La registraduría no declara las elecciones

Por su parte, la entidad electoral señala que la declaración de elección no es competencia de la Registraduría, sino de las comisiones escrutadoras en sus diferentes niveles. Estas comisiones están integradas por jueces designados por los tribunales de Distrito judicial y delegados nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de la transparencia y diligencia en el recuento de votos, expresada en las actas de escrutinio E-14, algunos sectores mantienen su descontento con los resultados.

#EsNoticia | En tiempo récord de tan solo un mes, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, reconstruyó, dotó y entregó al servicio la Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar), sede que fue atacada e incinerada el pasado 28 de octubre en medio de una asonada en la que una… pic.twitter.com/Hjk5T1nnpd

— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 28, 2023

La situación se ha vuelto más crítica con las amenazas recibidas por registradores en varios municipios antioqueños, según informes de la delegación departamental. En algunos casos, se ha incitado a la comunidad a entorpecer las labores de estos funcionarios, vulnerando sus derechos. La alarma se enciende, recordando el trágico incidente en Gamarra, Cesar, donde la sede de la Registraduría fue incinerada el 28 de octubre, resultando en la muerte de la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal y graves heridas a otras dos servidoras.

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Un llamado a no violentar funcionarios

A su vez, la Registraduría ha expresado su repudio a estos actos vandálicos, denunciando a quienes incitan al odio y la criminalidad organizada contra los funcionarios. En un esfuerzo por mantener la transparencia del proceso electoral, se han activado alertas en todo el territorio nacional para identificar y judicializar a los responsables de este tipo de crímenes.

Además, la Registraduría hace un llamado a la calma y resalta la importancia de resolver las discrepancias a través de los canales legales, rechazando cualquier forma de violencia o amenaza que ponga en riesgo la integridad de los funcionarios encargados del proceso electoral.

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