La joven, quien recibió 26 puñaladas en su lugar de trabajo, denunció que continúa siendo amenazada por su expareja.

El Ministerio Público pidió conocer qué medidas se han implementado para garantizar la seguridad de la víctima y su familia, así como el seguimiento realizado a estas.

También solicitó información sobre posibles medidas especiales y si los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General.

Según medios de comunicación, la mujer afirmó que “sigue recibiendo amenazas de muerte por parte del agresor” y cuestionó la respuesta de las autoridades ante su caso.

La Procuraduría también ofició al personero de Medellín para que evalúe una posible intervención en el caso, con el fin de verificar que se garantice el acceso a la justicia y la protección de la víctima, evitando su revictimización.

El ente de control recordó que la violencia contra la mujer, según la Ley 1257 de 2008, incluye cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas o la privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito público como en el privado.

Foto y noticia: Colprensa

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Desde el momento en que se conoció el caso, representantes legales han asumido la defensa de Karen Ximena en los procesos penales en contra de Brayan Enrique Guzmán Gaitán, buscando proteger sus derechos e intereses.

Amenazas Graves: Dada la severidad de las amenazas recibidas no solo por Karen Ximena, sino también por su hija y su familia, se ha solicitado una medida de aseguramiento privativa de la libertad por el riesgo inminente de feminicidio.

El pasado 25 de octubre de 2024, el Juzgado 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías decidió imponer la medida de aseguramiento privativa de libertad en establecimiento carcelario contra Brayan Enrique Guzmán Gaitán, respondiendo a la solicitud presentada.

Con  esto se ha asegurado que se seguirán tomando todas las medidas necesarias para proteger la vida de las víctimas, solicitando el apoyo continuo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El comunicado culmina con una fuerte condena a cualquier acto de violencia contra la familia y, en particular, a la violencia de género que ha sufrido Karen Ximena Villalobos Celemín.
Este caso ha vuelto a encender el debate sobre la violencia de género y la necesidad de medidas más contundentes para proteger a las víctimas y sus familias frente a agresores que, en este caso, cuentan con la autoridad implícita de su uniforme. La comunidad y las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han mostrado su apoyo y seguimiento al caso, esperando que sirva como precedente para futuras acciones legales y de prevención.

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