La Red de Veedurías de Colombia, presidida por Pablo Bustos, radicó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el concurso de méritos para elegir al nuevo Contralor Departamental de Antioquia (periodo 2026-2029).
El proceso, convocado por la Asamblea Departamental mediante la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025 y ejecutado por la Universidad de Cartagena, estaría presentando graves riesgos de cooptación política e institucional. Según la Red, las irregularidades apuntarían a un presunto interés del gobernador de Antioquia en imponer un “contralor de bolsillo”, lo que pondría en riesgo la independencia y autonomía del órgano de control.
Entre los señalamientos recibidos por la Red de Veedurías se destacan:
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La polémica escogencia de la Universidad de Cartagena como operador académico.
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Presunto favoritismo hacia los candidatos Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón, señalados de ser cercanos al gobernador.
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La participación de aspirantes con antecedentes administrativos y éticos cuestionados.
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Supuestas reuniones indebidas entre directivos de la Universidad y el mandatario departamental.
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Un interés del rector de la institución en acelerar el proceso, afectando la transparencia y la rigurosidad técnica.
De confirmarse los hechos, podrían configurarse delitos contemplados en el Código Penal colombiano como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, abuso de función pública, concusión, cohecho y fraude procesal.
El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, fue enfático:
“Si se comprueban estos señalamientos, estaríamos frente a un atentado contra la democracia y el control ciudadano. Ningún gobernador puede capturar la Contraloría para convertirla en un apéndice de su mandato. Un contralor de bolsillo es sinónimo de impunidad y corrupción. Por eso pedimos medidas cautelares inmediatas e incluso la suspensión del concurso hasta garantizar plena transparencia”.
Finalmente, la Red hizo un llamado a los órganos de control, al Secretario de Transparencia de la Presidencia, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a mantener vigilancia activa, advirtiendo que permitir la captura política de la Contraloría Departamental de Antioquia abriría la puerta a la corrupción estructural en la región.
