La decisión busca responder a las reiteradas denuncias de usuarios por retrasos, entregas incompletas y falta de disponibilidad de tratamientos médicos en distintas regiones del país, una situación que ha generado múltiples quejas y acciones judiciales.

Con la nueva circular, el Gobierno obliga a las EPS a implementar mecanismos que eviten que problemas administrativos, financieros o de contratación terminen afectando la continuidad de los tratamientos médicos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, menores de edad y población vulnerable.

Entre las principales disposiciones se establece que las EPS deberán contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y alternativas de dispensación para responder ante contingencias o fallas operativas.

Además, se fortalece la entrega domiciliaria de medicamentos cuando existan pendientes en la dispensación. En esos casos, las entidades deberán garantizar que los tratamientos lleguen a los pacientes en un plazo máximo de 48 horas.

La circular también exige a las EPS asegurar pluralidad de oferentes para el suministro de medicamentos. Cuando exista un único proveedor disponible, las entidades deberán activar planes de contingencia frente a posibles desabastecimientos, incluyendo mecanismos de importación de medicamentos vitales no disponibles, conforme a la normativa vigente.

Otro de los puntos centrales de la medida establece que las EPS deberán garantizar un flujo transparente y oportuno de recursos hacia gestores farmacéuticos y proveedores para evitar interrupciones en la atención de los usuarios.

El Ministerio de Salud ordenó igualmente reportar cualquier situación de escasez o desabastecimiento al Sistema de Monitoreo del Abastecimiento de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Asimismo, las entidades territoriales deberán fortalecer la recepción de denuncias y quejas relacionadas con la no entrega de medicamentos, facilitando acciones de inspección, vigilancia y control.

La cartera de Salud advirtió que la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías territoriales reforzarán las labores de seguimiento para verificar el cumplimiento de estas medidas por parte de las EPS.

El Gobierno reiteró que ninguna entidad podrá adoptar prácticas que limiten el acceso oportuno a medicamentos y aseguró que el objetivo principal de la circular es proteger la vida y la continuidad de los tratamientos médicos de millones de usuarios del sistema de salud en el país.

Con información del Ministerio de Salud.

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En colaboración con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud de Medellín, la Personería ha estado monitoreando de cerca a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en el Distrito, identificando diversas dificultades, entre las cuales destaca la crítica situación financiera que impacta directamente la disponibilidad de servicios, medicamentos y tecnologías en salud.

En diversas mesas de trabajo llevadas a cabo durante el año, se ha evidenciado la urgente necesidad de abordar la situación, ya que la crisis financiera podría comprometer seriamente el acceso a la atención médica y poner en riesgo la vida de los ciudadanos afiliados al sistema. La EPS Savia Salud, con alrededor de 500 mil afiliados solo en Medellín, se encuentra en el epicentro de esta problemática.

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Ante esta situación, la Personería Distrital ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia de Salud y al Gobierno Nacional para revisar de manera inmediata aspectos cruciales como el flujo oportuno de recursos, la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) y los presupuestos máximos. Estos elementos son fundamentales para tomar decisiones acertadas y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de salud.

La Personería también insta a una colaboración estrecha entre el Gobierno Nacional y los nuevos gobiernos departamental y municipal para garantizar la salud y la vida de los usuarios de la EPS Savia Salud. Dada su magnitud, esta EPS es vital para el régimen subsidiado en el Departamento, siendo en muchos municipios la única proveedora de servicios de salud para la población más vulnerable.

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El Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, sostuvo en esta ciudad que el Hospital San Francisco de Asís continuará en funcionamiento y será fortalecido para ampliar su cobertura y el acceso a los servicios prestados en este centro. El pronunciamiento del funcionario, hecho de manera preliminar a la audiencia pública convocada por el senador Omar Restrepo y el representante Pedro Baracutao, hizo parte de la rueda de prensa en la que también estuvo presente el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez. El superintendente anunció además que la intervención al hospital San Francisco de Asís, iniciada por su antecesor, terminará el próximo 29 de febrero, al tiempo que reiteró el interés de la cartera de salud y esta entidad adscrita en “proteger los recursos públicos para el goce efectivo del derecho a la salud”, indicó Ulahy Beltrán López. 

