La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra María del Pilar Hurtado Afanador, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno Villegas, exdirector del DAPRE, por haber liderado una operación de inteligencia ilegal contra magistrados, periodistas y opositores políticos, entre 2007 y 2008.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez (SP1284-2025), concluye que estas acciones no respondían a fines de seguridad nacional, sino al interés político del gobierno de entonces por desacreditar a sus contradictores.

📌 Un plan sistemático de persecución ilegal

El denominado “Plan Escalera” ejecutado por el DAS incluyó grabaciones clandestinas de las sesiones de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, interceptación de correos electrónicos, infiltración de funcionarios en el alto tribunal, y vigilancia domiciliaria a periodistas como Daniel Coronell. A esto se sumó el uso indebido de fondos de gastos reservados para montar campañas de desprestigio.

Entre las víctimas directas figura el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, cuyo nombre aparece en la sentencia como uno de los perfiles que fueron objeto de recolección ilegal de información personal, financiera y de entorno familiar.

La Corte documenta que su nombre fue manipulado mediáticamente con el objetivo de vincularlo a Giorgio Sale —empresario de origen italiano, capturado por vínculos con redes criminales— sin prueba alguna.

“Se recogió información financiera y comercial de los magistrados José Alfredo Escobar Araújo, Carlos Isaac Náder y Rafael Ostau de Lafont… con el propósito de vincularlos injustamente a redes ilegales”.
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🧭 Víctimas invisibilizadas: el rostro de la impunidad selectiva

Mientras algunos actores políticos han sido formalmente reconocidos como víctimas del caso (como Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell), el caso de ESCOBAR ARAÚJO nunca fue objeto de reparación ni pública ni institucional. Su inclusión en los objetivos del DAS evidencia que también fue blanco prioritario del aparato de persecución estatal, pese a que ni siquiera era el autor de las decisiones judiciales más controversiales.

Este vacío en el reconocimiento deja ver una preocupante selectividad institucional en la reparación, que excluye a funcionarios judiciales que defendieron la independencia del poder judicial y fueron señalados injustamente como parte de supuestas conspiraciones.

🗣️ Un caso que interpela a la memoria democrática

Este caso también muestra cómo el uso del espionaje estatal con fines políticos no solo afectó la privacidad, sino que erosionó la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. El intento de vincular al magistrado con redes criminales, narcos como Giorgio Sale y aliados de este de las AUC, tuvo efectos duraderos en su integridad moral y en su familia, sin que hasta hoy se haya reconocido el daño causado.

En un país que avanza en la búsqueda de verdad y reparación, la historia del magistrado José Alfredo Escobar Araújo debe ser rescatada como símbolo de la resistencia judicial ante el abuso del poder, y su nombre debe figurar en la memoria colectiva de este proceso.

Editorial Nación Paisa – Sistema Informativo Nación Colombia

Foto: Colprensa