Las muertes de Jaider Andrés Chaverra (20 años), Luis Esneider Suárez (29 años) y el grave estado de salud de Manuel Andrés Bello (19 años) no solo enlutaron a sus familias, sino que reavivaron cuestionamientos sobre las condiciones laborales, el cumplimiento de normas ambientales y la participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto.

El siniestro ocurrió el pasado viernes 18 de julio mientras se realizaban pruebas de presión sobre pilotes de concreto en la zona operativa del puerto. Aunque la empresa Puerto Antioquia atribuyó preliminarmente el hecho a una posible explosión de nitrógeno o aire comprimido, hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre las causas exactas. Se activaron protocolos de emergencia y se prometió una investigación técnica con el acompañamiento de autoridades.

Sin embargo, para los trabajadores del puerto, la tragedia no fue un hecho aislado ni imprevisible.

Denuncias anticipadas: “Nos obligan a trabajar bajo amenaza”

El pasado 2 de mayo, apenas un día después de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, Nación Paisa reportó una denuncia hecha por empleados de la firma COTEMA, contratista del proyecto. En un video que circuló en redes sociales, se veía a operarios resguardándose de una tormenta, mientras denunciaban que la empresa los obligaba a continuar las labores bajo riesgo de despido.

“Nos están obligando a trabajar en estas condiciones. Nos amenazan con echarnos si no seguimos”, decía uno de los trabajadores, mientras otros afirmaban que los protocolos de seguridad eran ignorados de forma sistemática.

El video fue compartido inicialmente por el medio local Contexto Turbeño y generó reacciones de indignación. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha informado si abrió una investigación formal sobre el caso.

ANLA y las alertas ambientales

A estos hechos se suma la medida preventiva impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 29 de abril. La entidad ordenó la suspensión parcial de actividades por parte de la empresa Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. debido a la operación no autorizada de una planta móvil de concreto sobre barcaza, que operaba sin los permisos requeridos en zonas fluviales del corregimiento Nueva Colonia.

Además, la ANLA abrió un proceso sancionatorio por presuntas afectaciones al predio “Capitán Quintero” y al cauce del río León, donde se habrían realizado intervenciones sin aval ambiental. Estos hechos cuestionan el cumplimiento de la licencia ambiental vigente y ponen en entredicho la legalidad de varias fases del proyecto.

#NoticiasANLA I La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impone medida preventiva por actividad no autorizada en Puerto Antioquia.

Leer noticia completa aquí: https://t.co/PVhC00tjXY pic.twitter.com/rmKW0NyR5D

— ANLA (@ANLA_Col) April 30, 2025

La Red de Veedurías denuncia posible entramado de corrupción

La Red de Veedurías de Colombia ha sido una de las voces más críticas frente al avance del proyecto. Su presidente, Pablo Bustos, advirtió que las decisiones del director de Corpourabá, Jorge David Tamayo, de levantar las medidas preventivas sobre predios con solicitudes de restitución de tierras, podrían configurar delitos disciplinarios y penales.

Según la Red, Tamayo habría favorecido presuntamente a corporaciones bananeras vinculadas al megaproyecto, algunas de ellas bajo investigación penal. También se denuncia un posible caso de nepotismo, ya que el proyecto estaría siendo liderado por Óscar Isaza, conocido empresario del sector portuario, y su sobrino Andrés Bustos Isaza, quien ocupa un cargo gerencial en Puerto Antioquia.

Piden investigar presunto entramado de corrupcion en el Puerto de Antioquia.

La Red de Veedurías de Colombia se permite informar a la opinión pública y el país en general que la puesta en marcha del proyecto portuario más ambicioso del país, presuntamente estaría plagado de…

— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) February 26, 2025

El jalón de orejas presidencial y el silencio institucional

En mayo, el presidente Gustavo Petro exigió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, garantizar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales y sociales del proyecto. “Es la ley y deben cumplirla”, sentenció el mandatario. No obstante, líderes sociales y congresistas como Pedro Baracutao han advertido que las comunidades afro, indígenas y víctimas de la violencia no han sido tenidas en cuenta ni han recibido beneficios tangibles del puerto, pese a estar directamente impactadas por su operación.

