junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Petro cuestionó duramente el encuentro, asociándolo con bombardeos en Gaza y violaciones a los derechos humanos.

La respuesta del alcalde no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, Gutiérrez defendió su postura y acusó al Gobierno nacional de fallas en seguridad, manejo de recursos y apoyo a las víctimas.

“Nos ha tocado cubrir los huecos fiscales que su Gobierno ha dejado. La búsqueda en La Escombrera sigue gracias a nuestra Alcaldía y la JEP, sin un peso del Gobierno Nacional”, respondió el mandatario paisa.

Gutiérrez cerró su mensaje reiterando su compromiso con la ciudad:

“En Medellín recibimos a todo el que quiera aportar al desarrollo. A Colombia, pese a usted, la sacamos adelante desde las regiones”, concluyó.

Contexto judicial

La orden de arresto contra Gutiérrez y Carolina Franco es de carácter temporal, pero pone nuevamente el foco sobre el cumplimiento de fallos judiciales por parte de funcionarios públicos. Además, reaviva el debate sobre el respeto a los derechos laborales de docentes en el sector público.

Foto: Colprensa

La entrada Ordenan arresto domiciliario contra Federico Gutiérrez y su secretaria de Educación por desacato judicial se publicó primero en Nación Paisa.

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, fue una de las primeras en pronunciarse:

“¿Quién le teme a la verdad? Una vez más, la administración de Fico Gutiérrez atenta contra la memoria y los derechos de las víctimas. Esta vez, en el Museo Casa de la Memoria, donde debería honrarse su historia, han borrado el mural de las Mujeres Caminando por la Verdad y MAFAPO. Alcalde, su cobardía es evidente: en lugar de responderles a las víctimas, las silencia”.

¿Quién le teme a la verdad? Una vez más, la administración de @FicoGutierrez atenta contra la memoria y los derechos de las víctimas.

Esta vez, en el @CasadelaMemoria, donde debería honrarse su historia, han borrado el mural de las Mujeres Caminando por la Verdad y @MAFAPO.… pic.twitter.com/a8MFEk1WuS

— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) February 9, 2025

La decisión ha sido interpretada por muchos como un acto de censura y una negación de la memoria histórica. La Comuna 13 de Medellín, escenario de la controvertida Operación Orión, es un símbolo del dolor y la resistencia para muchas comunidades, y la eliminación del mural ha sido vista como una forma de “dar la espalda a la verdad”.

Desde la Unión Patriótica en Antioquia también se manifestó rechazo:

“Es muy doloroso que las iniciativas por la memoria de las víctimas sigan siendo vandalizadas en la ciudad. ¿Para quiénes es la memoria y qué merece ser recordado? La memoria es un bien colectivo, ¡por nuestro derecho a recordar!”.

Este nuevo episodio reaviva el debate sobre la libertad de expresión, el papel de los espacios públicos en la conservación de la memoria y el compromiso de las autoridades locales con los derechos de las víctimas.

Es muy doloroso que las iniciativas por la memoria de las víctimas sigan siendo vandalizadas en la ciudad.

Para quiénes la memoria y qué merece ser recordado.

La memoria como bien colectivo.
¡Por nuestro derecho a recordar!@CasadelaMemoria @cjlibertad @MAFAPOCOLOMBIA pic.twitter.com/jWLVtKNuJT

— Unión Patriótica Antioquia (@UPantioquia) February 9, 2025

La entrada Llueven críticas a Fico Gutiérrez: borran mural en el Museo Casa de la Memoria se publicó primero en Nación Paisa.

Inicialmente, Zuleta había publicado en la red social X (antes Twitter) que el Centro Democrático estaba “desesperado” y planeaba una exclusión de la izquierda en el país. Estas afirmaciones desencadenaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por presunta calumnia y hostigamiento, lo que llevó a la apertura de una investigación en su contra.

Durante la audiencia, la senadora aclaró que sus palabras respondieron a una “preocupación política general” y no a un señalamiento personal contra Espinal. “Quiero enfatizar que no me consta que el Centro Democrático ni el representante Espinal estén involucrados en un golpe de Estado”, señaló Zuleta, destacando su intención de fomentar un debate político respetuoso.

Por su parte, el representante Juan Espinal calificó la retractación como un paso necesario para desmentir acusaciones infundadas. “La oposición ha sido respetuosa del Gobierno, ejerciendo críticas basadas en argumentos y defendiendo el derecho a la oposición en escenarios legítimos”, afirmó Espinal, quien reiteró su apoyo a que el presidente Gustavo Petro culmine su mandato.

Finalmente, Zuleta aprovechó el espacio de conciliación para abogar por el respeto en el debate político. Según ella, este tipo de acciones fortalecen la justicia y ayudan a descongestionar el sistema judicial. Con este acto de conciliación, ambas partes buscan cerrar un episodio que tensó aún más el polarizado panorama político en Colombia.

La entrada Isabel Zuleta se retracta de acusaciones contra el Centro Democrático por supuesto golpe de Estado se publicó primero en Nación Paisa.

La entrada El Consejo de Estado ratifica la curul de Isabel Zuleta tras polémica sobre financiación de campañas se publicó primero en Nación Paisa.