El alto funcionario aprovechó el espacio para hacer un llamado a la JEP para que actúe de fondo en materia de justicia “sin que le tiemble la mano y sin consideración de quien pueda ser imputado. No importa su condición, su origen, su estatura social o su nombre”

Bogotá, febrero 7 de 2023 En el Congreso de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores radicó el Proyecto de Ley para la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este Protocolo Facultativo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre del 2002, entrando en vigor el 22 de Junio del 2006 y su objetivo principal es prevenir la tortura, abriendo los lugares de detención al escrutinio por parte de entidades independientes. 

Durante su intervención, el Canciller explicó que, “este protocolo facultativo es una política nacional. Esto no llega aquí porque sí. En esta administración nos hemos trazado poner por encima de cualquier otra consideración, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el derecho de los Derechos Humanos” y recalcó que esa es una política de Estado. El alto funcionario manifestó que “a esta sociedad se le debe demasiado” y se comprometió, desde su función de Ministro de Relaciones Exteriores, a estar atento y alerta a cada tema que toque los Derechos Humanos en el país. 

“Tomo este acto como algo absolutamente importante, porque en todo lo que tiene que ver con la paz nos interesa la verdad, las víctimas, la reparación y la no repetición. Este es un acto que convoca a la no repetición… no solamente en función de no repetir los delitos que se han cometido contra las víctimas, sino de no repetición de la vagabundería institucional de archivar estos proyectos y dejar que pasen años y años sin moverlos, como si los Derechos Humanos no fueran algo absolutamente central en la valoración de lo que significa la dignidad de la persona humana”, puntualizó al recordar que el protocolo en mención ha estado listo desde hace 17 años y a la espera de ratificación por parte de los gobiernos de turno.

Manifestó además que está comprometido con la paz total y que este es un acto de paz total “sobre la base de tener en cuenta a las víctimas, a los atropellados, a los que no han sido reparados” y aprovechó el espacio para hacer un llamado a la JEP para que “actúe de fondo en materia de justicia, sin que le tiemble la mano y sin consideración de quien pueda ser imputado. No importa su condición, su origen, su estatura social o su nombre”. La radicación del Proyecto de Ley evidencia la disposición del Gobierno nacional de tomar medidas efectivas a fin de solventar las problemáticas acaecidas en las cárceles en Colombia y de crear mecanismos efectivos para la prevención de la tortura. De igual forma, reiteró la disposición del gobierno en trabajar articuladamente con los organismos de Naciones Unidas.

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