La decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efectos la intervención del Gobierno nacional sobre la EPS Sanitas ha generado incertidumbre por el estado en que será devuelta la EPS a sus antiguos dueños luego de más de un año de intervención.
La Corte fundamentó su decisión en que la medida de intervención habría vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. Dicho fallo surge a raíz de la tutela interpuesta por Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Juan Pablo Rueda Sánchez, quienes aseguraban que la Supersalud habría impuesto la intervención sin garantizar el debido proceso.
El Gobierno tendrá que cumplir la decisión en los próximos días, pero el grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas teme que más de un año de intervención haya tenido consecuencias graves en la salud financiera de la EPS.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa de EPS Sanitas el 2 de abril de 2024 justificándose en que la EPS no contaba con las reservas suficientes y existía un alto número de peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios.
«Las deudas que presenta esta EPS con los prestadores de servicios venían incrementando y para el año pasado, a corte de diciembre, cerraron con $2 billones de pesos, lo que claramente afecta la prestación de los servicios de salud», dijo en su momento el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
Para este momento la entidad contaba con alrededor de 5,7 millones de afiliados al momento de la intervención, y estaba entre las más grandes del país, junto con la Nueva EPS y Sura.
Los estados financieros de EPS Sanitas con en el 2023 presentaban una caída de 190% en cuanto a patrimonio, llegando a los -$68.774 millones en 2023 y registrando pérdidas de hasta $441.649 millones.
Según la Superintendencia de Salud la situación financiera dentro de la entidad ya estaba repercutiendo en el servicio que brindaba a sus afiliados. Los análisis financieros realizados a la entidad revelaban que las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a $2,04 billones.
Así mismo el número de reclamaciones presentadas por los usuarios de EPS Sanitas, para 2023 se presentaron en total 185.634 reclamos.
La medida de intervención forzosa impuesta por la Supersalud fue pensada inicialmente para tener una duración de un año. Sin embargo, al cumplirse este periodo el ente de control decidió prorrogar por otro año más.
La Supersalud se justificó en que aún persistían muchos de los incumplimientos que habían dado paso a la intervención administrativa en un primer momento.
Según el ente de control de la salud EPS Sanitas continuaba con un patrimonio inadecuado para cubrir las obligaciones legales y financieras, persistía la falta de cumplimiento de reservas técnicas exigidas por la normatividad vigente y se registraban retrasos en el pago a prestadores de servicios y proveedores, afectando la red de atención en salud.
Pero, más de un año de intervención en vez de mejorar la situación de la EPS lo que hizo fue agravarla.
Según un informe de ‘Así Vamos en Salud’, todas las EPS intervenidas registran, después de la intervención, presentan un patrimonio negativo de hasta $10 billones.
Específicamente, EPS Sanitas pasó de tener un patrimonio positivo de 21.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2024 a un patrimonio negativo de 1,1 billones de pesos en el mismo periodo de 2025.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó que la deuda de EPS Sanitas registró una cartera en mora con el sistema de salud de $523.000 para el cierre de 2024.
La Supersalud ha defendido la intervención diciendo que ha habido una reducción en el número de peticiones, quejas y reclamos y un incremento en la percepción de calidad del servicio, pero ninguno de estos indicadores fue razón suficiente para poner fin a la intervención.
La verdadera realidad de la EPS, sin embargo, solo la llegará a conocer el grupo Keralty cuando se cumpla finalmente con la devolución de la EPS.
Foto y noticia: Colprensa
