La procesada fue identificada como María Constanza García Aguirre, propietaria de un albergue que recibía animales rescatados de abandono o en situación de vulnerabilidad y que además obtenía donaciones y ayudas destinadas a su sostenimiento.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), el lugar habría terminado convirtiéndose en un espacio de hacinamiento que no garantizaba condiciones mínimas de bienestar para los animales.

Hallaron perros con desnutrición y enfermedades

Las verificaciones realizadas por las autoridades, en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), permitieron establecer que en distintos momentos llegaron a permanecer más de 300 perros encerrados en el predio.

Según la Fiscalía, durante una inspección realizada el 12 de agosto de 2022 se evidenció que varios de los animales carecían de acceso suficiente a agua y alimento, además de permanecer en instalaciones que no contaban con la infraestructura necesaria para garantizar su adecuada protección.

Los informes técnicos también señalaron que algunos perros presentaban enfermedades, lesiones físicas y cuadros crónicos de desnutrición, situaciones que comprometían seriamente su estado de salud.

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de GELMA imputó a María Constanza García Aguirre el delito de maltrato animal.

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

La Fiscalía indicó que continuará avanzando en el proceso judicial para determinar las responsabilidades frente a las condiciones en las que permanecían los animales dentro del establecimiento.

Las autoridades recordaron que el maltrato animal es una conducta sancionada por la legislación colombiana y reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y el bienestar de los animales.

El caso se suma a las investigaciones que adelanta el Grupo GELMA en distintas regiones del país para combatir prácticas de abandono, negligencia y violencia contra animales domésticos y silvestres.

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La jornada de protesta, que completó cerca de 12 días desde su inicio el pasado 16 de marzo, generó impactos en corredores estratégicos y episodios de alteración del orden público en municipios como Caucasia y El Bagre.

Acuerdos y articulación institucional

En el proceso de negociación participaron entidades como el Ministerio del Interior de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y la Agencia Nacional de Minería, con acompañamiento de organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

Según lo informado, los acuerdos alcanzados serán anunciados oficialmente por la mesa del paro minero en las próximas horas.

Las autoridades destacaron que, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), se mantuvo un monitoreo permanente durante las jornadas de protesta, permitiendo la toma de decisiones oportunas y la coordinación interinstitucional para preservar el orden público y los derechos de la ciudadanía.

Balance de seguridad durante el paro

Durante los días de movilización, la Policía Nacional de Colombia desplegó más de 500 uniformados en la región para garantizar la seguridad, acompañar las marchas y mitigar los efectos de los bloqueos.

Bajo la coordinación del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, los operativos se concentraron en puntos críticos como Caucasia, El Bagre y el sector de Jardín de Tamaná, conocido como “El Humo”, donde se registraron bloqueos viales y hechos de violencia como la incineración de vehículos.

En medio de estos hechos, fue capturado un joven de 21 años, señalado de participar en la obstrucción de vías y en agresiones contra uniformados en el municipio de El Bagre. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, las autoridades informaron que avanzan en la identificación de otros presuntos responsables de actos vandálicos, por quienes se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Llamado a la legalidad y advertencias

Tras el levantamiento del paro, el Gobierno reiteró su respeto por la protesta social como un derecho legítimo, pero rechazó cualquier manifestación de violencia.

Asimismo, hizo un llamado a que los procesos de formalización minera avancen dentro del marco legal y con responsabilidad ambiental.

Finalmente, se advirtió que continuará la ofensiva contra la minería ilegal con acciones coordinadas entre la Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, en medio de los retos de seguridad que persisten en esta subregión del país.

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Según la investigación, la organización habría permitido el tránsito ilegal de ciudadanos provenientes de China, México y Vietnam, vulnerando los controles migratorios en la principal terminal aérea del país.

Capturados y judicialización

Cuatro presuntos integrantes de la red fueron capturados y judicializados. Se trata de los agentes de Migración Colombia:

• Johan Alexander Cendales Tafur

• Johan Mauro Cerón Reyes

• Cristian Camilo Bueno Casallas

• Efraín Collazos Guerrero

Los procesados son señalados de aprovechar sus cargos para facilitar el paso de extranjeros sin cumplir los requisitos legales, ya fuera evadiendo los filtros migratorios o manipulando los sistemas oficiales.

Modus operandi

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los funcionarios presuntamente trasladaban a los migrantes por la terminal aérea sin que pasaran por los controles establecidos o, en otros casos, les permitían el tránsito registrando información falsa en los sistemas misionales.

