El actual gobierno está aplicando una estrategia de seguridad que se puede asimilar a cualquier juego de mesa menos al ajedrez. Por esto, una nueva ola de violencia tuvo su pico la semana pasada cuando el jueves 21 de agosto se presentaron dos hechos que hablan por sí solos de muchas cosas menos de fortaleza y eficiencia del Estado y su Fuerza Pública: uno en Amalfi (Antioquia) y otro en Cali.

Y como si lo anterior fuera poco, la semana pasada arrancó con el secuestro de 34 militares en El Retorno (Guaviare) por parte de una comunidad instrumentalizada por una de las disidencias de las Farc, a raíz del acierto en combate de las tropas contra los delincuentes organizados de dicha disidencia. Fue aquel el quinto secuestro de miembros de la Fuerza Pública que ha ocurrido en los últimos años sin que se hayan adoptado medidas tácticas preventivas como pudiera ser dotar a las tropas que operan en ese tipo de áreas de gases lacrimógenos y máscaras de oxígeno para rechazar cualquier intento de secuestro, luego de lo cual se puede atender y aclarar cualquier reclamo de las comunidades frente a las autoridades. Lo cierto es que, aunque en el desenlace terminó por imponerse la autoridad estatal, de todas maneras fue una muestra más de lo frágil que en varias regiones del país es el imperio de la ley y el orden frente al avance del crimen organizado y el consecuente control territorial.

Ahora bien, si pasamos al campo estratégico, es decir a la política de “paz total”, sobra decir que está haciendo agua por todos lados porque los ajustes de distinto tipo que requería desde su comienzo, empezando por los metodológicos, no se hicieron oportunamente y todo indica que no se van a hacer. Tanto así, que pese a la violencia que se recrudece de tanto en tanto, el Gobierno insiste en seguir vaciando de contenido el término “paz”. Y para la muestra un botón: luego del atentado al helicóptero de la Policía en Amalfi, representantes del Ejecutivo se reunieron en el Yarí con la autodenominada disidencia estado mayor de bloques y frentes (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, estructura señalada de haber ejecutado el ataque.

Y siguiendo con lo estratégico, esta vez en la ideologizada política exterior del gobierno Petro, hemos visto un presidente que, por respaldar al ilegítimo régimen de Maduro, trata de controvertir a EE. UU. sosteniendo que “lo del cartel de los soles es un invento para someter los países que no le obedecen a la extrema derecha”, porque el problema está en una tal junta del narcotráfico que opera desde Dubai. Y esto lo dice “espontáneamente” sin, al parecer, ocurrírsele que, pese al estilo Trump, este no actúa en el aire sino respaldado en informaciones emanadas de la inteligencia de la CIA y la justicia de su país. Y mientras tanto, que se sepa, no se ha hecho nada para volvernos a asociar con el grupo Egmont (inteligencia financiera) del que salimos por una de las tantas salidas en falso de Petro. Si hubiera hecho algo por regresar a dicha asociación habría podido obtener indicios serios que respaldaran lo de “la junta del narcotráfico” para presentárselos confidencialmente al gobierno de EE. UU.

Dicho lo anterior, no es de extrañar que, refiriéndose a nuestra situación de violencia, el periódico “El País” de España, haya publicado que “…(Colombia) ha fracasado en el proyecto colectivo de acabar con los grupos armados que comenzó hace una década con los Acuerdos de Paz. Hace apenas una década, Colombia era vista como un ejemplo de reconciliación. El Acuerdo de Paz del Estado con las FARC en 2016 no solo cerraba un ciclo de violencia de más de medio siglo, sino que convertía al país en un modelo internacional de resolución de conflictos. La imagen de un Estado capaz de negociar con su mayor enemigo y de integrar a miles de combatientes a la vida civil fue celebrada en casi todo el mundo y presentada como la prueba de que la política podía imponerse sobre la guerra. Hoy, todo aquello parece derrumbarse… ‌La “paz total” naufragó porque se quiso sustituir esa tarea de Estado por la ilusión de que las mesas de negociación podían resolver lo que en el fondo es un problema de ausencia institucional”.

Así pues, es imperativo que en el próximo gobierno se implemente una estrategia de seguridad (nacional, pública y ciudadana) que combine la aplicación de la ley y el orden con la construcción perseverante de confianza hacia el Estado en los territorios, priorizando la protección de las comunidades. Esto es, una estrategia que contenga cursos de acción pacificadores y pacificantes.

Foto y noticia: Colprensa