Lo que pretenden demostrar los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana es que el expresidente no fue el arquitecto de una operación para engañar a la justicia, a través de terceros que tenían la misión de conseguir que ex paramilitares declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, a cambio de beneficios jurídicos o procesales.

Para lograrlo, argumentaron que la jueza de la causa, Sandra Liliana Heredia, promulgó un discurso político, con marcados sesgos y que la decisión no fue coherente con los argumentos que hizo antes de tomar la decisión, que incluyó —además— darle casa por cárcel.

«Se afirma que el despacho ha obrado sin la presión de factores externos. Pero en la lógica de las cosas, la negación enfática de una sospecha no basta para disiparla, y menos aún cuando, en el propio discurso, se introducen los elementos que la vuelven verosímil», dijo un aparte de la apelación.

El documento argumentó que la jueza, según la ley, se excedió al hacer un discurso introductorio en el que habló del poder que tiene la justicia, cuando solo debía centrarse en los hechos, y al cual le incluyó un tinte político.

«La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’, ‘no es una revancha’ o ‘este juicio no es político’. Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada y parecen responder a las características específicas y particulares del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que convierten el estrado judicial, que debería centrarse exclusivamente en el razonamiento técnico y jurídico, en una plataforma –y oportunidad- para dar manifestaciones de carácter ideológico y personal que no es de competencia para los funcionarios judiciales encargados de impartir y administrar justicia», resaltó la apelación.

Por otro lado, y como se esperaba, la defensa del expresidente volvió a insistir en la valoración de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena. Grabaciones que han sido objeto de múltiples decisiones judiciales, entre ellos la condena en su contra pero que, según la defensa, deberían excluirse por violar el secreto profesional.

El abogado Granados sostuvo que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del «Cartel de la Toga», pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que, según la defensa, se escucharon conversaciones sin orden judicial válida.

En ese sentido sostuvo que se violó el principio constitucional del derecho al secreto profesional entre abogado y cliente.

«Constituye un claro e indebido desconocimiento de las normas tanto nacionales como internacionales que prohíben el ingreso al acervo probatorio de pruebas obtenidas mediante trasgresión de derechos y garantías fundamentales», reiteró.

Otro punto fundamental de la defensa fue el argumento de que el sesgo que tiene la juez en el caso la llevó a realizar «un ejercicio parcializado de la prueba testimonial con la intención de desmeritar todos los testigos que realizaban declaraciones a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez y, en contraposición, defender a ultranza todos aquellos que usó para fundamentar su condena, siendo evidente el doble rasero o estándar de valoración de testigos según a quien favorecía la declaración».

Por eso, según los abogados de Uribe, fue que la jueza llegó a concluir, entre otras cosas, que el expresidente buscó la manipulación de al menos tres testigos: Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’, a través del abogado Cadena. Por eso fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.

En el caso de Monsalve, testigo clave en el proceso, la estrategia no se limitó a una visita de Cadena con ofrecimientos jurídicos a la cárcel la Picota de Bogotá (uno de estos fue grabado con un reloj espía), sino que incluyó la intervención del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y de Carlos Eduardo López ‘Caliche’, quienes también intentaron convencerlo de grabar un video en favor de Uribe. Actuaciones que, según el fallo, el exmandatario conocía e incluso ordenó.

Sobre los otros ex paramilitares, el fallo concluyó que también fueron blanco de una operación de manipulación, con ofertas encubiertas y pagos que, según el fallo, fueron coordinados desde el entorno de Uribe.

“No tiene asidero para la judicatura que Álvaro Uribe Vélez pretenda desestimar su responsabilidad penal aludiendo a la ignorancia de la situación que se gestaba a sus espaldas, cuando lo cierto, es que tenía a su alcance la información necesaria para conocer lo ocurrido y deliberadamente optó por no indagar”.

El fallo de condena también explicó que Uribe incurrió en el delito de fraude procesal por su intervención en la elaboración y envío, a través de su abogado Diego Cadena, de un conjunto de cartas firmadas por ex paramilitares recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia reabriera una investigación ya archivada contra el senador Iván Cepeda.

En ese contexto, lo que dijo el fallo es que esas cartas, en las que afirmaban que Cepeda los había contactado en 2012 para ofrecerles beneficios a cambio de declarar que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares, fueron redactadas con intervención externa, en algunos casos por el propio abogado Cadena, y remitidas a la Corte con el propósito de inducirla en error, en una maniobra que Uribe no solo conoció, sino que autorizó y promovió.

El caso de Uribe se remonta a 2012, cuando siendo senador denunció a Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero a ex jefes paramilitares para que declararán en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.

Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no existían motivos suficientes para culpar a Cepeda y por el contrario abrió una investigación contra Uribe, al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor a través de otras personas, entre ellas el abogado Cadena, quien en los próximos días podría correr la misma suerte del expresidente.

Estos son los principales argumentos que deberá rebatir la defensa y estudiar el Tribunal Superior de Bogotá.

