Para el líder gremial, el Estado colombiano enfrenta un serio problema de ejecución y logística en regiones críticas como Córdoba, La Guajira y Antioquia. Mac Master subrayó que, mientras el Ejecutivo discute nuevas cargas tributarias, las comunidades damnificadas siguen esperando la llegada de ayudas humanitarias básicas. «El Estado tiene que llegar lo antes posible; hemos visto a alcaldes y gobernadores quejándose de que el apoyo estatal no aparece, a pesar de que han pasado días desde el inicio de las inundaciones», puntualizó el presidente de la ANDI.

En su intervención, Mac Master no dudó en señalar la crisis de confianza institucional, recordando que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido el epicentro de graves escándalos de corrupción. Según el dirigente, existe una responsabilidad política ineludible del Gobierno en la designación de funcionarios que permitieron que recursos vitales para las emergencias terminaran siendo dilapidados, afectando la capacidad de respuesta técnica ante el cambio climático.

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Como alternativa a la creación de más impuestos, la ANDI propuso rutas financieras más ágiles y menos lesivas para la economía. Entre las sugerencias destacan el uso de regalías no ejecutadas, la realización de traslados presupuestales y la evaluación de recursos del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales).

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Vale la pena anotar que en una reciente resolución, el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá emitió un auto el 29 de octubre de 2024, que fue registrado en la Cámara de Comercio el 1 de noviembre bajo el número 00386112. Este auto suspendió los efectos de la decisión de cambio de representante legal que se había aprobado en la Convención Nacional de ACOPI, el pasado 17 de junio de 2024. Dicha decisión, que fue inscrita en la Cámara el 21 de junio con el registro No. 00381434, había nombrado a otros representantes legales en cargos adicionales, pero ahora queda sin efecto tras esta nueva disposición judicial.

Lo anterior implica que se confirma en la Presidencia Ejecutiva Nacional al abogado antioqueño Rodolfo Correa y se deja sin efectos el intento de Rosmery Quintero por regresar a la dirección gremial. Adicionalmente, queda en firme la Junta Directiva Nacional conformada por las seccionales de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca y Caldas.

Esta decisión refuerza el liderazgo de Rodolfo Correa en ACOPI, consolidando su posición como representante único en el ámbito nacional para la defensa y promoción de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Conocida la decisión judicial que lo confirma en el cargo, Rodolfo Correa expresó:

«Creo que debemos enfocarnos en seguir haciendo las cosas bien. Con decencia, independencia técnica de los Gobiernos y pensando siempre en el interés superior de los colombianos que contribuyen al desarrollo económico del país. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al diálogo, a la concertación y al trabajo conjunto por todas las seccionales. Es lo que realmente importa y lo que verdaderamente necesitan las pequeñas y medianas empresas de Colombia del gremio que las representa.

ACOPI es el gremio que representa al 99.5% del tejido empresarial de Colombia y en esa representatividad tiene ya 73 años de existencia al servicio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

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