El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en X, donde Quintero señaló que buscará que el alto tribunal revise y eventualmente revoque el fallo disciplinario. Afirmó que, en caso de que la apelación no prospere, acatará la sanción y pagará la multa impuesta.

“Si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia”, escribió.

El exmandatario cuestionó además al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmando que debería recibir el mismo escrutinio por supuestas actuaciones relacionadas con las campañas políticas de familiares. Según dijo: “¿Fico, que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno, recibirá el mismo trato?”.

La Procuraduría notificó el fallo este viernes, decisión que reavivó el debate sobre la participación política de funcionarios públicos y sus límites legales, especialmente en el contexto de las elecciones nacionales del 2026.

La entrada Quintero apelará ante el Consejo de Estado la sanción de la Procuraduría se publicó primero en Nación Paisa.

La Procuraduría explicó que la conducta de Quintero no fue un descuido sino que obró a título de dolo, es decir, con la plena voluntad de incumplir la norma.

La entidad señaló que el entonces Alcalde aprovechó su posición de autoridad para enviar mensajes que, aunque a veces no mencionaban nombres explícitos, tenían una clara intención de influir en el electorado a favor del Pacto Histórico.

Según el órgano de control, Quintero se convirtió en protagonista de comportamientos que afectaron las garantías de equilibrio democrático en medio de una campaña presidencial.

Entre las pruebas que valoró la Procuraduría para dejar en firme la decisión se encuentran publicaciones realizadas en fechas clave como el 17 de marzo y el 9 de mayo de 2022. Uno de los episodios más recordados y citados en el proceso fue la difusión de un video en el que el exalcalde, dentro de un vehículo, ajustaba la palanca de cambios y decía la frase «el cambio en primera».

Esta expresión se vinculó directamente con el lema de campaña del hoy presidente, Gustavo Petro. Asimismo, se tuvo en cuenta una fotografía donde Quintero exhibió públicamente el tarjetón de la consulta interpartidista de esa misma coalición política.

Además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante medio año, la sanción trajo consigo una consecuencia económica considerable. Se confirmó que Quintero deberá pagar una multa de $104 millones.

Esta decisión llega en un momento donde se debate el futuro político del exmandatario regional, pues diversos analistas señalaron que un fallo de esta naturaleza afecta su imagen pública, tras su salida de la administración municipal y podría reconfigurar el panorama para otros candidatos del sector progresista.

El fallo disciplinario generó en su momento una reacción inmediata por parte de Quintero, quien aseguró, a través de sus redes sociales, que esta determinación busca sacarlo de la carrera por la Presidencia en 2026.

El exalcalde calificó la decisión de la Procuraduría como un «zarpazo» a la democracia y argumentó que se trata de una entidad cuestionada que, según su visión, violó la Convención Americana de Derechos Humanos al sancionar a un funcionario elegido por voto popular, una competencia que él alega debería ser exclusiva de un juez penal.

La entonces procuradora general, Margarita Cabello, se pronunció frente a las acusaciones de corrupción lanzadas por el exalcalde tras conocerse el fallo. La funcionaria defendió la institucionalidad y afirmó que a los servidores públicos les molesta cuando los vigilan.

Cabello cuestionó la postura de quienes tildan a la entidad de corrupta únicamente cuando las decisiones son sancionatorias, pero omiten opinar cuando los fallos resultan favorables a los implicados.

El debate jurídico planteado por la defensa de Quintero intentó comparar su caso con el que vivió Petro cuando fue alcalde de Bogotá y resultó destituido por el exprocurador Alejandro Ordóñez, situación que luego revirtió la Corte Interamericana.

Sin embargo, la Procuraduría recordó que la Corte Constitucional validó la facultad de la entidad para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular, aclarando que en el caso de quienes aún están en ejercicio, la sanción requiere una revisión del Consejo de Estado, pero al ser Quintero un exfuncionario, la competencia se aplicó de manera directa.

(Colprensa)

La entrada Procuraduría confirma sanción en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero se publicó primero en Nación Paisa.

De acuerdo con la investigación, el funcionario entregó durante dos años consecutivos una promesa de compraventa y un certificado de tradición y libertad que no coincidían con la realidad registral de los bienes mencionados, con el fin de acceder de manera irregular al desembolso de sus prestaciones.

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento, en fallo de primera instancia, determinó que Rosas Ramírez vulneró los principios de veracidad, moralidad, eficiencia y buena fe, que deben regir la función pública.

El ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, lo que conllevó la destitución del cargo y la inhabilidad general por 12 años para ocupar funciones públicas.

Con esta decisión, la Procuraduría reiteró su compromiso de vigilar la conducta de los servidores públicos y sancionar las prácticas que atenten contra la transparencia en la administración estatal.

Foto: Colprensa

La entrada Procuraduría destituye e inhabilita por 12 años a funcionario de la JEP por falsedad documental se publicó primero en Nación Paisa.

De acuerdo con el fallo de segunda instancia, los funcionarios avalaron el desembolso de más de $16 mil millones por los vehículos, lo que representó un sobrecosto superior al 54 % con respecto a los valores del mercado. Según el órgano de control, cada carrotanque se adquirió con una diferencia de más de $412 millones sobre su precio real.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que tanto López como Pinilla participaron activamente en la contratación irregular, incurriendo en faltas gravísimas cometidas a título de dolo, por haber causado un detrimento sustancial al patrimonio público.

En el caso de Sneyder Pinilla, la Procuraduría señaló que además de estructurar el proceso contractual, certificó la entrega satisfactoria de los vehículos, a pesar de que no fueron utilizados para el fin previsto: mitigar la crisis humanitaria por falta de agua en La Guajira, tal como lo ordenaba el Decreto 2113 de 2022.

También fue sancionado con destitución e inhabilidad por 10 años el exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien rubricó la ratificación de la orden de proveeduría, facilitando que la fiduciaria La Previsora efectuara el pago al contratista.

La Procuraduría enfatizó que los exfuncionarios violaron de manera flagrante los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la administración pública. El fallo es de carácter definitivo en sede disciplinaria.

Fotos: Colprensa

La entrada Procuraduría confirma destitución e inhabilidad de Olmedo López y Sneyder Pinilla por escándalo de los carrotanques se publicó primero en Nación Paisa.