De acuerdo con la investigación, los procedimientos eran realizados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, que fueron adaptadas de manera precaria como quirófanos improvisados.

En esos lugares, las mujeres ofrecían a través de redes sociales tratamientos de “lipólisis láser con transferencia glútea”, una práctica que, según las autoridades, ejecutaban sin título médico ni autorización sanitaria.

Las señaladas fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes, además de realizar las intervenciones, aplicaban anestesia local, administraban medicamentos y ofrecían atención postoperatoria, sin estar certificadas para hacerlo.

La investigación determinó que al menos 24 mujeres resultaron con lesiones, infecciones y daños permanentes tras someterse a los procedimientos. Algunas víctimas denunciaron deformaciones físicas y limitaciones funcionales sin haber recibido respuesta posterior de las responsables.

Las tres mujeres fueron capturadas por el CTI de la Fiscalía y presentadas ante un juez de control de garantías. Un fiscal de Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Las procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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La clínica clandestina, ubicada al sur de la ciudad, había estado realizando procedimientos quirúrgicos invasivos en condiciones inadecuadas. La denuncia, presentada a través de la línea de emergencia 123, alertó a las autoridades sobre las actividades ilegales en el lugar.

La subsecretaria de Protección Salud y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Cali, Yanet Vélez, indicó: «Posterior a una queja presentada por un ciudadano en la línea 123, pudimos con la Secretaría de Seguridad y Justicia a este sitio por posible sitio clandestino y evidentemente es un sitio totalmente ilegal, donde se estaban realizando procedimientos estéticos invasivos, por lo que realizamos el cierre total».

¿Cuánto cobraban?

Lo más alarmante es que a las pacientes se les había prometido que los procedimientos se llevarían a cabo en una clínica médica reconocida en la ciudad. Sin embargo, posteriormente se les reprogramaban las citas y se les citaba a este lugar clandestino en el barrio Champañat. Allí se les cobraba entre $3.700.000 y $4.000.000 por los procedimientos estéticos, poniendo en peligro la salud y la seguridad de las pacientes.

Además, desde la Secretaría de Salud informaron que se cobraba aproximadamente $1.700.000 de pesos por el paquete postquirúrgico a los pacientes. Lo más alarmante es que los procedimientos no eran realizados por médicos o profesionales de la salud debidamente capacitados.

Por su parte, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia, expresó su preocupación y señaló: «Los supuestos médicos estaban engañando a los pacientes, inicialmente les indicaban que el procedimiento se iba a realizar en una clínica reconocida de la ciudad, luego se contactaban con ellos para reprogramar las citas y finalmente los citaban a este espacio que se está cerrando».

Ante los hechos, las autoridades han tomado medidas inmediatas, cerrando el establecimiento y deteniendo a tres personas responsables de llevar a cabo estos procedimientos ilegales. El caso se remitirá a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a fondo la responsabilidad de aquellos que pusieron en riesgo la vida de los pacientes.

Por: Sara Pardo Del Río

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