Le solicito al gobernador de Antioquia que haga que todos los requisitos para el proyecto de Puerto Antioquia de tipo ambiental y social se cumplan. Es la ley y deben cumplirla. Los municipios de Urabá deben recibir parte de las utilidades del puerto, y los permisos del uso del…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2025

Una promesa de progreso bajo tensión social

Puerto Antioquia está proyectado para iniciar operaciones el 1.º de noviembre de 2025 y ha sido presentado como una obra clave para el desarrollo logístico del país. Sin embargo, las muertes ocurridas, las denuncias de trabajadores, los cuestionamientos ambientales y la exclusión social reiterada convierten al megaproyecto en un símbolo de contradicción: desarrollo económico sí, pero a costa de vidas, territorios y derechos.

Las muertes recientes no solo obligan a una investigación exhaustiva; reclaman, además, una revisión profunda del modelo de desarrollo que se está implementando en Urabá. Un modelo que, de no corregirse, podría repetir viejos patrones de concentración de poder y despojo en nombre del “progreso”.

Puerto Antioquia debe cumplir estrictamente normas ambientales y sociales, garantizando beneficios reales a las comunidades de Urabá. No podemos permitir megaproyectos que destruyen territorios y concentran riquezas en pocas manos, como ocurrió históricamente. pic.twitter.com/hq0LRPWMrz

— Juan Diego Ortiz (@JDiegoOGarcia) April 27, 2025

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Bogotá, 16 de mayo de 2025.
La Subdirectiva Única de Oleoductos de la Unión Sindical Obrera (USO) solicitó al Congreso de la República citar a debate de control político al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y al presidente de su filial CENIT, Alexander Cadena, por presuntas irregularidades en la entrega de contratos a operadores privados para la operación y mantenimiento de más de 9.800 kilómetros de oleoductos y poliductos en todo el país.

Según el sindicato, CENIT, empresa responsable del transporte y la logística de hidrocarburos en el Grupo Ecopetrol, estaría avanzando en el proceso de tercerización de al menos 21 de las 54 estaciones de operación que actualmente son gestionadas por personal directo. Esta decisión, que se enmarca dentro del proyecto OPES (Operaciones Sostenibles), implicaría la eliminación de múltiples puestos de trabajo, así como la reducción del personal en plantas críticas, situación que ha generado alarma entre los trabajadores.

“Desde 2012, CENIT ha asumido esta operación con trabajadores de Ecopetrol. Hoy, sin embargo, se pretende entregar a terceros privados una función estratégica para el país. Estos contratistas, una vez conozcan la operación a fondo, podrían licitar para operar o incluso comprar estas instalaciones, lo que abriría la puerta a la privatización de un activo estratégico de la Nación”, denunció William Silgado Paternina, presidente de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la USO.

Silgado advirtió que esta estrategia no solo amenaza la estabilidad laboral del personal sindicalizado, sino que también pondría en riesgo el control fiscal por parte de organismos como la Procuraduría y la Contraloría, al tratarse de recursos públicos que quedarían fuera de su supervisión. Además, alertó sobre la disminución de los estándares en seguridad industrial y operativa.

“El argumento de Ecopetrol es que esta operación resulta costosa bajo el modelo actual. Pero al delegarla a terceros con menor responsabilidad social y contractual, se está poniendo en riesgo la seguridad de los procesos y de las comunidades cercanas a las plantas”, añadió el dirigente sindical.

Para la USO, esta situación constituye un acto de desconsideración grave por parte de CENIT frente a su política de seguridad industrial, y de Ecopetrol como empresa matriz, al no garantizar la continuidad y estabilidad de una operación que tiene implicaciones estratégicas para el transporte y abastecimiento de combustibles en Colombia.

El sindicato exige que el Congreso investigue y tome medidas frente a lo que consideran una amenaza directa al patrimonio público, la seguridad energética nacional y los derechos laborales de los trabajadores del sector petrolero.

Fotos: Colprensa

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