Las irregularidades incluirían:

• Eliminación de filtros de validación migratoria

• Omisión deliberada de verificación de información

• Uso de pasaportes de terceros para registrar migrantes sin su presencia física

Además, se evidenció que en al menos 11 eventos delictivos los implicados habrían actuado fuera de sus turnos o sin estar habilitados, facilitando la salida de extranjeros hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.

Delitos imputados

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados, según su presunta participación, los delitos de:

• Concierto para delinquir

• Tráfico de migrantes

• Abuso de autoridad

• Falsedad personal

• Falsedad ideológica en documento público

Adicionalmente, a Johan Mauro Cerón Reyes se le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, luego de que durante su captura en Bogotá le fuera encontrada munición sin autorización.

Medida de aseguramiento

Por decisión de un juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.

Este caso, divulgado por razones de interés general, evidencia los riesgos de corrupción en los controles migratorios y refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en puntos estratégicos del país.

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Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido entre el 9 y el 18 de mayo de 2025 en el municipio de Copacabana.

De acuerdo con el proceso, el suboficial presuntamente utilizó información obtenida por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación dentro de una investigación relacionada con el desmantelamiento de un matadero clandestino en esa localidad, con el fin de contactar al propietario del predio y exigirle el pago de seis millones de pesos.

Las labores de policía judicial evidenciaron que, para presionar el pago del dinero, el procesado habría intimidado a la víctima al manifestarle que ya había asesinado a un hombre que no accedió a sus pretensiones.

Molano Ambuila fue capturado mediante orden judicial el pasado 2 de marzo en el municipio de Samacá, en un operativo realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, el suboficial no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de revelación de secreto y concusión.

Por decisión de un juez de control de garantías, el militar fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión mientras avanza el proceso judicial.

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De acuerdo con la investigación, luego de una discusión, la mujer habría adquirido gasolina en una estación de servicio cercana y posteriormente se dirigió al inmueble donde se encontraba la víctima. Según los elementos recopilados por la policía judicial, la procesada habría roto una ventana de la vivienda y arrojado el combustible inflamable, ocasionando graves quemaduras al hombre.

El afectado, de 28 años, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció varias horas después debido a lesiones que comprometieron aproximadamente el 70 % de su cuerpo.

Las autoridades indicaron que la mujer quedó registrada en cámaras de seguridad del sector antes y después de los hechos, material audiovisual que hace parte del acervo probatorio dentro del proceso.

El pasado 4 de febrero, la señalada se presentó voluntariamente ante la Defensoría del Pueblo en Pereira, donde se hizo efectiva la orden de captura emitida en su contra. Posteriormente fue trasladada a Medellín para las audiencias concentradas.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de homicidio e incendio, ambos agravados. La mujer no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

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De acuerdo con la información conocida en audiencia judicial, los procesados serían Kevin Alejandro Rojas Londoño, de 24 años, y un adolescente de 17 años, quienes habrían atacado a la víctima con un arma cortopunzante mientras esta dormía en una acera del sector, causándole la muerte en el lugar.

El cuerpo sin vida fue hallado por uniformados de la Policía Nacional durante labores de patrullaje en la zona. Posteriormente, mediante el análisis de cámaras de seguridad del sector, las autoridades lograron identificar a los presuntos agresores, quienes fueron aprehendidos minutos después en el mismo barrio.

Durante el procedimiento, al menor de edad le fue incautada un arma cortopunzante que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizada para cometer el crimen.

En el desarrollo del proceso judicial, Rojas Londoño fue imputado por el delito de homicidio agravado por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, cargo que no aceptó. Un juez ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Por su parte, el adolescente se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes y fue cobijado con una medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

El caso continúa en etapa de investigación mientras se avanza en la recolección de pruebas y demás actuaciones judiciales correspondientes.

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Los operativos, realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitieron la captura en flagrancia de los presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como La 24, además de la incautación de varias sustancias ilícitas y elementos utilizados para su distribución.

En la primera diligencia, realizada el 12 de noviembre, fueron capturados Harol Ferney Hernández Londoño, Jonathan Alexander Lugo Morales y Reni Alberto Pinedo Ipuana, a quienes se les incautaron 2 kilos de marihuana, 191 gramos de cocaína, 40 mililitros de popper y dinero en efectivo. De acuerdo con la información recopilada, los tres sujetos habrían distribuido los alucinógenos a plena luz del día portando pasamontañas para evitar ser identificados.

Un segundo procedimiento se realizó el 20 de noviembre, cuando fueron capturados Albert José Guzmán Martínez y Anderson Delgado Medina. Durante esta intervención fueron hallados 5 kilos de marihuana, 174 gramos de cocaína, 24 pastillas de anfetaminas, dinero en efectivo y cuadernos de contabilidad.

