La Procuraduría General de la Nación llamó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a concertar acciones urgentes ante el incremento de crímenes contra personas LGBTIQ+ en el país y, en particular, en el departamento de Antioquia, donde se han registrado al menos 15 asesinatos en lo corrido del año.
Durante una jornada de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo en Medellín este 29 de abril, la Procuraduría señaló que las entidades estatales deben aunar esfuerzos para frenar la violencia contra esta población.
En ese espacio, el ente de control mencionó el caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que fue asesinada recientemente al norte de la capital antioqueña, en un crimen que generó rechazo nacional.
La entidad explicó que estas cifras muestran una tendencia preocupante que requiere respuestas institucionales coordinadas entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y las autoridades territoriales. “Se deben evaluar y reforzar las acciones para enfrentar eficazmente este tipo de delitos”, indicó el Ministerio Público.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos manifestó la decisión del organismo de activar sus funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial para erradicar estos hechos violentos y garantizar el acceso efectivo de la población LGBTIQ+ a la protección estatal.
Además, advirtió que es imperativo que los servidores públicos actúen desde una postura de respeto y garantía de derechos humanos frente a los sectores históricamente discriminados.
Según la Procuraduría, se deben eliminar barreras institucionales que perpetúan prejuicios o tratos indiferentes en el ejercicio de sus funciones.
La entidad concluyó que la respuesta institucional debe ser “contundente y articulada”, con medidas concretas que detengan la escalada de violencia y garanticen el respeto pleno a los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.
Foto y noticia: Colprensa
