La nueva descertificación del gobierno de Estados Unidos a Colombia en relación con la lucha contra el narcotráfico ha generado diferentes reacciones de rechazo y complacencia en nuestro mismo país y en la comunidad internacional. Pero no hay que ir tan lejos para entender que se trata de una decisión marcada por la vileza política. Es una discriminación por razones ideológicas en la cual predomina el servilismo del secretario de Estado Marco Rubio y la arrogancia autoritaria del presidente Donald Trump. Ellos asumen un protagonismo colonialista como si fueran dueños del mundo y resto de la humanidad vasallo de sus delirios.
Si se midiera con objetividad y sin prejuicios lo que se ha hecho en el gobierno actual en Colombia para contener a las mafias del narcotráfico la conclusión sería de aprobación porque los resultados son demostrativos de acciones efectivas en incautación del producto destinado al consumo en Estados Unidos y otras naciones. Además, la lucha también comprende afectación a los actores del negocio mediante judicialización y extradición, lo cual diezma las operaciones de lavado de activos que tienen agencias incrustadas en la misma órbita financiera de Estados Unidos, frente a lo cual pareciera predominar la ceguera oficial entre los mandatarios gringos.
Y mientras se montan castigos alevosos a Colombia en Estados Unidos se mantiene una operación errática o fallida en la lucha contra el consumo de la droga. Y ya no es solamente la cocaína que importan sus mafias sino también el fentanilo que causa muerte en un nivel desgarrador. Cabe preguntar, ¿por qué se procede con tanta laxitud en el control de ese mercado mientras se maltrata a los países señalados de proveedores? Debiera actuarse con previsión verdaderamente efectiva en la solución que se requiere. Podría alcanzarse una salida sostenible de recíproco beneficio.
No se puede seguir en la insistencia de la desigualdad en la lucha contra el narcotráfico, imponiéndole a Colombia las mayores cargas, con sacrificios que equivalen a imposiciones violatorias de la soberanía nacional y de la seguridad interna. Los Estados Unidos deben responder por la parte prioritaria que les corresponde, como es la de buscar que el consumo de la droga en su población tenga un tratamiento de progresiva disminución, que es también salud y bienestar para los suyos. El problema no puede seguir en la indiferencia cómplice de las propias autoridades gringas. Como ha ocurrido en mucho tiempo.
En el examen de este problema de la descertificación no puede dejarse de lado la reprochable conducta de quienes en Colombia se suman jubilosos a la descertificación, con respaldo al círculo imperialista del señor Trump. Son los sumisos cipayos carentes de una noción de la soberanía nacional, cuya protección es de todos y no solamente del gobierno nacional. Permitir el ultraje extranjero a la integridad nacional equivale a renunciar a la libertad y la independencia. Es como abrir la pueta para que entren los asaltantes del territorio y procedan como vándalos conquistadores en detrimento de la dignidad conseguida en luchas históricas.
*Puntada*
“La reforma agraria popular es hoy una urgencia: la tierra como derecho y vida diga”. Aparte de una declaración del XVI Congreso Fronterizo de Derechos Humanos reunido en Cúcuta.
