La alerta comenzó a gestarse el pasado 26 de mayo, cuando un informe desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, llegó a las autoridades.

Según detalles revelados por Blu Radio y confirmados por la Alcaldía, un preso de alto perfil habría alertado sobre un plan para asesinar al alcalde, días antes del atentado que segó la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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El documento estremeció al señalar que las disidencias destinaron ocho millones de dólares para atacar a políticos de derecha, con Gutiérrez como uno de los principales objetivos.

Tras la denuncia, la Alcaldía activó protocolos de emergencia, notificando a la Fiscalía y a la Policía Nacional, que a su vez pidieron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un estudio de riesgo para proteger al mandatario y su familia.

Sin embargo, el peligro no se detuvo en Gutiérrez. La concejala Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, informó que también es un “objetivo militar” del frente 33 de las Farc.

Así mismo, Carrasquilla solicitó un refuerzo urgente a la UNP, que le otorgó un esquema de seguridad tras clasificar su riesgo como “extraordinario.

No obstante, el concejal Sebastián López, presidente del Concejo este año, denunció que el secretario Manuel Villa, junto con los concejales Andrés Rodríguez, del Centro Dotemocrático y Andrés Tobón, del Creemos, también están en la mira de los criminales.

No toleramos ningún tipo de violencia y amenaza. Respaldo total al Alcalde de Medellín, @FicoGutierrez, al Secretario de Seguridad, @ManuelVillaMe, y a nuestros compañeros concejales, @claudiacarrasq, @AndresGuryRod y @tobonvillada por las amenazas recibidas en su contra.…

— Sebastián López V. (@sebaslopezv) August 12, 2025

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En una acción enmarcada en las estrategias de seguridad de la Policía, patrullas de vigilancia lograron la captura en flagrancia de dos hombres que, presuntamente, pertenecían a un grupo delincuencial dedicado a actividades de sicariato.

Material incautado durante el operativo

El operativo se llevó a cabo en la vereda La Corrala, donde los uniformados, al realizar patrullajes rurales y registros a personas, detectaron a dos hombres que intentaron evadir el control policial. Al ser interceptados y registrados, se les halló:

• 2 armas de fuego.
• 190 cartuchos de calibre 9 mm.
• 1 supresor de sonido.

Ninguno de estos elementos contaba con los permisos legales de porte o tenencia.

Requerimiento judicial por homicidio

Al verificar los antecedentes de los capturados, se descubrió que uno de ellos tenía un requerimiento judicial vigente emitido por un juzgado del municipio de Caldas. Este hombre estaba implicado en un homicidio ocurrido en 2013 en el municipio de Acacías, Meta, y tenía pendiente cumplir una condena de 270 meses de prisión.

Presentación ante la Fiscalía y medidas legales

Los detenidos, de 33 y 36 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se les imputaron los delitos de:

• Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
• Porte ilegal de municiones y accesorios.

Ambos fueron privados de la libertad en un establecimiento carcelario.

Compromiso con la seguridad ciudadana

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá destacó que este tipo de operativos son parte del compromiso articulado entre la comunidad, las autoridades y los uniformados para garantizar la seguridad de las personas, reducir los índices de criminalidad y proteger la vida en la región.

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Los hechos: una agresión captada en video

El video, grabado por transeúntes, evidencia cómo un grupo de policías golpea a una ciudadana, aparentemente tras un altercado verbal. En las imágenes, se observa a uno de los uniformados perder el control y atacar físicamente a la mujer, mientras otros oficiales en lugar de detener la agresión, se suman al acto violento. La víctima, tras ser golpeada, fue trasladada a un CAI cercano, mientras los testigos intentaban intervenir y expresaban su descontento con insultos hacia los agentes.

Reacciones ante el caso

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, rechazó categóricamente lo sucedido y solicitó al general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, investigar a fondo los hechos y tomar medidas disciplinarias ejemplares. “Este tipo de comportamientos no pueden tolerarse en un Estado que debe velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos”, expresó el mandatario.

Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá emitió un comunicado anunciando la apertura de un proceso disciplinario para esclarecer los hechos y determinar sanciones contra los responsables. Según el informe preliminar, una patrullera al mando del grupo de auxiliares está bajo investigación, y las auxiliares involucradas están siendo desafiliadas de la institución.

Le pido al @DirectorPolicia,
Informe completo de esta situación en Medelllínpic.twitter.com/a3szknSR2q

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2024

Críticas locales

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se pronunció en redes sociales, señalando a la administración actual, liderada por Federico Gutiérrez, como responsable indirecta por la falta de control y las falencias en la seguridad ciudadana. «Del abrazo al totazo en la Plaza Botero. Quitaron los filtros, atracos y prostitución disparados», afirmó Quintero, aludiendo a un deterioro en las condiciones de convivencia en la ciudad.

Antecedentes de violencia policial

Este no es un incidente aislado en Medellín. En junio de este año, un operativo en el barrio Aranjuez también se salió de control, terminando en enfrentamientos entre policías y residentes, donde una mujer resultó herida tras ser impactada con una pistola taser. Estos casos reflejan una preocupante tendencia de exceso de fuerza por parte de algunos uniformados en la región.

El Plan Navidad continúa

Mientras tanto, la Policía Metropolitana asegura que sigue trabajando en el «Plan Navidad» para garantizar la seguridad durante las festividades. El brigadier general William Castaño Ramos informó que el 7 de diciembre se atendieron más de 3,200 llamadas a la línea de emergencias 123, y se desplegaron 1,500 uniformados en las zonas más concurridas de Medellín.

A pesar de estos esfuerzos, los recientes casos de abuso han minado la confianza de la ciudadanía en la institución, que enfrenta el reto de implementar reformas que garanticen el respeto por los derechos humanos y la protección de los ciudadanos.

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