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La razón del desencuentro tuvo que ver con la filtración del fallo en el que fue sentenciado el expresidente. Todo ocurrió cuando la juez Heredia explicó a las partes que no se respetó el acuerdo de no publicar el fallo hasta tanto no iniciara la audiencia.

«Más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación publicar esa sentencia. También tengo entendido que uno de los hijos del señor procesado, que no tuvo la gallardía de venirlo a acompañar cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita», dijo.

Ante esa afirmación, Álvaro Uribe la interrumpió y le dijo que no permitiría que hablara de sus hijos de esa manera y la situación escaló al punto de que ambos se mandaron a callar. «Usted me ha tratado de la peor manera, pero no voy a aceptar que se meta con mi familia», dijo Uribe.

⚖️🔥 “¡No le acepto que se meta con mi familia!”, dijo @AlvaroUribeVel a la jueza Sandra Heredia por mencionar a sus hijos. Este fue el momentos de mayor tensión.
La jueza respondió con firmeza: “Lo he respetado como persona y como exmandatario, pero deje constancia de lo… pic.twitter.com/m97JWR5Xbj

— Nación Colombia (@NacionColombiaX) August 1, 2025

Luego de la discusión, la juez pidió a las autoridades competentes investigar lo que ocurrió.

Uribe fue condenado a 12 años de prisión, tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.

Así quedó establecido en la sentencia, que a partir de las 2 p.m. será leída por la juez Sandra Liliana Heredia. Colprensa tuvo acceso al documento, en el que también se establece el beneficio de prisión domiciliaria para el exmandatario que deberá cumplir de inmediato.

Igualmente, el fallo indica que el expresidente deberá pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días.

Frente al tema relacionado con la prisión domiciliario, la juez explicó que la decisión se tomó dado su gran reconocimiento a nivel internacional, por lo que resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta.

La condena se enmarca dentro de lo que la Fiscalía y las víctimas pidieron en su contra. Es decir, que se dosificara entre 108 meses (9 años) a 216 meses (18 años).

«Una vez realizados los cálculos correspondientes, se considera que la pena aplicable para uno de los delitos es de 108 meses y como quiera que nos encontramos frente a tres delitos de soborno en actuación penal y dos de fraude procesal, ruego que se haga el aumento de la pena hasta en otro tanto».

El expresidente fue declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.

Lo que concluyó la jueza Heredia es que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias «Víctor», y Euridice Cortés, alias «Diana».

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El caso más evidente es el de las interceptaciones ilegales a la línea telefónica del expresidente. Nadie discute que fueron obtenidas sin una orden válida, que eran fruto de una supuesta “confusión” con la línea de otro investigado y que, una vez se supo que pertenecían a Uribe, la vigilancia se mantuvo deliberadamente. Eso, en cualquier democracia seria, bastaría para anular todo el proceso. Pero en este juicio, lo ilegal se vuelve legal si conviene al relato que se quiere imponer. La jueza no solo aceptó esas grabaciones contaminadas, sino que las erigió como pieza central del proceso.

Y no es el único despropósito. La defensa demostró que después del 12 de marzo de 2018 cualquier prueba obtenida era inválida, pues ya se conocía la ilegalidad de la interceptación. La jueza no dijo ni una palabra al respecto. Se limitó a ignorar el argumento, como si callar ante lo evidente fuera una forma de justicia. Esa omisión no es neutral, es una señal inequívoca de sesgo, de parcialidad y de voluntad condenatoria.

El testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, es una joya de la manipulación judicial. Un paramilitar condenado, contradictorio, beneficiado, que ha cambiado su testimonio en múltiples ocasiones, y que ha sido usado como herramienta política por sectores que desde hace años buscan destruir el legado de Álvaro Uribe. Sin embargo, la jueza le otorga a su palabra una validez absoluta. Lo premia. Lo legitima. Y con base en su testimonio, cuestionado incluso dentro del propio expediente, se condena a un expresidente que nunca se escudó en fueros ni privilegios, que renunció al Senado para enfrentar este proceso como un ciudadano más. Ese acto de transparencia, que debería haber sido leído como una muestra de buena fe, fue convertido en indicio de culpabilidad. Inaceptable.

El fallo del 28 de julio de 2025 expone la doble moral del sistema. Fue absuelto del caso relacionado con Hilda Niño por falta de pruebas, lo cual debilita de raíz uno de los ejes narrativos del proceso. Sin embargo, fue condenado por otros hechos construidos sobre los mismos hilos argumentativos y sobre las mismas pruebas contaminadas. Es decir, cuando no hay pruebas directas, basta con las conjeturas. Y cuando no hay legalidad, basta con la intención política.

Se condena a Uribe bajo la lógica de que “debió saber”, como si en el derecho penal existiera la culpa por asociación, como si el expresidente tuviera que responder por los actos de terceros, incluso cuando no hay nexo jurídico directo. Esta interpretación, además de peligrosa, es destructiva para la seguridad jurídica.

