Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión militar contra nueve integrantes del Ejército Nacional señalados de participar en el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de un campesino de 27 años en una base militar de Frontino, occidente de Antioquia.
De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el pasado 7 de octubre dentro de las instalaciones castrenses, donde la víctima —quien presentaba discapacidad cognitiva— fue retenida bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Según los elementos de prueba, fue desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada durante cinco horas, antes de morir dentro de un baño de la base.
El cuerpo, envuelto en una hamaca, habría sido llevado hasta el helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después, las autoridades hallaron los restos, y un dictamen de Medicina Legal concluyó que la muerte fue consecuencia directa de los actos de tortura.
Los procesados son el teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.
La Fiscalía les imputó los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada agravada, cargos que ninguno de los militares aceptó.
El caso ha generado conmoción en la región y reaviva el debate sobre las actuaciones de miembros de la fuerza pública en zonas rurales, donde comunidades campesinas han denunciado en repetidas ocasiones abusos y tratos degradantes por parte de uniformados.