La investigación señala que los dos hombres habrían operado desde una estructura metálica instalada en un techo, rodeada de concertina con púas para impedir el acceso de las autoridades, y que existía material videográfico sobre la distribución de las sustancias desde ese punto elevado. Ninguno de los cinco capturados aceptó los cargos imputados por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro de reclusión mientras avanza el proceso penal.

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La primera captura se registró en la vereda Itilla, en Calamar (Guaviare), donde fue detenido Óscar Estiven Guerrero Rivera, conocido como Junior. Según las autoridades, esta persona portaba un fusil, proveedores, munición de distintos calibres y una pechera camuflada. En el área del operativo se hallaron 35 armas de fuego, 15.250 cartuchos, 121 proveedores, dos morteros, explosivos, radios de comunicación, manuscritos y prendas camufladas.

En otro procedimiento, durante un enfrentamiento en el sector conocido como Tres Islas, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), fueron capturados cuatro hombres que se movilizaban en dos embarcaciones por el río Caquetá: Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque. En la misma operación fue recuperado un menor de edad.

Durante esta acción militar se incautaron más de 27 millones de pesos, cuatro fusiles, munición, 942 kilogramos de marihuana, dispositivos electrónicos y prendas de uso camuflado.

Tras las detenciones, fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputaron a los cinco capturados los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico o porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúan las investigaciones.

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Entre los procesados se encuentra Juan Pablo Taborda Samora, conocido como alias Yordi, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal La Terraza. Junto a él fueron imputadas Vilma Cecilia Granado Avendaño, Luisa María Rojas Granados y Diana Marcela Olaya Galeano. La Fiscalía les atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Según las investigaciones, los capturados habrían utilizado sus cuentas bancarias para ingresar recursos ilícitos al sistema financiero, además de adquirir y administrar bienes inmuebles sin justificar su origen legal, aparentando solvencia económica sin respaldo real.

Las capturas fueron efectuadas por la Policía Nacional durante diligencias de allanamiento y registro en propiedades ubicadas en Medellín, Envigado (Antioquia) y Armenia (Quindío).

Durante los operativos fueron incautados:

Cerca de 670 millones de pesos representados en efectivo, divisas y vehículos.

Relojes de alta gama, celulares, un arma de fuego y munición.

Documentación clave para la investigación penal.

Medidas judiciales:
Granado Avendaño y Rojas Granados cumplirán detención domiciliaria.

Olaya Galeano no podrá salir del país.

Alias Yordi continuará el proceso en libertad.

Ante estas decisiones, la Fiscalía apeló la determinación del juez de garantías, al considerar que los procesados representan un riesgo para la investigación y la justicia.}

Foto: Colprensa

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Engaño con supuesto préstamo

Según la investigación, los dos implicados contactaban a personas en Antioquia con el pretexto de otorgar préstamos para negocios empresariales, citándolas en Popayán, Cauca. En uno de estos casos, el 18 de septiembre de 2023, una comerciante viajó desde Medellín hasta esta ciudad, donde fue recogida por Satizabal Santiago y trasladada al corregimiento de Quintanai, zona rural del norte de Popayán.

Allí, fue llevada ante un grupo de hombres vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes le informaron que el préstamo sería entregado mediante modalidades ilícitas de lavado de activos. La comerciante se negó, pero fue presionada para pagar una suma de dinero si quería regresar a Medellín.

Pago bajo presión y amenazas continuas

El 19 de septiembre de 2023, la víctima entregó parte del dinero exigido a Satizabal Santiago. Sin embargo, una vez en Medellín, las amenazas continuaron y fue obligada a consignar otra suma, la cual habría sido reclamada en una entidad bancaria de Popayán por Mera Betancourt.

Durante las labores de policía judicial, se estableció que entre marzo y septiembre de 2023, Mera Betancourt habría recibido en su cuenta personal cerca de 160 millones de pesos, presuntamente producto de otras extorsiones.

Cargos y medida de aseguramiento

Un fiscal de la Seccional Cauca imputó a Satizabal Santiago el delito de extorsión agravada, y a Mera Betancourt el de lavado de activos. Ninguno aceptó cargos, pero fueron enviados a centros carcelarios por decisión de jueces de control de garantías.

Fiscalía advierte sobre modalidad de engaño

La Fiscalía informó que en los últimos meses ha logrado rescatar a cinco personas que habrían sido víctimas de engaños similares relacionados con falsos préstamos personales. Por estos casos han sido judicializados nueve presuntos responsables, a quienes también se les impusieron medidas privativas de libertad.

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