El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, envió una carta a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la que reafirma su voluntad de colaborar con las investigaciones, pero advierte sobre presiones, intentos de soborno, amenazas y una creciente estigmatización pública en su contra.
En el documento, dirigido al magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, López asegura que fue objeto de un intento de soborno por 10 mil millones de pesos para modificar su testimonio. Según indicó, ya hay personas judicializadas y capturadas que aceptaron su responsabilidad y negocian con la Fiscalía.
El exfuncionario también denunció amenazas contra él y su entorno. Entre los hechos relatados mencionó que diez hombres armados intentaron ingresar a la residencia de su abogado y que fue sustraída una caja de seguridad con documentos relevantes.
Uno de los apartes más delicados de la carta se refiere a una alocución presidencial, en la que López asegura que el mandatario lo calificó como “traidor de la izquierda”, expresión que, según él, lo expone a un grave riesgo por su pasado en el movimiento M-19, donde esa calificación equivalía a una condena de muerte. López considera que esa declaración, sumada a los comentarios de otros altos funcionarios en redes sociales, agrava la amenaza contra su vida y afecta la independencia judicial.
En su misiva, el exdirector de la UNGRD aclara que se encuentra en buen estado de salud, rechaza cualquier insinuación de que pudiera atentar contra su vida y afirma que ha fortalecido su fe y su deseo de seguir vivo para aportar a la justicia.
Sobre su situación jurídica, recordó que firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, avalado por un juez, pero aún pendiente de aprobación definitiva por el Tribunal de Bogotá. Por esa razón, anunció que se abstendrá de rendir declaración en el radicado 01131 hasta que el trámite sea resuelto.
López reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades, asegurando que su intención es contribuir al esclarecimiento del escándalo de corrupción en la UNGRD, uno de los casos más graves de los últimos años, que involucra contratos direccionados y desvío de recursos públicos.
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