Pese a lo anterior, advirtió que la realidad del sistema de salud en Chocó es de “criticidad extrema”, situación derivada de las acciones de administraciones anteriores, por lo que el componente de aseguramiento se encuentra en riesgo. Por otra parte, Beltrán recordó la asignación de recursos hecha a la Gobernación en diciembre pasado por cerca de 10 millones de pesos orientada a la construcción de infraestructura para reforzar la atención integral en salud mental. Así mismo informó que se reabrirá un proceso licitatorio de carácter público para garantizar la adquisición de un escanógrafo para el hospital San Francisco, “venimos con la ministra Carolina Corcho, a verificar al detalle la ejecución de estos recursos”, precisó. Como responsable de las actividades de inspección, vigilancia y control del sector, el Superintendente aseguró que el año pasado recibió un promedio de cinco mil quejas por la falta y mala prestación de los servicios de salud en el departamento, y llamó a los presentes a sumarse al compromiso de todas las partes en la correcta administración de los recursos entregados, así como de los servicios para que la salud pase de la retórica al derecho efectivo de cada ciudadano. 

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En su decisión, la entidad encargada señaló que Carrascal estando en ejercicio del cargo, registró consignaciones en sus cuentas bancarias que no guardan relación con la única actividad económica reportada por ella para ese momento, que corresponde a su labor como superintendente delegada para la Supervisión Institucional.

De acuerdo con la investigación las consignaciones bancarias tampoco provienen de prestaciones o de otra actividad que le representan ingresos ni de préstamos que le hubiesen realizado.

La exservidora vulneró el principio de moralidad de la función pública al no rendir explicaciones satisfactorias sobre la forma como incrementó injustificadamente su patrimonio. 

La falta fue calificada por la Sala disciplinaria de la Procuraduría como gravísima a título de dolo.

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene como objetivo la vigilancia, investigación y sanción de magistrados, jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la rama judicial en el país. Los otros magistrados integrantes de esta Comisión son: Magda Victoria Acosta, Juan Carlos Granados, Mauricio Fernando Rodríguez, Alfonso Cajiao, Carlos Arturo Ramírez y Diana Marina Vélez.

Actualmente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta 7.759 procesos, de los cuales 4.336 responden a casos disciplinarios en contra de abogados, 52 contra jueces de paz, 3.211 contra funcionarios judiciales y 96 en contra de auxiliares de la justicia.

“En nuestro primer año de funcionamiento nos dedicamos a colocar la casa en orden y ya lo logramos. Ahora con una imagen renovada y con credibilidad queremos recuperar la confianza de la ciudadanía”, indicó el magistrado Julio Andrés Sampedro.

Sampedro Arrubla anunció un trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud, para acometer con el peso de la ley, los escandalosos casos de jueces que decretan embargos del sistema de salud, a pesar de que ello no es posible.

“En este momento estamos trabajando articuladamente con la Supersalud para estructurar un macro caso en lo referente a los dineros embargados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Hemos descubierto que en muchas regiones del país se están embargando esos dineros -que no son susceptibles de embargo- causando un gran perjuicio a la gente que tiene que acudir al sistema de salud”, admitió el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Sampedro aceptó que frente a las decisiones judiciales que decretan embargos existen procesos en contra de jueces, varios de ellos ya muy bien documentados que se están estudiando para actuar, lo más pronto posible.

“Nosotros antes de llegar a integrar esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial, teníamos informaciones fragmentadas sobre la existencia del Cartel de los Embargos. Ya tenemos unos casos plenamente investigados y muy claros en los cuales estamos trabajando de fondo, porque la práctica de los embargos de los dineros de la salud se convirtió, para esta Comisión, en un macro caso que lo estamos manejando con metodologías tipo JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) porque vemos que hay conexidad en varios de ellos y por obvias razones no puedo adelantar nombres, ni casos en particular”, agregó Sampedro Arrubla.

El magistrado adelantó que la Comisión Nacional actualmente adelanta investigación en contra de una magistrada de Barranquilla, por este tipo de prácticas en contra de los dineros del sector de la salud.

