Una nueva polémica sacude a Emcali. El abogado y veedor ciudadano Angello Fernando Vásquez Muñoz denunció presuntas irregularidades dentro de la empresa de servicios públicos, que podrían derivar en una privatización encubierta del alumbrado público de Cali mediante un contrato millonario con un “aliado estratégico” seleccionado sin licitación, sin estudios técnicos ni control ciudadano.
De acuerdo con Vásquez, la maniobra buscaría entregar la operación del alumbrado por un periodo de 20 años, lo que —según su denuncia— “hipotecaría el patrimonio de la ciudad” y contravendría los principios constitucionales de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva.
“Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali no puede volver a ser víctima de modelos opacos que beneficiaron a contratistas y perjudicaron a toda la ciudad”, señaló el veedor.
La denuncia fue presentada formalmente ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investiguen las posibles actuaciones irregulares dentro de la administración de Emcali.
Vásquez recordó que la Corte Constitucional, en su Sentencia C-949 de 2001, estableció que todo proceso contractual debe garantizar la transparencia y la participación ciudadana, mientras que el Consejo de Estado ha reiterado que la omisión de la selección objetiva constituye causal de nulidad absoluta.
El jurista advirtió además que no existe hasta la fecha ningún estudio técnico, financiero o jurídico público que sustente la supuesta alianza, lo que vulnera el derecho ciudadano a la información y al control social sobre la gestión pública.
“El alumbrado público no puede convertirse nuevamente en un negocio oscuro. La luz de la ciudad debe reflejarse primero en la claridad de los actos administrativos”, enfatizó.
El veedor exigió a los directivos de Emcali —Roger Mina, gerente general; Guadalupe Guerrero, secretaria general; y José David Insuasti, gerente de Energía— que hagan públicos los estudios, los criterios de selección y las empresas interesadas en el proyecto.
De confirmarse las irregularidades, Vásquez anunció que solicitará la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por presuntos delitos de interés indebido en la contratación, detrimento patrimonial y abuso de función pública.
“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas”, concluyó el veedor.
