Según la información conocida, la actuación se originó tras una denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, quien señaló posibles esquemas de trabajo informal en los que personas serían empleadas como vendedores ambulantes y portadores de publicidad, sin contratos laborales, afiliación a seguridad social ni garantías salariales mínimas. Benavides Angulo es candidato a la Cámara de Representantes por la curul Afro.

De acuerdo con el denunciante, estas prácticas ocultarían relaciones laborales que no estarían siendo reconocidas formalmente, afectando a personas en situación de pobreza y con limitadas posibilidades de defensa frente a grandes empresas.

En el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo otorgó un plazo de cinco días a las compañías para que se pronuncien y aporten pruebas dentro del proceso administrativo. La entidad advirtió que, de comprobarse irregularidades o de no atender el requerimiento, podrían imponerse sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la normatividad laboral.

Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales han señalado que este tipo de casos refleja un modelo extendido en el país, en el que algunas empresas se benefician de esquemas de informalidad extrema, trasladando los riesgos laborales a poblaciones vulnerables.

El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos laborales y si las prácticas denunciadas constituyen una evasión de obligaciones legales frente a trabajadores en condición de vulnerabilidad.

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“En esta reunión se logró plantear la gravedad de la situación de más de 6.000 trabajadores y por lo mismo la resulta de esta reunión refieren a puntos concretos”, aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías.

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Entre los puntos que se pactaron con el Ministerio de Trabajo y la Ministra Gloria Inés Martínez, se destacan:

• La necesidad de adelantar una mesa de trabajo y una asistencia técnica por parte del Ministerio del Trabajo.
• Entrar en una análisis y en un proceso de exigencia autónoma por parte de los trabajadores representados por la Red de Veedurías de cara a exigir sus garantías laborales básicas.

“Esta es la postura y la exigencia de 6.000 trabajadores adultos mayores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital se encuentra en un estado de vulnerabilidad y sus derechos fundamentales laborales que son cercenados por completo”, explica Bustos.

Por esta razón, desde la Red de Veedurías de Colombia se construirá “un proceso de mayor movilización y sensibilización pública a efecto de que no solamente nosotros, sino la comunidad en su conjunto de la ciudadanía, se vuelque en la exigencia de las garantías laborales que deben acompañar a este grupo de nuevo postrado y vulnerable de adultos mayores”, señaló Bustos.

También, destacaron con preocupación el resultado una reciente investigación sobre Quala: “Una multinacional con presencia en cerca de 8 o 10 países, donde se han erogado inclusive recursos por parte del conglomerado que hace parte de los propietarios y firmas que están detrás de la misma, estarían presuntamente relacionados con esta en paraísos fiscales con millonarios recursos como los Panamá Papers, dineros que son sacados del país, en tanto que no se le cubren las obligaciones laborales básicas a estos trabajadores”.

Pero la cosa no termina allí: al parecer, Quala también habría financiado campañas políticas en Colombia:

“Lo anterior se suma a la financiación de partidos y campañas políticas que han mantenido y asegurado en forma silenciosa como se ha atropellado a estos miles de trabajadores indefensos. Adicionalmente, algunas de estas empresas relacionadas con Quala y sus socios, han contratado de manera millonaria con el Estado obteniendo recursos con Ecopetrol por cerca de 60.000 millones de pesos”.

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⁦@MintrabajoCol⁩ le puso la lupa a las graves denuncias de violaciones de los derechos laborales y prestacionales mínimos de los trabajadores ambulantes de vive 100, Bon Ice y Quala. Exigimos que las partes vinculadas se declaren impedidas en la investigación. pic.twitter.com/Q104wvMXxU

— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) April 24, 2024

Desde la Red de Veedurías de Colombia, buscarán todas las medidas necesarias para que los vendedores de BonIce y Vive 100, productos de la marca Quala, tengan acceso a derechos laborales:

“Venimos planteando en el Misterio de Trabajo que, si es necesario, llevaremos a las autoridades judiciales y a los estrados internacionales para que se respete ese nivel de trabajadores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital, sino que está muy por debajo del mismo de 10 a 15.000 pesos diarios sin ningún otro beneficio que un bono mensual de 60.000 pesos que se paga sí y solo sí trabajan los 30 días, si no lo hacen por cuatro lo pierden y además son sancionados. Los trabajadores están en unas condiciones infrahumanas de esclavitud moderna frente al trabajador informal y particularmente los trabajadores de Quala”, añadió Pablo Bustos.

Desde la Red de Veedurías también indagan sobre posibles políticos involucrados con Quala mediante el financiamiento de campañas políticas. Al parecer, se trataría del Partido Centro Democrático.

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