Los cuales estarían presuntamente captando menores de edad para encuentros sexuales con adultos en fincas del suroeste antioqueño.

Según la investigación adelantada por un fiscal de Estructura de Apoyo (EDA) de Antioquia, desde el año 2019, en el municipio de Jardín, una red criminal estaría dedicada al proxenetismo, convirtiéndose el terror de las jóvenes de esta población.

Al parecer, el grupo delincuencial ofrecía dinero a jóvenes entre los 13 y los 17 años, a cambio de servicios sexuales con hombres de la región.

De acuerdo con la información obtenida por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), alias ‘El Arepero’ sería el encargado de reunir a los clientes para los encuentros sexuales.

Mientras que Giraldo Gutiérrez y Zapata Borda serían los que transportaban a las menores hacia los lugares establecidos para concretar el ilícito.

Los procesados, fueron capturados por servidores del CTI, la Policía y el Ejército Nacional, no aceptaron los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir y proxenetismo con menor de edad

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El material de prueba da cuenta de que, al parecer, ubicaban a menores entre 12 y 16 años en condición de vulnerabilidad, y las inducían a actividades sexuales a cambio de dinero o diversas dádivas como comida, hospedaje o transporte. Asimismo, hay indicios de que algunas víctimas fueron llevadas a paseos, fiestas y encuentros sociales donde también habrían sido abusadas.

Algunas jóvenes afectadas señalaron que, en varias oportunidades, supuestamente, fueron obligadas a consumir estupefacientes o intimidadas para que vivieran con los señalados agresores sexuales o trabajaran en hostales.

Por estos hechos, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a estos cuatro hombres, según el posible nivel de participación, delitos como demanda de explotación sexual con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, se trata de: Fredy Vladimir Duque Verney, Germán Rodríguez Romero y Marco Fidel Suárez. Por su parte, Ciro Alfonso Cruz Terán seguirá vinculado a la investigación.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Inírida (Guainía) y Bogotá por personal de policía judicial (CTI) de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional.

Una semana después de tomar posesión en el cargo, el Fiscal General, Francisco Barbosa, viajó a Inírida (Guainía) para atender de primera mano una denuncia que daba cuenta de explotación sexual de niñas y adolescentes de la región, algunas eran indígenas.

En la visita se dispuso la creación de un equipo especializado para dar celeridad a las investigaciones. Un mes después, el 21 de marzo de 2020, 17 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública y comerciantes.

Posteriormente, a finales de diciembre de 2020, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes, avaluados en 1.200 millones de pesos, que habrían sido utilizados para el ilícito.

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