“Tenemos casos en donde los abogados se aprovechan de personas que tienen especial protección, como quienes están reclamando sus prestaciones, y terminan engañándolas y se quedan con lo que recuperan de los procesos. Estos abogados terminan sancionados”, afirmó.

“En cuanto a jueces, hemos encontrado casos en los que se ha dejado en libertad personas cuando esto no correspondía y que en muchas regiones del país se están embargando los dineros inembargables de la salud, medidas que están causando un grave daño», reiteró el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Con la Superintendencia Nacional de Salud, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hará una articulación en temas de investigación para documentar los procesos que tienen que ver con el Cartel de los Embargos.

Asimismo, en temas de recolección de las pruebas para poder tener los elementos adecuados que le permitan a la Comisión tomar las decisiones más efectivas frente al caso, subrayó Sampedro.

“Con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, ya hicimos, este año 2022, nuestra primera reunión y él se comprometió a cedernos material de investigación de los casos que ellos conocen, porque allí reposa muy buena información sobre este asunto de tanta gravedad, que está colocando en riesgo la salud de miles de colombianos”, consintió el magistrado Sampedro.

El presidente de la Comisión afirmó que, con la entrada en vigencia en marzo de este año del nuevo Código General Disciplinario, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial va a tener dientes para ser más efectiva en casos como el ‘Cartel de los Embargos’, en el que podrán acceder al poder preferente, potestad que les permite desplazar a magistrados que lleven en primera instancia un caso y que lo asuma en pleno la Comisión, para conocer sobre el asunto judicial.

Según la denuncia de Sampedro Arrubla, los integrantes del ‘Cartel de los Embargos’ al parecer retendrían los dineros, sumas descomunales, así sea para ganar tiempo, y luego de denuncias de las entidades, de los medios de comunicación o de los ciudadanos, devuelven los dineros, perjudicando, en ese lapso, al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

«Es factible y eso lo determinará la investigación de la Comisión, que hayan vinculados otros actores del mismo sistema de la salud quienes estarían trabajando con el Cartel de los Embargos. De ser así, esos casos se irán hacia lo disciplinario o hacia lo penal», dejó entrever el magistrado.

Sampedro agregó que el ‘Cartel de los Embargos’, para suspender los dineros de la salud, utiliza diferentes formas de actuación y todas ellas confluyen o terminan en el embargo de los dineros.

“Nuestra tarea es que estos temas tan sensibles para el país se puedan detectar y poder desarticular a esas redes o esos carteles de negocios ilícitos. Nosotros ya habíamos destituido a un juez de Urumita en La Guajira por este tipo de prácticas en contra de los dineros del Cartel de la Salud”, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El magistrado Sampedro recordó que, a finales del mes de junio de 2021, fue destituido e inhabilitado por 10 años el Juez Promiscuo Municipal de Urumita (La Guajira), juez que retardó el envío de dineros de la salud a una entidad pública en liquidación. La omisión del juez de Urumita, provocó que los dineros cobijados por medidas cautelares no estuvieran disponibles para el trámite de liquidación de Caprecom EPS durante meses.

Los hechos se relacionan con la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom EPS, pues, aunque se ordenó la liquidación de la misma, el juez Vladimir Ernesto Daza Hernández demoró el envío de los dineros que tenía embargados y que estaban destinados a la salud de los colombianos.

Luego de la medida de primera instancia decretada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la destitución del cargo por diez años a Daza Hernández y le prohibió el ejercicio de funciones públicas por el mismo período.

La Comisión Nacional determinó que la conducta del juez fue ilícita porque afectó el deber funcional de proceder conforme a derecho y se produjo un daño, en tanto se siguió adelante con un proceso que debía terminarse por disposición legal. El Alto Tribunal confirmó que en el proceso disciplinario quedó clara la voluntad que tenía el Juez de infringir el ordenamiento jurídico al dar continuidad al trámite y otras actuaciones que eran de su resorte.

En la ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hizo un fuerte llamado de atención a los jueces de la República para que resuelvan con prontitud las solicitudes de levantamiento de embargos y el envío de los procesos a las entidades que estén en proceso de liquidación.

