Luego de que este viernes la justicia dicte sentencia en contra del expresidente Álvaro Uribe y su defensa presente el recurso de apelación, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá hasta el mes de octubre para no permitir que el caso prescriba.

Hecho que para analistas consultados por Colprensa no ocurrirá porque el Tribunal es consciente de que no se puede permitir que el caso llegue a ese punto.

«El Tribunal tendrá la mitad de agosto y septiembre para tomar una decisión. De manera que no eso no va a ocurrir. Además el Tribunal tiene una forma de entrada en la que ellos tienen claro cuál es límite», explica el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.

Con ese mismo argumento coincide el penalista Juan Felipe Criollo quien explica que aún hay un tiempo prudente para tomar la decisión. «Creo que estamos lejos del fenómeno de la prescripción en este proceso», argumenta el abogado.

Pero aclara que el Tribunal tiene que hacerlo cinco días antes de que venza ese término. «Cuando se profiera la decisión de segunda instancia del Tribunal, tienen cinco días para que la parte vencida informe que va a presentar recurso de casación y otros 30 días para sustentar ese recurso», explica el abogado.

Por eso, el Tribunal tiene que tomar la decisión en ese termino para que cuando se presente el recurso de casación se abra la puerta para ampliar el plazo por otros cinco años más.

Uribe fue declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.

La juez, sin embargo, no ordenó su captura y prefirió diferirla a una instancia posterior, teniendo en cuenta que, por el mínimo de las penas que tienen prevista los delitos por los que ha sido condenado, tendría el beneficio de prisión domiciliaria.

Lo que concluyó la juez Sandra Liliana Heredia es que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias «Víctor», y Euridice Cortés, alias ‘Diana’.

Para llegar a esa conclusión, la juez aseguró que el expresidente no solo conocía el plan que pretendía buscar testigos que se retractaran a su favor, sino que fue su instigador. «Álvaro Uribe sí conocía el plan que se maquinaba. Que no fue accidental su intervención», afirmó la togada.

Agregó que las pruebas que reposan dentro del expediente permiten determinar que el expresidente sí tenía conocimiento del andamiaje de presiones contra el testigo Monsalve y los otros exparamilitares y que es imposible que más de 10 personas se abocaran a esa misma causa sin ningún direccionamiento.

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«No es designio de la providencia, mandato de Dios o alineación de los planetas que al tiempo todos los protagonistas se abocaran hacia una misma causa, menos que una persona privada de la libertad con las evidentes limitaciones que ostenta para comunicarse lograra movilizar a casi una decena de personas para obtener su proceso reivindicatorio», puntualizó la jueza del caso.

Entre los elementos que tuvo en cuenta Heredia para tomar la decisión fueron los ofrecimientos que recibió Juan Guillermo Monsalve del abogado Diego Cadena y las presiones que recibió el mismo por parte de Carlos Eduardo López Callejas, alias “Caliche”, de las cuales hizo parte Uribe.

A su vez, la jueza lo declaró culpable del delito de fraude procesal. Hecho que se basa en el caso del narcotraficante extraditado a Estados Unidos Juan Carlos “El Tuso” Sierra, quien en 2018 y 2019, a través de la defensa del expresidente allegó a la Corte Suprema de Justicia dos cartas en las cuales acusó a una comisión de congresistas de supuestamente prometerle dádivas, tras una visita a una cárcel de Washington, a cambio de que declarara en contra del hoy detenido senador Uribe.

Por el contrario, la juez Heredia lo declaró inocente del delito de soborno simple, relacionado con la exfiscal Hilda Niño, quien supuestamente habría recibido un traslado de la cárcel El Buen Pastor a un batallón, por un testimonio que consiguió en el que querían denunciar supuestas presiones del senador Cepeda. Sin embargo, la jueza le dio credibilidad al argumento de la defensa por «duda razonable».

“La Fiscalía tampoco cumplió con demostrar más allá de toda duda la responsabilidad del procesado, se deberá proferir sentencia absolutoria”, precisó la jueza.

Por Colprensa