La Fiscalía los señala de participar en el direccionamiento de contratos por más de $100.000 millones. Entre los investigados están contratistas, funcionarios y familiares.

Bogotá D.C., 29 de julio de 2025. Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros siete presuntos implicados en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Manrique habría recibido $3.000 millones de pesos por direccionar un contrato para el suministro de 40 carrotanques, destinados a comunidades indígenas en La Guajira. El contrato fue firmado en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por un valor de $29.000 millones, y presenta presuntos sobrecostos por $13.164 millones.

Los otros implicados

Además de Manrique, fueron asegurados:

  • Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado y presunto intermediario.

  • Ana María Riveros Barbosa, hija del abogado.

  • Sonia Rocío Romero Hernández, contratista de la UNGRD y cuñada de Riveros.

  • Édgar Echeverri Toro, representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú.

  • Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de la misma corporación.

  • Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la Dirección de la Función Pública.

  • Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista vinculado a los proyectos.

Delitos imputados

Según el ente acusador, los capturados fueron imputados por su posible participación en los delitos de:

  • Concierto para delinquir agravado

  • Interés indebido en la celebración de contratos

  • Peculado por apropiación propio y en favor de terceros

  • Lavado de activos

  • Falsedad en documento privado

  • Falsedad ideológica en documento público

La investigación fue adelantada por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que recopiló evidencias de que Manrique Soacha gestionó y facilitó la entrega de más de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. A cambio, habría pedido asignar los contratos resultantes a personas previamente definidas.

Contratos cuestionados

Además del suministro de carrotanques, los investigados habrían intervenido en la adjudicación irregular de contratos para:

  • Plantas desalinizadoras

  • Pozos de agua potable

  • Interventorías técnicas

  • Servicios de topografía a nivel nacional

El caso refleja una de las tramas más graves de corrupción dentro del sistema de contratación estatal en los últimos años, en el cual se habría desviado dinero público destinado a atender necesidades humanitarias.

Foto: Colprensa