Con esta determinación, el máximo tribunal disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en el país, emitió una sanción ejemplarizante contra un juez que demoró la entrega de dineros de la salud cuando las EPS entran en liquidación. A su vez, gracias a esta decisión, la corporación contribuye con la protección de los dineros destinados a la salud de los colombianos.

Según Sampedro al país le ocupa un gran desafío y es trabajar en la formación de abogados. “Ya sea que vayan a ejercer al derecho como litigantes o que opten por el camino de la judicatura como jueces, fiscales o empleados de la rama judicial. Hay que trabajar con las universidades en la mejor formación de los abogados, para que quiénes lleguen a la judicatura sean personas honestas, de principios éticos y fundamento para una mejor administración de justicia”, enfatizó.

Aberrante caso

De otra parte, si algo le faltaba a la grave crisis de la salud en Colombia, que se suma a las malas prácticas del ‘Cartel de los Embargos’, es que pervive otro impúdico delito al oscuro panorama. Sandra Milena Bolaños Bautista es una joven periodista llanera de 32 años, radicada en la urbanización Multifamiliares Centauros en la ciudad de Villavicencio.

Milena sufre de una enfermedad huérfana de nombre Aplasia Medular Severa y como paliativo para su crisis debe tomar cada día, en tres dosis, el medicamento Revolade Eltrombopag de 50 miligramos, cuya caja trae 28 capsulas y cuesta $6.706.990. Es decir cada gragea cuesta $239.535 pesos. A Milena su EPS Compensar le debe entregar, cada mes, tres cajas de este remedio, que en pesos suman: $20.120.970.

A Milena, madre de un niño, entre Compensar y Audifarma S.A. le han embolatado, en los últimos seis meses, la entrega de nueve cajas: Tres entregas en tres meses, píldoras que en dinero equivalen a $60.362.910 y el único argumento que esgrimen la EPS Compensar y Audifarma (entidades que cada una le tira la pelota a la otra) es que los medicamentos fueron reclamados, con firmas falsificadas, e identidades diferentes a las de la paciente Sandra Milena Bolaños Bautista. Dicen las entidades, por ejemplo, que una mujer identificada como Gloria Pilar Garzón Ortiz con cédula 52.787.501, fue una de las personas que retiró el medicamento en Bogotá, al parecer, suplantando a la verdadera paciente.

El medicamento es entregado mensualmente por concepto de orden médica Mipres con número de prescripción 20210420169027319610, a nombre de Sandra Milena Vilanos Bautista, con número de cédula de ciudadanía 1.119.888.491.

«… Se presentó un fraude con su fórmula médica y no se puede realizar la entrega del medicamento, se sugiere realizar denuncia a la fiscalía, el cual ya se realizó con el radicado número: NUNC500016105671202103767». Esto fue lo que le contestó Audifarma S.A. el 14 de julio de 2021, de manera personal en Villavicencio a Juan Ernesto Ovalle, esposo de Milena.

Lo anterior significaría que se robaron los costosos medicamentos y ni la EPS Compensar, ni Audifarma S.A. dan respuestas concretas y satisfactorias, y solo mediante acciones de tutela, (para proteger el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida) mal responden, ante los reclamos, en este caso de Ovalle, esposo de Bolaños Bautista. Actualmente Compensar, ante los constantes reclamos, normalizó la entrega del remedio a Milena, pero los otros millonarios medicamentos se desaparecieron y nadie da razón de ellos.

Lo anterior es otro eslabón que se une al ‘Cartel de los Embargos’, que junto a los denominados Mercaderes de la Salud tienen sumido al Sistema General de Seguridad Social en Salud en una profunda crisis que afecta a millones de usuarios en el país.

El magistrado Sampedro Arrubla, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hizo un llamado al país sobre el gran desafío de trabajar en la formación de abogados. “Ya sea que vayan a ejercer al derecho como litigantes o que opten por el camino de la judicatura como jueces, fiscales o empleados de la Rama Judicial. Hay que trabajar con las universidades en la mejor formación de los abogados, para que quiénes lleguen a la judicatura sean personas honestas, de principios éticos y fundamento para una mejor administración de justicia”, finalizó.

Por: Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista.

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