Lo más grave es que la jueza Heredia ha demostrado con su actitud, tono y decisiones que no se trata de una operadora de justicia objetiva. Se trata de una figura que ha actuado con sesgo, que ha politizado el proceso, que ha ignorado deliberadamente argumentos clave de la defensa y que ha construido una sentencia sobre bases ideológicas más que jurídicas. El elogio que hizo del testigo Monsalve no es un simple comentario: es una declaración de intenciones. Es el reflejo de un proceso en el que ya estaba escrita la sentencia antes de culminar el juicio.

Colombia no asiste al triunfo de la justicia. Asiste al uso de la justicia como arma de retaliación política. Se castiga no solo a Álvaro Uribe, sino al proyecto de país que representa, la seguridad democrática, la defensa de las instituciones, la firmeza frente al populismo y el liderazgo que enfrentó al terrorismo con decisión.

No se trata de idolatrar a Uribe ni de negarle errores. Se trata de exigir que, como cualquier ciudadano, tenga derecho a un juicio justo, sin pruebas ilegales, sin jueces sesgados, sin persecuciones disfrazadas de legalidad. Se trata de que en Colombia la justicia no se convierta en un campo de batalla ideológico donde se premia al mentiroso si ayuda a condenar al adversario.

El fallo contra Uribe no es una condena jurídica. Es un mensaje político. Y es también una advertencia, si la justicia puede ser usada para destruir al expresidente más importante de las últimas décadas, puede ser usada contra cualquiera. Hoy es Uribe. Mañana, será cualquiera que no se arrodille ante el pensamiento único. La democracia está en juego. Y la historia juzgará, no a Uribe, sino a quienes desde la justicia decidieron convertir su independencia en militancia.

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Sin embargo, tras esta decisión judicial, la entidad explicó que “se realizó la respectiva valoración del riesgo” y se estudian nuevas medidas de protección en beneficio de Sandra Heredia.

“Se evalúan hechos sobrevinientes junto con la dirección de protección de la Policía Nacional, por los cuales podría determinarse el refuerzo de su esquema de seguridad”, señaló.

Este pronunciamiento se da luego del llamado realizado desde la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), quienes enfatizaron que “la independencia y autonomía judicial son pilares fundamentales para la administración de justicia” y pidieron a las autoridades nacionales e internacionales respetar el ejercicio funcional de la jueza sin injerencias externas.

Corjusticia también solicitó medidas de protección para los jueces que enfrentan amenazas, e instó al Gobierno y a los órganos encargados de la seguridad a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la función judicial.

Igualmente, los jueces penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a la jueza 44 Penal del Circuito, Sandra Liliana Heredia, quien declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Los jueces enfatizaron en su mensaje de respeto y solidaridad con la jueza Heredia y su respaldo al principio de independencia judicial.

“En solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado Social de Derecho”, concluyeron.

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Desde el Centro de Servicios Judiciales de Manizales y conectado de forma virtual, el abogado Sánchez asistió a la diligencia en el despacho de la jueza Sandra Liliana Heredia. Desde el inicio de su intervención manifestó que no respondería preguntas, por recomendación de su defensa.

“Fui convocado a esta audiencia y, cumpliendo mi deber como ciudadano y como abogado comprometido con la administración de justicia, he hecho presencia. Pero debo manifestar que, por los hechos materia de la presente investigación, se abrió un proceso en mi contra, el cual cursa actualmente ante el Juzgado 46 Penal del Circuito Especializado de Bogotá”, explicó Sánchez durante su intervención.

Según relató, el fiscal Daniel Hernández —quien también lidera el caso contra el abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe— ya formuló acusación en su contra y la audiencia preparatoria fue programada para los días 28 y 29 de abril. Sánchez señaló que, para no afectar su derecho a la defensa, decidió no declarar en el juicio contra Uribe.

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«Lo más prudente, para no afectar mi derecho a la defensa, era acogerme al derecho legal y constitucional de guardar silencio, al menos hasta que se realice la audiencia preparatoria», concluyó el testigo, quien es representado por el abogado penalista Renato Marín.

Durante la diligencia, la fiscal Marlenne Orejuela le formuló preguntas relacionadas con el testigo Carlos Enrique Vélez, las cartas enviadas por este a la Corte Suprema y la Fiscalía, y los nombres de otras personas presuntamente vinculadas, como el exsenador Mario Uribe, Eurídice Cortés, alias Diana, el senador Iván Cepeda y el exparamilitar Pablo Hernán Sierra.

También se le consultó si entregó documentos de Vélez al abogado Diego Cadena o si realizó consignaciones de dinero a María Elena Vélez. Sin embargo, Sánchez se abstuvo de responder todas las preguntas formuladas por el ente acusador.

El juicio contra el expresidente Uribe, quien se ha declarado inocente, continúa su curso en esta séptima semana de audiencias. El 11 de abril finalizó el contrainterrogatorio de la defensa de Uribe a Eurídice Cortés.

(Colprensa)

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